“Así me enseñaron”

En el reciente juicio donde fue condenado a dos años de prisión en suspenso el policía bonaerense Luis Chocobar por matar a balazos a un joven que asaltó y apuñaló a un turista extranjero, generó una esperable polémica entre quienes defendieron su accionar y quienes señalaron que sobrepasó su deber como policía y violó garantías constitucionales a las que tienen derecho incluso quienes delinquen. Un aspecto destacado fue la frase del agente al final del proceso: “Actué como tenía que actuar, como a mí me enseñaron”.

La expresión abre un debate que sigue pendiente en nuestro país y tiene que ver con la formación de los agentes, en momentos en que la policía se transformó en pieza clave de la prevención de la pandemia, asumiendo nuevas funciones y relación con la ciudadanía.

En Río Negro se produjo la destitución y probable imputación de dos autoridades encargadas de la formación de la policía provincial a raíz de la muerte en circunstancias confusas del oficial ayudante Gabriel Mandagaray durante un duro entrenamiento.

La profesionalización y democratización en la formación de los agentes policiales, marcada durante décadas por un perfil militarizado, de autogobierno, casos de violencia institucional y corrupción, llevaron desde los años 90 a diversos intentos por reformar las fuerzas tanto nacionales como en las provincias, acentuando el control civil sobre la institución y buscando hacerlas más transparentes. Desde entonces se han designado jefaturas civiles y se ha buscado combinar la formación propia con vinculaciones académicas con las universidades nacionales. Sin embargo, como señaló en este diario la académica Elisa Fernández Marrón, en Río Negro “la formación policial sigue siendo endogámica; esto es en su mayoría personal de la institución instruye y construye a los aspirantes a policía”, donde todavía en muchos casos la instrucción se asocia a excesos psicofísicos.

Por otra parte, diversos episodios, como la importante cantidad de suicidios entre integrantes de la fuerza (27 entre 2012 y 2018, el 60% de las muertes de agentes en servicio según una investigación del académico Walter Puebla Morón), alertó sobre la necesaria atención psicológica de agentes y revisión de condiciones laborales de la institución (horarios, sistemas de trabajo, estrés, maltrato) que afectan la salud mental de los agentes.

En medio de estas reformas inconclusas y debates pendientes sobre la institución policial, sobrevino la pandemia que en nuestro país y en todo el mundo puso a las fuerzas de seguridad como pieza central de las estrategias sanitarias, incorporando nuevas funciones, como el control de los confinamientos y restricciones de circulación, control de comercios, hospitales y espacios públicos, apoyo a equipos de Salud, entre otros. Estas nuevas funciones se sumaron a las tareas de mantener la seguridad pública, a menudo con los mismos medios.

Muchas veces debieron improvisar actuaciones por carecer de protocolos específicos para estas nuevas tareas de control sanitario y con un número importante de bajas por contagios y enfermedad que afectaron la capacidad de respuesta de la institución. Además, como mostró un reciente estudio del BID, la pandemia alteró la rutina y comportamiento de las personas, afectando también patrones del delito: por ejemplo, los confinamientos redujeron hechos en espacios públicos como el robo de autos o asaltos pero aumentaron en los privados, como la violencia de género o familiar.

Esta nueva realidad obliga a los gobiernos a reforzar el fortalecimiento institucional democrático de las fuerzas policiales, elaborar estrategias de mayor cercanía con las comunidades, incorporar la perspectiva de género y repensar los procesos de formación de los agentes no sólo a nivel de cadetes sino en la actualización y ascenso de los policías, para que el “así me enseñaron” sean prácticas que aumenten la confianza en una institución que a menudo es el primer punto de contacto entre los ciudadanos y el Estado ante una situación de emergencia o de crisis.


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