Buitres al ataque
Aunque ya han transcurrido más de diez años desde que Adolfo Rodríguez Saá aprovechó su brevísima gestión como presidente para anunciar, con orgullo patriótico, que el país estaba en bancarrota y por lo tanto dejaría de cancelar los vencimientos de capital y de intereses de la cuantiosa deuda pública que se las había arreglado para acumular, la decisión, que fue apoyada con fervor por el grueso de la clase política nacional, sigue motivando problemas. Además de mantenernos aislados de los mercados de capitales internacionales, el default obliga al gobierno a procurar frustrar los esfuerzos constantes de acreedores, en especial los representados por los llamados “fondos buitres”, por apoderarse de bienes del Estado argentino, lo que ha logrado hacer sobre la base de una variedad de argumentos jurídicos. Puede entenderse, pues, la sorpresa que se difundió entre los funcionarios gubernamentales cuando la Corte Superior de Ghana ordenó la inmovilización de la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada que brinda servicios desde hace casi medio siglo. En una declaración furiosa, la Cancillería atribuyó lo ocurrido a un “ataque artero” de los “fondos buitres”, estas organizaciones que, como los abogados exitosos del Estudio Kirchner en la Santa Cruz de los años del Proceso militar, se especializan en perseguir a deudores morosos. También protestaron voceros del gobierno de Uruguay, ya que ocho marinos uruguayos forman parte de la tripulación. Está en lo cierto la Cancillería, pero por odiosos que sean dichos fondos a ojos del gobierno, no le convendría subestimar su capacidad para provocar situaciones tan desagradables, y tan malas para la imagen internacional del país, como la protagonizada por la Fragata Libertad en el puerto ghanés de Tema. Puesto que en diciembre del 2001 era claramente muy difícil, cuando no imposible, que el país continuara respetando todos los compromisos financieros, pudo justificarse el default como tal, si bien fue imperdonable la conducta eufórica de quienes lo festejaron como si no se tratara de un desastre sino de un gran triunfo nacional, pero por fortuna, a partir de entonces mucho ha cambiado. Gracias en buena medida a una coyuntura internacional muy distinta de la imperante en el período que culminó con el default, además de un canje relativamente exitoso y la mayor productividad posibilitada por inversiones hechas en la década de los noventa, la economía ha crecido mucho, a “tasas chinas”, de suerte que debería estar en condiciones de reconciliarse con los acreedores que a pesar de todo aún no se han dado por vencidos, entre ellos los países representados por el Club de París. Aunque en diversas ocasiones la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha asegurado que dentro de poco se pondría fin al conflicto con el Club de París, lo que nos permitiría sacar provecho de los tipos de interés insólitamente bajos vigentes en el mundo financiero actual, parecería que la oportunidad para hacerlo ya se ha ido. Por lo tanto, el gobierno tendrá que resignarse a seguir jugando al gato y ratón con grupos de acreedores que cuentan con recursos suficientes como para permitirles hostigarlo durante muchos años más. Según se informa, mientras permanezca en Tema, los responsables de la Fragata Libertad tendrán que pagar gastos portuarios que suman 49.000 dólares por día, pero sólo se trata de una pequeña fracción de los costos reales del default. El consenso es que resultó ser un buen negocio o, por lo menos, uno llamativamente mejor de lo que era legítimo prever en diciembre del 2001, pero la verdad es que no hay forma de calcular los costos y los beneficios que para el país ha significado tomar por una especie de declaración de independencia la decisión de romper con los mercados de capitales, asumiendo una postura combativa que, por cierto, no ha contribuido a facilitar las negociaciones con los demás miembros de la comunidad internacional. Aunque el gobierno de Cristina parece entender muy bien que sería del interés del país normalizar la relación con los norteamericanos, europeos y japoneses que, es evidente, no tienen ninguna intención de moderar su actitud, aún no ha encontrado la forma de hacerlo. Así las cosas, tendrá que prepararse para hacer frente a más episodios humillantes como el que acaba de producirse en Ghana.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.031.695 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Sábado 13 de octubre de 2012
