Insisten con el sobreseimiento de la comunidad Buenuleo
Los defensores particulares plantearon ante el juez que los imputados no cometieron delito de usurpación. Recordaron que la resolución del INAI les reconoció la ocupación tradicional de las tierras en litigio con privados, en el cerro Ventana.
La presidenta del INAI Magdalena Odarda solicitó a la gobernadora de Río Negro abrir el proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas alcanzadas por el proyecto Hidrógeno Verde. (Foto: archivo)
Los defensores particulares de 7 miembros de la comunidad mapuche Buenuleo y de un lonko de otra comunidad volvieron a pedir el viernes ante el juez Marcos Burgos el sobreseimiento de sus asistidos que están imputados por el delito de usurpación de tierras en el cerro Ventana de Bariloche.
Burgos tiene que revisar la resolución que el juez de garantías Sergio Pichetto dictó a finales de octubre pasado, cuando desestimó el pedido de sobreseimiento de los imputados.
En esa audiencia, el fiscal Martín Lozada retiró la acusación contra los imputados y, en consecuencia, se cayó la orden de desalojo que había en contra de los miembros de la comunidad Buenuleo. Sin embargo, el abogado por la querella, Alejandro Pschunder, se opuso al sobreseimiento y, después, formuló la imputación privada contra los acusados. Por eso, la causa penal sigue adelante solo con el impulso privado de la querella.
Los defensores de los mapuches imputados impugnaron la decisión de Pichetto y el viernes Burgos escuchó los argumentos de las partes.
La defensa fundó su pretensión en la inexistencia de delito atribuible a las personas imputadas. Argumentaron que la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) Magdalena Odarda firmó el 21 de septiembre pasado una resolución en la que reconoce “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo sobre 481 hectáreas en la zona del cerro Ventana», en Bariloche.
Justamente, Lozada retiró la acusación fiscal tras tomar estado público la resolución de Odarda. Por eso, los defensores advirtieron a Burgos que los acusados no se puede usurpar algo que es de ellos.
Así lo explicó este domingo el defensor particular Manuel Mansilla. Dijo que el otro argumento para pedir el sobreseimiento es que se venció el plazo para la investigación.
Sin embargo, la fiscalía no coincide en ese aspecto. Sostiene que el plazo de la etapa penal preparatoria no se extinguió, aunque ellos se hayan retirado, explicaron fuentes que conocen la causa.
Lozada participó el viernes de la audiencia y recordó los argumentos por los cuales la fiscalía consideró que ya no se podía sostener la acusación. También, el querellante expuso sus planteos por los cuales considera que hay que ratificar la decisión de Pichetto y no concederles el sobreseimiento y seguir adelante con el proceso penal.
Pschunder es el representante legal de Emilio Friedrich y Víctor Sánchez, que denunciaron a los miembros de la comunidad Buenuleo por haberlos despojado el 10 de septiembre del año pasado de la posesión de un lote de 92 hectáreas, que habían comprado hace unos 11 años a un particular.
Los mapuches sospechados alegaron que se trataba de un acto de recuperación de lo que consideraban era parte del territorio de la comunidad.
Allí, comenzó un litigio que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un conflicto de competencia. El máximo tribunal del país resolvió que la justicia de Río Negro tenía que resolver el conflicto.
El 22 de septiembre, la jueza María Rita Custet Llambí y los jueces Adrián Fernando Zimmermann y Carlos Mohamed del Tribunal de Impugnación Provincial resolvieron rechazar los recursos de los defensores. En consecuencia, confirmaron la decisión que Pichetto había dictado el 16 de septiembre del año pasado, cuando admitió los cargos formulados por Lozada y el fiscal Tomás Soto por el delito de usurpación contra los miembros de la comunidad Buenuleo y dispuso su desalojo.
Un mes después, la fiscalía desistió y retiró la acusación después de que se conociera la resolución de la presidenta del INAI. Por eso, solo la querella quedó impulsando la causa. Burgos dictará el miércoles su veredicto.
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