Barbarie en Venezuela

El reciente informe sobre Venezuela presentado el jueves por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta socialista chilena Michelle Bachelet reveló hasta qué punto se aceleró la espiral de barbarie y autoritarismo del régimen liderado por Nicolás Maduro, y la necesidad de intensificar los esfuerzos regionales para hallar una solución urgente a la mayor crisis humanitaria de la región.

El lapidario reporte destacó la erosión “de las principales instituciones y del Estado de derecho en Venezuela” con violaciones masivas de los derechos básicos de su población.

En una apretada síntesis, el informe destaca ataques a opositores y defensores de Derechos Humanos, que van desde detenciones arbitrarias y campañas de difamación, la tortura generalizada en centros de detención, violencia sexual especialmente contra mujeres, asesinatos y desapariciones forzadas. Y detalla que solo entre el año pasado y en lo que va de 2019 casi 7.000 personas fueron asesinadas en supuestos casos de “resistencia a la autoridad”, que podrían encubrir ejecuciones extrajudiciales durante la represión de protestas y operativos en contra de quienes cuestionan las políticas del régimen autoritario.

Señala que 793 personas seguían privadas arbitrariamente de su libertad, en su mayoría por razones políticas, y 8.598 fueron liberadas pero todavía enfrentan “prolongadas actuaciones penales” que condicionan su accionar. Hombres y mujeres fueron sometidos a “una o más formas de tortura o trato o pena cruel que incluyeron aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, entre otros.

Los principales responsables de estas tareas represivas fueron los servicios de inteligencia del Estado (Sebin y la DGIM). También señala como una práctica corriente el “armado” de causas judiciales a opositores y cómo las fuerzas especiales, las FAES, plantan armas o drogas y “disparan sus armas al aire o contra las paredes para simular enfrentamientos” para justificar ejecuciones.

En el plano social, destacó que la crisis de hiperinflación y desabastecimiento ha provocado serias violaciones al derecho de alimentación de sus habitantes “aumentando la cantidad de personas que dependen exclusivamente de programas de asistencia”. En la salud hay carencia de acceso a medicamentos básicos y servicios de enfermería y medicina por el éxodo de profesionales.

Las penurias están generando uno de los mayores éxodos de población en la región: casi 4 millones de venezolanos emigraron en condiciones de “vulnerabilidad social”. Esto explica que los venezolanos sean ya los principales solicitantes de radicación en nuestro país: unos 40.000 solo en el último año.

Este tétrico panorama, solo comparable con cifras de dictaduras como las de Pinochet o Videla, mereció un fuerte repudio de la mayoría de los gobiernos de la región, incluyendo el argentino. En una saludable reacción, el principal candidato presidencial opositor, Alberto Fernández, señaló que “se han vivido abusos y arbitrariedades del Estado que no pueden pasar desapercibidos”, aunque rechazó cualquier intervención extranjera y no detalló cómo se podría, a su juicio, revertir la situación sin presión externa.

En agosto está convocada en Lima una conferencia por la democracia en Venezuela, a la que están invitados un centenar de países, entre ellos China, Rusia y Cuba, con llegada el régimen. Rechazando explícitamente el uso de la fuerza, buscará salidas al estancamiento político y la crisis humanitaria en Venezuela mediante “un diálogo creíble que apunte a convocar a elecciones” libres y justas en ese país.

“Creíble” es la palabra clave en este caso, ya que hasta ahora Maduro sólo ha usado estas instancias negociadoras como maniobras dilatorias, mientras extiende su esquema autoritario y represivo.

Diálogo que necesariamente deberá incluir la investigación y castigo de las graves violaciones a los derechos humanos en su régimen, que no pueden quedar impunes.