Una relación complicada

Redacción

Por Redacción

En cualquier otro país, con la eventual excepción de Venezuela, saber que en el transcurso de los doce meses próximos los salarios de los formalmente empleados aumentarían por lo menos el 24%, desataría una ola de pánico. Al fin y al cabo, nadie ignora que en tal caso sería un auténtico milagro que la inflación no alcanzara un nivel aún más elevado. En la Argentina, empero, motivó cierto alivio el anuncio de que, luego de celebrar una reunión cumbre con la presidenta de la República, el jefe sindical más poderoso avaló dicha cifra. Si bien se estima que en verdad los camioneros percibirán más que lo acordado –según algunos expertos en la materia, el aumento real podría superar el 35%– como ya es tradicional, le ha correspondido a Hugo Moyano fijar “el piso” para las negociaciones paritarias que están en marcha con la esperanza de que lo respeten los jefes de otros sindicatos. Aunque Moyano entenderá que pocos lo harán y que, de todos modos, algunos, entre ellos los docentes, ya han conseguido aumentos superiores, por razones que no tienen nada que ver con la prevista evolución de la economía quería brindar la impresión de estar decidido a solidarizarse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reduciendo el riesgo de que una puja salarial perjudicara la campaña electoral el oficialismo. Puesto que la inflación “de supermercado” –el único índice que tiene sentido para Moyano– ronda el 30% anual, el aumento que aceptó puede considerarse una concesión valiosa. A cambio, espera que el gobierno lo ayude a mantener a raya a los molestos fiscales suizos y a la Justicia federal local, y también insiste en que la presidenta haga lugar en las listas electorales oficialistas para representantes de la “rama sindical” del movimiento peronista. Incluso quisiera que uno figurara como compañero de fórmula de Cristina si, como se prevé, optara por buscar la reelección. Por ser tan mala la imagen de Moyano, no es demasiado probable que la presidenta se deje acompañar por un sindicalista que de acuerdo común sería un títere del camionero, pero parecería que éste confía en disponer del poder suficiente como para obligarla a cambiar de opinión. De más está decir que en el caso de que Cristina accediera, sus adversarios políticos aprovecharían la oportunidad para acusarla de ponerse al servicio de un hombre que está entre los menos populares del elenco político estable del país. También protestarían integrantes de su propio entorno que no han olvidado las luchas de la primera mitad de los años setenta entre los montoneros y la “burocracia sindical”. Moyano sospecha que sus problemas con la Justicia se han visto agravados por la presencia en el gobierno de personas convencidas de que la presidenta cuenta con el apoyo popular suficiente como para abandonarlo a su suerte con la esperanza, apenas disimulada, de que comparta el destino de otros sindicalistas acusados de formar parte de “la mafia de los medicamentos”. Por estar en condiciones de paralizar el país, desde hace más de diez años los camioneros dominan el sindicalismo nacional, pero si bien el gobierno es consciente de lo peligroso que le sería oponérseles, también sabe que no le convendría que se difundiera la convicción de que es Moyano el que lleva la voz cantante. La reacción del jefe sindical frente a la llegada de un exhorto procedente de Suiza, cuando amenazó con declarar una huelga general, fue una advertencia de lo que podría ocurrir a menos que el Estado lo respaldara no sólo contra sus rivales internos sino también contra la Justicia. Aunque Moyano y sus compañeros terminaron entendiendo que les sería contraproducente reclamar de tal forma que el gobierno les garantizara la impunidad, razón por la que decidieron suspender la medida, parecen resueltos a seguir presionando en un esfuerzo por conquistar todavía más poder. Puesto que el gobierno quiere que el panorama laboral se mantenga tranquilo hasta octubre, a Moyano y compañía no les faltará oportunidades para hacerse cada vez más exigentes, planteándole así un problema nada fácil a un gobierno que quiere hacer creer que se caracteriza por su adhesión a una variante sui géneris del progresismo que siempre ha visto en la “burocracia sindical” representada por el camionero una manifestación cabal de la derecha más reaccionaria.


