Aseguran que un juez de Mendoza “persigue” penalmente a una docente neuquina

La mujer y su defensor sostienen que hay una persecución judicial en su contra. Es la tercera vez en el año que comienza el juicio en San Rafael acusada por obstrucción de contacto. La causa se inició hace 10 años, el menor hoy tiene 15.



San Rafael, segunda circunscripción de Mendoza

San Rafael, segunda circunscripción de Mendoza

Los avatares del proceso penal contra una docente neuquina en San Rafael –Mendoza- no dejan de asombrar al mundillo judicial involucrado en una causa por impedimento de contacto que se inició hace más de 10 años.

El lunes está previsto el inicio del debate, será la tercera vez que se abra el juicio luego de un sinfín de incidencias que dejaron como saldo un juez recusado, una fiscal denunciada quien dejó la causa semanas atrás y una sensación de “persecución” penal por parte de la imputada.

“Estoy viviendo una persecución por uno de los poderes del Estado, una familia arraigada al poder judicial que responde a sus intereses. Cuando esto termine voy a demandar, no solo al Estado, sino a todas las personas que formaron parte de este circo”, indicó la imputada.

El querellante, padre del menor que hoy tiene 15 años, es un reconocido juez penal de Mendoza. La causa la inició en 2009 en el fuero penal alegando que la imputada había impedido el contacto entre padre e hijo, sin embargo el magistrado no respetó los regímenes que interpuso el fuero de Familia y los apeló, a todos. El juez natural para resolver este tipo de conflictos es el de Familia quien se expidió hace una década sobre la causa.

La primera fecha del debate fue en mayo pasado. En ese momento el juez era Sergio González y la fiscal Alejandra Becerra. Ambos quedaron fuera del proceso: el magistrado fue recusado por la afinidad que generó durante los años que trabajó junto al querellante en otra jurisdicción –Alvear-. En tanto la fiscal, que entre otras cosas en una audiencia pidió prisión preventiva para la imputada. La imputada la denunció por hostigamiento contra su hijo ya que la fiscal se reunió sola con el menor sin consentimiento de la madre y habría sugestionado al menor para que se “revincule” con el padre.

Posteriormente, el poder judicial designó a otro juez para el debate. Ante la falta de penalistas se convocó a uno de Civil. Los posibles magistrados del fuero Penal de la jurisdicción de San Rafael que podían tomar el caso se excusaron, no quedó ninguno.

Esta vez fue el querellante quien apeló la designación y tuvo el visto bueno la Corte de Mendoza que ordenó designar a un nuevo juez bajo el argumento que debía tener competencia penal. El magistrado elegido, como ocurrió con González, también había trabajado con el juez querellante. Pero en esta oportunidad la Cámara no hizo lugar al pedido de recusación que presentó la defensa con el mismo argumento: un vínculo entre juez y denunciante. Tampoco tuvo lugar el recurso de casación que presentó Paulino Valenti, defensor de la docente, ante la Corte. El nuevo juez es Santiago Barroso y, como González y el querellante, trabajó en Alvear. El fiscal será Pablo Peñasco.

“Esto claramente es una persecución penal, al querellante no le interesa revincularse con el hijo sino condenar a la madre y utiliza toda su influencia para ese fin”, detalló el defensor de la imputada. La defensa entiende que hay un aparato “armado” con mucha influencia de la querella con muchos contactos internos. Por ejemplo, el tío, juez de garantías, trabaja en el Tribunal Penal Colegiado. Además de otros familiares con tareas menores el Poder Judicial.

“Esto lo resolvió hace nueve años un juez de Familia, pero está claro que al querellante solo le interesa la condena de la imputada”, agregó el defensor.
En las audiencias previas, el defensor también intentó buscar una solución alternativa al conflicto con una suspensión de juicio a prueba, pero no hubo acuerdo por las exigencias que propuso la contra parte. El querellante solicitó una serie de medidas para el arreglo que incluían que la revinculación debía hacerse en San Rafael, a 600 kilómetros del domicilio del menor y que la madre debía hacerse cargo de todos los gastos.


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