Bariloche espera la escritura social

A ocho meses de la firma de un acta acuerdo entre el municipio de Bariloche y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) para encabezar la regularización dominial a través de la llamada “ley Pierri”, el gobierno provincial aun no firmó la reglamentación.

El titular del IPPV, Jorge Barragán, admitió que la implementación “se demoró más de lo previsto” y aseguró que ya dio “instrucciones para avanzar de inmediato”.

Esta ley permite acceder a la escritura de una vivienda acreditando, como mínimo, 10 años de posesión pacífica y continuada, evitando de esta forma la vía judicial, a través de la usucapión, un proceso más largo y costoso.

“La reglamentación ya pasó por el área Legal y Técnica pero al consultar al Colegio de Escribanos, que también está involucrado, ellos entendían que no estaba bien expresado en el texto que los gastos de los edictos corresponden al gobierno provincial y quedaba abierta la posibilidad de que se le exigiera a ellos. Hoy está en esa etapa de corrección”, señaló Barragán y aseguró que incluso, ya se fijaron los valores de las escrituras sociales.

En los últimos tres años y medio, el municipio de Bariloche firmó dos convenios con el IPPV para concretar los procedimientos de regularización dominial. Sin embargo, hasta ahora, la buena noticia quedó simplemente en firmas de acuerdos y anuncios mediáticos. El primero fue en noviembre de 2013 durante la intendencia de María Eugenia Martini y el más reciente, a mediados del año pasado en la gestión de Gustavo Gennuso.

Barragán admitió que “hay muchas ansiedades por parte de los municipios que firmaron el acuerdo para avanzar en la regularización dominial”, especialmente de Bariloche ya que es una de las ciudades con más casos por regularizar.

Laura Zanoni, titular del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, advirtió que hay alrededor de 10 mil casos para resolver por esta vía en la ciudad. “Estamos a la espera de que la provincia avance con la reglamentación. Por ahora, solo tenemos los trámites que se iniciaron en la gestión anterior (unos 306) que quedaron truncos ante la falta de acuerdos. Pero no tomamos más trámites hasta que no contemos con la herramienta jurídica”, expresó.

El funcionario provincial se comprometió a “avanzar a la brevedad con la implementación de la ley”.

“Los escribanos entendían que no estaba bien expresado que los gastos de los edictos corresponden al gobierno provincial”.

Jorge Barragán dijo que está en proceso una aclaración.

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