Bariloche aprobó el conflictivo balance 2002

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Concejo Municipal aprobó ayer el balance correspondiente al ejercicio 2002, pero también resolvió devolver la rendición al Tribunal de Cuentas a fin de que determine «si existieron incumplimientos a las normativas vigentes».

El cuerpo Deliberante aclaró que dio su conformidad a los estados contables de 2002 «al solo efecto de su contabilización» y que ese aval «en ningún caso implica aprobar la gestión del Ejecutivo» durante ese año, que fue el primero bajo el gobierno del actual intendente Alberto Icare.

El debate reprodujo en muchos de sus términos los escuchados el año pasado, cuando el Concejo analizó los balances de los años 1998 a 2001. El concejal oficialista Hugo Cejas fue quien asumió la defensa del proyecto argumentando la necesidad de consolidar «un número base», sobre el que se podrán realizar ajustes si en un futuro el Tribunal de Cuentas detecta diferencias.

En tanto que la edil de MARA, Sandra Guerrero, fue quien desplegó las mayores críticas. Aclaró que «aprobar» algo, según el diccionario, es «darlo por bueno» y se preguntó cómo se podía otorgar esa calificación a un balance con omisiones y diferencias no aclaradas.

Cuestionó que el Tribunal de Cuentas recomiende la aprobación del balance pero al mismo tiempo diga «que no emite opinión sobre los saldos expresados». Guerrero también se preguntó qué significa que «no se cumplieron las pautas presupuestarias» del ejercicio analizado, según lo determina el dictamen del tribunal.

La concejal de MARA insistió en que «no hay ninguna disposición legal que obligue a aprobar un balance de cualquier modo». Observó que existe un reconocimiento del TdeC de que «no hay sumas bien rendidas» y faltarían comprobantes por 5.000 pesos en un solo mes en la partida de repuestos, que podrían multiplicarse si se relevara el año completo. También aparecen diferencias en las retenciones al personal.

Guerrero observó, por otra parte, que el Ejecutivo no remitió todavía las conciliaciones bancarias atrasadas, «que iban a estar terminadas para fines del año pasado, pero siguen sin aparecer».

Dijo que las conciliaciones «no son un tema menor» y que sin ese elemento «no tiene sentido aprobar el balance». También consideró «imprudente» aceptar el criterio de que el municipio necesita sus estados contables al día para poder acceder a créditos bancarios y de organismos internacionales.

Cejas le contestó que «nadie desconoce que puede haber modificaciones futuras (al balance) a partir del trabajo que está haciendo el Tribunal», pero el municipio necesita la aprobación para poder darse «un ordenamiento formal».

Finalmente, el proyecto fue sancionado por 9 votos a 1, con la única disidencia de MARA. De todos modos los concejales resolvieron añadir un artículo en el que reenvían el balance al Tribunal de Cuentas para que determine si existen irregularidades «precisando en cada caso los hechos y los órganos responsables de esos actos u omisiones, si hubo daño pecuniarios al fisco (…), y formulando cargos si correspondiere».

Rendición de fondos con el gobierno central

Con un desembolso de 236.613 pesos para asistir a emprendimientos productivos del plan nacional «Manos a la Obra», el municipio barilochense saldará los incumplimientos incurridos desde 1997 con el gobierno central en la rendición de fondos correspondientes a programas de ayuda social.

El convenio respectivo fue refrendado ayer por el Concejo Municipal, luego de un largo intercambio de opiniones en la que quedó en evidencia, una vez más, la falta de investigación y sanción a los funcionarios que desviaron partidas.

«Si hay dudas o sospechas hay que colaborar con la Justicia, pero no sirve de nada echar dudas sin certeza», dijo la concejal del PJ Silvina García Larraburu, quien fue parte del gobierno 1995/99, cuando se produjeron muchos de los incumplimientos.

Sandra Guerrero, de MARA, dijo que no cuestionaba la naturaleza de los programas sociales. Pero advirtió que «no es optativo» sino una obligación del funcionario a cargo iniciar un sumario administrativo cada vez que se produce un desvío de dinero o se omite una rendición.

El presidente del Deliberante, Marcelo Cascón (UCR), resaltó la voluntad del actual gobierno para recomponer la relación con el ministerio de Desarrollo Social de Nación. Recordó que ya hubo un acta inicial aprobada por el Concejo y que la considerada ayer era «complementaria».

Sin mayor ánimo de revisar hacia atrás, Cascón dijo que el municipio debía asumir las falencias y desvíos incurridos por gestiones anteriores como «una realidad». Y comprometerse en adelante a rendir los fondos conforme a lo exigido. (AB).