Brasil hierve mientras la Justicia y el Congreso cercan a Lula y a la presidenta Rousseff
Los cargos están en fase judicial, dijo el magistrado.
CRISIS EN EL GOBIERNO
BRASILIA (DPA).- Mientras las calles de Brasil hierven en sendas manifestaciones en pro y en contra el gobierno de Dilma Rousseff, la Justicia y el Congreso acorralan a la mandataria y a su ministro nominado pero al que se le impide asumir, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La noche del viernes es un buen retrato del momento. Mientras Lula pronunciaba un discurso en Sao Paulo ante casi 100.000 personas que lo aclamaban al grito de “¡No habrá golpe!”, el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes echaba por tierra en Brasilia la al parecer doble intención que hay detrás de su nombramiento como jefe de Gabinete.
Mendes decretó la que resultó ser la tercera suspensión del mandato como ministro de Lula en unas 35 horas, y determinó que los procesos que pesan en su contra por sus presuntos nexos con los ilícitos en la petrolera Petrobras sigan su curso en instancias judiciales menores.
En un despacho contundente, casi lapidario, Mendes disparó contra los dos objetivos, que expresos o implícitos, tuvo la investidura: salvar el mandato en estado terminal de su sucesora y eludir instancias judiciales menores, en las que Lula enfrenta un pedido de prisión preventiva y una denuncia penal.
El cargo de ministro confiere el privilegio de los fueros y la persona solo puede ser investigada por la Fiscalía General de la República y juzgada por el Supremo Tribunal Federal. Por ello, dando por ciertas las sospechas de que el nombramiento de Lula era una forma de librarlo de procesos en la Justicia ordinaria, más ágiles, Mendes fue categórico.
“El objetivo de la falsedad es claro: impedir el cumplimiento de la orden de prisión del juez de primera instancia. Una especie de salvoconducto emitido por la presidenta de la República”, señaló el magistrado, quien no descarta que la maniobra pueda ser catalogada como “fraude a la Constitución”.
Además de suspender los fueros al exmandatario, Mendes devolvió los procesos en su contra, que habrían pasado al ámbito del Supremo, a las manos del juez Sérgio Moro, considerado implacable en su labor al frente del caso Petrobras.
En su rol de coordinador de los procesos, el magistrado federal de primera instancia fue quien encarceló, por primera vez en la historia brasileña, a la elite empresarial cómplice de los desmanes en la petrolera nacional.
También fue quien autorizó, en una decisión que generó polémica entre juristas, la orden de llevar por la fuerza a Lula a declarar por presuntos delitos de falsedad ideológica y lavado de dinero.
Y fue, por último, quien dio luz verde a las escuchas a los teléfonos del ex mandatario y la divulgación de diálogos, como mínimo comprometedores, que mantuvo con Rousseff, su abogado y otros políticos.
La divulgación de los audios también fue cuestionada por juristas y académicos, así como defendida por otros magistrados y especialistas. En cualquier caso, su efecto fue dramático para el Gobierno, que apelará al plenario de la Corte Suprema, cuya próxima sesión está prevista para el 30 de marzo.
Si Lula quedó desprotegido de fueros y a merced del “rígido” Moro, su sucesora y ahijada política no ha corrido mejor suerte.
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