En cualquier otro país, con la eventual excepción de Venezuela, saber que en el transcurso de los doce meses próximos los salarios de los formalmente empleados aumentarían por lo menos el 24%, desataría una ola de pánico. Al fin y al cabo, nadie ignora que en tal caso sería un auténtico milagro que la inflación no alcanzara un nivel aún más elevado. En la Argentina, empero, motivó cierto alivio el anuncio de que, luego de celebrar una reunión cumbre con la presidenta de la República, el jefe sindical más poderoso avaló dicha cifra. Si bien se estima que en verdad los camioneros percibirán más que lo acordado –según algunos expertos en la materia, el aumento real podría superar el 35%– como ya es tradicional, le ha correspondido a Hugo Moyano fijar “el piso” para las negociaciones paritarias que están en marcha con la esperanza de que lo respeten los jefes de otros sindicatos. Aunque Moyano entenderá que pocos lo harán y que, de todos modos, algunos, entre ellos los docentes, ya han conseguido aumentos superiores, por razones que no tienen nada que ver con la prevista evolución de la economía quería brindar la impresión de estar decidido a solidarizarse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reduciendo el riesgo de que una puja salarial perjudicara la campaña electoral el oficialismo. Puesto que la inflación “de supermercado” –el único índice que tiene sentido para Moyano– ronda el 30% anual, el aumento que aceptó puede considerarse una concesión valiosa. A cambio, espera que el gobierno lo ayude a mantener a raya a los molestos fiscales suizos y a la Justicia federal local, y también insiste en que la presidenta haga lugar en las listas electorales oficialistas para representantes de la “rama sindical” del movimiento peronista. Incluso quisiera que uno figurara como compañero de fórmula de Cristina si, como se prevé, optara por buscar la reelección. Por ser tan mala la imagen de Moyano, no es demasiado probable que la presidenta se deje acompañar por un sindicalista que de acuerdo común sería un títere del camionero, pero parecería que éste confía en disponer del poder suficiente como para obligarla a cambiar de opinión. De más está decir que en el caso de que Cristina accediera, sus adversarios políticos aprovecharían la oportunidad para acusarla de ponerse al servicio de un hombre que está entre los menos populares del elenco político estable del país. También protestarían integrantes de su propio entorno que no han olvidado las luchas de la primera mitad de los años setenta entre los montoneros y la “burocracia sindical”. Moyano sospecha que sus problemas con la Justicia se han visto agravados por la presencia en el gobierno de personas convencidas de que la presidenta cuenta con el apoyo popular suficiente como para abandonarlo a su suerte con la esperanza, apenas disimulada, de que comparta el destino de otros sindicalistas acusados de formar parte de “la mafia de los medicamentos”. Por estar en condiciones de paralizar el país, desde hace más de diez años los camioneros dominan el sindicalismo nacional, pero si bien el gobierno es consciente de lo peligroso que le sería oponérseles, también sabe que no le convendría que se difundiera la convicción de que es Moyano el que lleva la voz cantante. La reacción del jefe sindical frente a la llegada de un exhorto procedente de Suiza, cuando amenazó con declarar una huelga general, fue una advertencia de lo que podría ocurrir a menos que el Estado lo respaldara no sólo contra sus rivales internos sino también contra la Justicia. Aunque Moyano y sus compañeros terminaron entendiendo que les sería contraproducente reclamar de tal forma que el gobierno les garantizara la impunidad, razón por la que decidieron suspender la medida, parecen resueltos a seguir presionando en un esfuerzo por conquistar todavía más poder. Puesto que el gobierno quiere que el panorama laboral se mantenga tranquilo hasta octubre, a Moyano y compañía no les faltará oportunidades para hacerse cada vez más exigentes, planteándole así un problema nada fácil a un gobierno que quiere hacer creer que se caracteriza por su adhesión a una variante sui géneris del progresismo que siempre ha visto en la “burocracia sindical” representada por el camionero una manifestación cabal de la derecha más reaccionaria.

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