Barbarie parental
Patricia Sánchez*
La mayoría de nosotros considera al hogar familiar como un lugar de refugio y protección. Sin embargo, en algunos los niños conviven con la crueldad y perversión de sus padres, quienes cometen delitos relacionados con la integridad sexual y/o maltratos.
Son los propios familiares directos quienes destruyen la inocencia de sus hijos, corrompiendo su niñez al punto de socavar la confianza en ellos mismos, para que no puedan confiar en nadie.
Hace pocas semanas atrás, se conoció el caso de la pequeña Sofía, que tomó estado público a través de los medios de comunicación, cuando se supo que había fallecido en el Sanatorio Juan XXIII de Roca.
Allí los médicos detectaron signos de abuso sexual severo, además de otras lesiones que indicaban que padecía golpes de parte de su madre y padrastro que la tenían a cargo. Esta situación reflejó el menosprecio, la deshumanización hacia una criatura incapaz de poder defenderse de su propia familia.
Resulta inaceptable que una madre en lugar de posicionarse como protectora haya sido capaz de habilitar a su pareja desde la omisión o participación conjunta, en el ejercicio de infligir sufrimiento a su hija. En este contexto los hechos pueden ser considerados por sus protagonistas como normales-legítimos, sin restricciones o remordimientos. Todo está permitido.
Estas prácticas parentales dejan en evidencia que los propios progenitores pueden vulnerar los derechos de los niños, creyendo que lo pueden hacer por el simple hecho de que son sus hijos.
Esto sucede porque el Estado lo permite y valida la acción desde la inacción. Cuando el Estado tiene conocimiento de que algo está sucediendo en el interior de la familia y no procede con prontitud, limitándose solo a observar si los adultos modifican o no determinadas prácticas, indirectamente ponen en peligro la vida de esas criaturas.
La dilación en la toma de decisiones contribuye no solo a que el daño se prolongue en el tiempo, sino que también se naturalice .
Queda en evidencia la demora en la intervención de las organizaciones estatales que deben actuar ante situaciones familiares complejas. Una vez más no estuvieron a la altura de las circunstancias para rescatar a Sofía de su propia familia.
Lamentablemente el Estado no puede garantizar que lo padecido por esta niña no vuelva a suceder, hasta tanto no haya una concientización y un compromiso para implementar medidas que puedan dar una respuesta rápida y eficaz y marquen un punto de inflexión sobre estas situaciones.
*Especialista en Trabajo Social Forense.
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