“Un paso”

Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar

Es el anuncio que estábamos esperando”. Con estas palabras, Sapag confirmó la trascendencia que tiene para la provincia la decisión de Cristina de llevar de 2,40 a 7,50 dólares el precio del gas en boca de pozo. Neuquén es la principal productora de gas del país y la puja por lograr un mejor precio, clave para la economía local, es tan larga como la ajetreada relación de este gobierno provincial con su “aliado” nacional. Claro que lo que acaba de ocurrir es, como también se encargó de aclarar Sapag, tan sólo un primer paso, porque el precio concedido por Nación es para el gas “nuevo”, es decir para cada molécula de fluido, convencional o no convencional, que se produzca de ahora en más. Los efectos en las regalías recién se comenzarán a experimentar plenamente en el 2014. Lo que la provincia todavía espera es un segundo paso, que mejore el valor del fluido que ya se explota. Eso equivale a elevar el valor del gas domiciliario e industrial, mejorando el precio a las productoras y las regalías para las provincias, algo para lo que el gobierno nacional todavía no parece preparado. No obstante, la decisión tomada por Cristina esta semana tiene la virtud de abrir las puertas a las inversiones privadas en materia de yacimientos no convencionales. Y también, de mejorar las perspectivas para el cumplimiento del plan de los 100 días de YPF, objetivo vital para que la empresa reestatizada pueda remontar el déficit hidrocarburífero argentino sin naufragar en el intento. La balanza energética nacional es claramente deficitaria, entre otras cosas porque el país se ve obligado a importar mucho gas. A Bolivia le paga unos 13 dólares el millón de BTU, valor muy por encima del interno que es considerado por las autoridades nacionales un costo “geopolítico”. Pero el fluido que se compra a los buques metaneros cuesta entre 20 y 22 dólares. No por nada Cristina admite ahora que, entre pagar 3.500 millones de dólares al exterior y ponerlos en el mercado interno generando trabajo y riqueza, no hay discusión posible. Por lo pronto ésta es una buena noticia para la provincia, que ha visto declinar dramáticamente sus ingresos por este concepto –este año, por primera vez en la historia, los recursos propios superarán a las alicaídas regalías– y también para las empresas del sector –incluida YPF–, cuyos márgenes de utilidad se han ido estrechando al límite de poner en un marco de dudas las futuras inversiones. En los últimos años el componente salarial, entre otros, se ha incrementado haciendo menos competitivo al sector en comparación con otros países. Por añadidura, el desarrollo de las explotaciones no convencionales, en las que Neuquén constituye la gran promesa nacional, requiere de fuertes inversiones que a partir de ahora las empresas del sector estarán en mejores condiciones de afrontar. En ese contexto difícil, la noticia sobre el aumento del fluido nuevo en boca de pozo sonó a música celestial para unos y otros. Ocurre, además, que en el caso de la provincia el equipo de gobierno trabaja en la posibilidad de ampliar el término de las concesiones petroleras como estímulo a las multimillonarias inversiones necesarias para encarar la explotación de los recursos no convencionales. El tema se comenzó a barajar luego de la estatización del 51% de las acciones de YPF y el traspaso del 49% de ellas a las provincias petroleras, aparentemente sin contrapartida. Lo primero que hizo el gobierno nacional fue pedir una sindicación de acciones, lo que significó encolumnar a las provincias detrás de su conducción y sus objetivos. En ese plan, se evaluó que una de las formas de compensar la entrega de las acciones sería la extensión de los plazos de las concesiones. En el caso de las empresas privadas, Neuquén quiere usar la extensión de los plazos como zanahoria para atraer capitales. Éste fue el tema que Sapag abordó el jueves pasado en Buenos Aires en su reunión con los directivos de la empresa estadounidense Apache. En el clima mejorado que inauguró el anuncio presidencial, el gobernador les pidió a los ejecutivos que mantengan el compromiso de las inversiones y les adelantó, como contrapartida, su intención de ampliar las concesiones para facilitar la explotación de los yacimientos no convencionales. Sapag se desenvuelve en el ambiente petrolero como un “lobbista” de los intereses provinciales. Conoce el tema al dedillo y –ya se ha dicho antes desde esta columna– alienta una suerte de pasión hidrocarburífera que, para algunos, relega a un segundo plano otros aspectos importantes de la gestión. Así, mientras fogonea incansablemente el aumento del fluido ante los funcionarios nacionales y masajea la relación con los empresarios extranjeros hipnotizados por Vaca Muerta, no desdeña ningún recurso para que el negocio funcione aceitadamente. Esta pasión llegó al extremo hace unos días, cuando la reputada sobriedad política y forense del gobernador fue dejada de lado para llamar al juez de la capital federal que, sorpresivamente, embargó los activos de la norteamericana Chevron en Argentina a raíz de una demanda internacional contra la compañía por presunta contaminación de la Amazonia ecuatoriana. En la provincia Chevron explota el yacimiento El Trapial, principal productor de petróleo de Neuquén, y hace un año renovó la concesión del área pagando centenares de millones. Sapag intentó explicarle al magistrado que su decisión entraña un severo perjuicio para las finanzas provinciales y le advirtió que solicitará a la Justicia federal que lo acepte como parte en la causa y planteará una cuestión de privilegio en el Congreso. En el entorno del gobernador aseguran que la demanda contra Chevron fue “comprada” por estudios jurídicos norteamericanos que “actúan como los fondos buitre”: llevan adelante demandas con escasa posibilidad de éxito, corriendo con los riesgos a cambio de fuertes utilidades. “Es un verdadero disparate, que ha puesto en riesgo una empresa con cientos de empleados en la provincia”, disparó un colaborador de Sapag.