Buena voluntad

Por Redacción

Si el desarrollo económico dependiera de nada más que los deseos del gobernante, la Argentina estaría entre los países más ricos, dinámicos y equitativos del mundo. Desde hace más de medio siglo gobiernos de todos los pelajes han estado tratando de estimular el crecimiento y durante algunos años el del presidente Carlos Menem logró su objetivo, sin que la expansión notable del producto bruto en la primera mitad de la década de los noventa supusiera todos los beneficios que habían sido previstos. Es que, por desgracia, el asunto dista de ser tan sencillo, razón por la cual la afirmación del presidente Fernando de la Rúa, en el discurso con el cual inauguró las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, de que la «estrategia» de su gobierno consiste en «crecer, crecer y crecer» ocasionó no sólo sonrisas sino también cierta preocupación. Por razones comprensibles, a muchos empresarios, sobre todo a los pequeños y medianos, les gustaría que el gobierno comenzara a aplicar «políticas activas» que, juran, los ayudarían a ser más competitivos, y en vista del afán del presidente de mostrar su compromiso con el crecimiento tienen motivos para esperar que intente complacerlos.

De ser así, el país correría el riesgo de caer nuevamente en una trampa, porque mal que les pese a los entusiasmados por la idea de que el gobierno contribuya a potenciar la industria y los servicios, la escasa productividad actual no puede ser atribuida a la falta de «políticas activas». Por el contrario, es la consecuencia lógica de la tendencia al parecer congénita de los gobiernos nacionales y provinciales a darles toda la ayuda que dicen necesitar, con el resultado de que cuando por fin los empresarios se vean constreñidos a competir se crean víctimas de una injusticia intolerable. De tomarse en serio la retórica de los lobbistas sectoriales, hoy en día la Argentina tiene una de las economías más abiertas y más internacionalizadas del mundo entero, lo cual es totalmente falso. A pesar de la «invasión» de productos extranjeros -según parece, todos subsidiados por los gobiernos de los países de origen y vendidos aquí a precios de «dumping»-, el mercado argentino no ha dejado de ser uno de los más cerrados del planeta. Dicho de otro modo, lo que la economía necesita es más competencia, mucha más, y no menos como tantos, ya por motivos egoístas, ya porque sin darse cuenta de ello son productos de una cultura económica premoderna, parecen suponer.

Esta realidad plantea al gobierno un dilema muy espinoso. Por razones políticas, De la Rúa está obligado a convencer a la ciudadanía de que está haciendo todo cuanto sea posible por defender los intereses de los empresarios y de los trabajadores nacionales, pero a esta altura no puede sino entender que en términos económicos los esfuerzos concretos que le permitirían silenciar a sus críticos podrían resultar contraproducentes. Sólo a los irremediablemente optimistas se les ocurriría creer que medidas «antidumping» -o sea, barreras contra importaciones baratas- o un programa fiscal agresivo encaminado a reducir el «costo argentino» servirían para transformar a los empresarios locales en exportadores vigorosos capaces de conquistar mercados no meramente en el Mercosur sino también en otras latitudes más exigentes. Antes bien, a juzgar por la experiencia del país, una estrategia de este tipo ensancharía todavía más la brecha que separa al empresariado argentino de sus equivalentes de los países más avanzados.

Desde luego, el gobierno sí puede contribuir a estimular el crecimiento, pero le convendría limitarse a hacerlo de forma indirecta, aumentando su propia eficiencia, luchando en serio contra la evasión fiscal y la corrupción, mejorando la calidad educativa, modernizando la Justicia, despolitizándola, impidiendo las prácticas monopólicas y esperando que a raíz de la confianza así generada los costos del crédito se hagan más razonables. También, claro está, tendría que convencer a los empresarios de que en última instancia su destino será decidido no por la intervención salvadora del Estado sino por sus propios esfuerzos.