Avanza la investigación por la empresa que hacía testeos en Ezeiza sin tener antecedentes médicos

El laboratorio LabPax era el encargado de hacer los hisopados, que son obligatorios al llegar la país y generaba un negocio millonario diario. El ministerio de Salud y el de Transporte se desligan de la responsabilidad.

Los que arriban al país deben realizarse un test obligatorio en Ezeiza.

Los que arriban al país deben realizarse un test obligatorio en Ezeiza.

El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, en el marco de la investigación por los hisopados realizados en el aeropuerto internacional que llevaba a cabo la firma LabPax, allanó hoy  el aeropuerto de Ezeiza y la sede de Aeropuertos Argentina 2000, la empresa concesionaria de la aeroestación.

Lapbax es una firma sin antecedentes en estudios clínicos que estaba a cargo de los testeos de antígenos, conocido como hisopado rápido, con resultados en tiempo récord, que se realizan a todos los argentinos que llegan al aeropuerto de Ezeiza y que deben pagar obligatoriamente 2.500 pesos por las pruebas, publicó La Nación.

El Gobierno nacional definió la medida hace poco más de un mes y dos mujeres monotributistas aparecían como dueñas de Labpax, la firma que maneja todos los hisopados requeridos para entrar al país y que generaba al menos cinco millones de pesos por día.

El emprendimiento de las dos monotributistas vio la luz de la mano de la decisión administrativa 268 –firmada el 25 de marzo de 2021–, pero la contratación corrió por cuenta de Aeropuertos Argentina 2000. Tanto en el Ministerio de Salud como en el de Transporte deslindaron responsabilidades, aunque aquella norma estableció que esas eran las autoridades de aplicación de la puesta en marcha del testeo obligatorio.

En este escenario, la ministra de Salud, Carla Vizzotti recibió una denuncia penal por presunta violación de las medidas preventivas contra el coronavirus y por incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz del escándalo en la adjudicación de los hisopados y testeos en Ezeiza.

El escrito pide a la Justicia que se investigue qué personas o funcionarios pueden estar detrás de Labpax y el uso de la firma de un bioquímico que certificaba los testeos que no trabajaba para el laboratorio.

La presentación fue realizada por la agrupación Acción Conjunta Republicana y la denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos.

Además de Vizzotti, fueron denunciadas la subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización de Fronteras, Claudia Madies; las monotributistas titulares de la empresa Labpax S.R.L., Paola Orellana Perillo y Laura Cáceres; y los concesionarios del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Por su parte, al principio de escándalo, fuentes de Aeropuertos Argentina 2000 indicaron que no estaban al tanto de que el servicio de salud, vital para controlar la pandemia, lo prestaba Labpax. Sin embargo, AA2000 firmó un contrato de colaboración con la Fundación Educativa San Lázaro, manejada por la propia empresa, para que organice el sistema de testeos en espacios cedidos por la concesionaria.

Finalmente, la fundación fue la que delegó el sistema en Labpax, representada al momento de la rúbrica por Laura Cáceres.

Tras trascender la información, la concesionaria del aeropuerto internacional más grande de la Argentina decidió revocar el contrato que la unía con LabPax.

La compañía decidió poner en marcha una auditoría para revisar el sistema que genera al menos una facturación de cinco millones de pesos por día. Horas después, y sin siquiera esperar los resultados de la investigación, optó por cambiar el prestador de la primera barrera sanitaria que estableció la Argentina para ingresar al país por avión.


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