Aunque ya han transcurrido más de diez años desde que Adolfo Rodríguez Saá aprovechó su brevísima gestión como presidente para anunciar, con orgullo patriótico, que el país estaba en bancarrota y por lo tanto dejaría de cancelar los vencimientos de capital y de intereses de la cuantiosa deuda pública que se las había arreglado para acumular, la decisión, que fue apoyada con fervor por el grueso de la clase política nacional, sigue motivando problemas. Además de mantenernos aislados de los mercados de capitales internacionales, el default obliga al gobierno a procurar frustrar los esfuerzos constantes de acreedores, en especial los representados por los llamados “fondos buitres”, por apoderarse de bienes del Estado argentino, lo que ha logrado hacer sobre la base de una variedad de argumentos jurídicos. Puede entenderse, pues, la sorpresa que se difundió entre los funcionarios gubernamentales cuando la Corte Superior de Ghana ordenó la inmovilización de la Fragata Libertad, el buque escuela de la Armada que brinda servicios desde hace casi medio siglo. En una declaración furiosa, la Cancillería atribuyó lo ocurrido a un “ataque artero” de los “fondos buitres”, estas organizaciones que, como los abogados exitosos del Estudio Kirchner en la Santa Cruz de los años del Proceso militar, se especializan en perseguir a deudores morosos. También protestaron voceros del gobierno de Uruguay, ya que ocho marinos uruguayos forman parte de la tripulación. Está en lo cierto la Cancillería, pero por odiosos que sean dichos fondos a ojos del gobierno, no le convendría subestimar su capacidad para provocar situaciones tan desagradables, y tan malas para la imagen internacional del país, como la protagonizada por la Fragata Libertad en el puerto ghanés de Tema. Puesto que en diciembre del 2001 era claramente muy difícil, cuando no imposible, que el país continuara respetando todos los compromisos financieros, pudo justificarse el default como tal, si bien fue imperdonable la conducta eufórica de quienes lo festejaron como si no se tratara de un desastre sino de un gran triunfo nacional, pero por fortuna, a partir de entonces mucho ha cambiado. Gracias en buena medida a una coyuntura internacional muy distinta de la imperante en el período que culminó con el default, además de un canje relativamente exitoso y la mayor productividad posibilitada por inversiones hechas en la década de los noventa, la economía ha crecido mucho, a “tasas chinas”, de suerte que debería estar en condiciones de reconciliarse con los acreedores que a pesar de todo aún no se han dado por vencidos, entre ellos los países representados por el Club de París. Aunque en diversas ocasiones la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha asegurado que dentro de poco se pondría fin al conflicto con el Club de París, lo que nos permitiría sacar provecho de los tipos de interés insólitamente bajos vigentes en el mundo financiero actual, parecería que la oportunidad para hacerlo ya se ha ido. Por lo tanto, el gobierno tendrá que resignarse a seguir jugando al gato y ratón con grupos de acreedores que cuentan con recursos suficientes como para permitirles hostigarlo durante muchos años más. Según se informa, mientras permanezca en Tema, los responsables de la Fragata Libertad tendrán que pagar gastos portuarios que suman 49.000 dólares por día, pero sólo se trata de una pequeña fracción de los costos reales del default. El consenso es que resultó ser un buen negocio o, por lo menos, uno llamativamente mejor de lo que era legítimo prever en diciembre del 2001, pero la verdad es que no hay forma de calcular los costos y los beneficios que para el país ha significado tomar por una especie de declaración de independencia la decisión de romper con los mercados de capitales, asumiendo una postura combativa que, por cierto, no ha contribuido a facilitar las negociaciones con los demás miembros de la comunidad internacional. Aunque el gobierno de Cristina parece entender muy bien que sería del interés del país normalizar la relación con los norteamericanos, europeos y japoneses que, es evidente, no tienen ninguna intención de moderar su actitud, aún no ha encontrado la forma de hacerlo. Así las cosas, tendrá que prepararse para hacer frente a más episodios humillantes como el que acaba de producirse en Ghana.
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