Cada sentencia judicial le cuesta a Río Negro 360.000 pesos según Juntos por el Cambio

El bloque opositor realizó un informe donde cuestiona el servicio que presta la Justicia rionegrina. Comparó su funcionamiento en el primer semeste de 2020 con igual período del año pasado.




Entre los hechos, el imputado incendió un auto. Foto: Marcelo Ochoa.

Entre los hechos, el imputado incendió un auto. Foto: Marcelo Ochoa.

Un menor dictado de sentencias, un mayor costo de cada una de ellas, menos demanda del servicio y un importante incremento en el “reparto del presupuesto salarial” son las conclusiones salientes de un estudio realizado por el bloque legislativo de Juntos por el Cambio sobre el funcionamiento de la Justicia rionegrina en el primer semestre de 2020.

"El Poder Judicial sigue demostrando que vive en una realidad paralela y los números lo demuestran: Cada vez tiene más recursos, mejores sueldos y produce menos resultados”, indicó el legislador Juan Martín.

Para ese sector de la oposición el Poder Judicial “trabajó menos que a medias” y resalta que como consecuencia de “la extensa cuarenta” se dictaron 8.072 sentencias en los primeros seis meses de este año contra 18.819 3en igual período de 2019.

El análisis refleja que cada sentencia “le cuesta actualmente a los rionegrinos 361.497 pesos, casi 4 veces los 102.981 pesos que representaba durante el primer semestre de 2019”.

La caída en el servicio no sólo alcanza a las sentencias dictadas ya que también se redujo la cantidad de expedientes ingresados que pasaron de 33.516, en 2019; a 17.314 para igual período de este año.

Desde Juntos por el Cambio se indicó que “pese al menor trabajo que mostró este año, el Poder Judicial solicitó la aprobación de varias leyes, como la de suspensión de los juicios por jurados, la creación de un fuero contencioso administrativo y de estructuras de acceso a la Justicia” y se enfatizó que “la Justicia ha venido ganándole a los otros poderes del Estado en la puja distributiva” porque “la masa salarial del Poder Judicial pasó de representar el 7,6% del total del Estado en 2014, a ser del 11% en 2019 y cerraría el año en el guarismo del 11,6%; lo que significa que a lo largo de los últimos 6 años ha logrado aumentar en un 50% su participación en el reparto del presupuesto salarial”.

El informe señala que “los empleados, magistrados y funcionarios judiciales tuvieron incrementos porcentualmente superiores a los de otros agentes del sector público” y recuerda que “en 2018, sus aumentos fueron un 10% por encima del resto, en 2019 de un 19% y para este año, pese a la crisis, todo indica que la historia se repetirá”.

Agrega que “no solo le ganan en los porcentajes de incremento, también en los niveles salariales se observa que están muy por encima de quienes brindan a la sociedad servicios públicos básicos, como salud y seguridad, y esos policías, médicos, enfermeros, choferes, no pararon nunca en pandemia, son servidores públicos de servicios esenciales”.

Por eso subraya que el último incremento salarial dispuesto en el sector es “otra oportunidad perdida para los magistrados y funcionarios judiciales para mostrar templanza salarial, que bajo la situación excepcional en que la provincia y los rionegrinos se encuentran atravesando era de esperar. Sin embargo, en lugar de renunciar al aumento han aceptado solo su diferimiento por algunos meses”.

Martín señaló que "les pido que reflexionen, porque su rol es fundamental para la vida democrática. Estamos atravesando tiempos difíciles, en los que la convivencia está bajo tensión, y lo último que necesitamos es una Justicia cruzada de brazos, a espaldas de la sociedad".


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