Ruta 22: marzo pasó sin audiencia y nuevos datos alejan la reactivación

“En marzo y en Roca”, se aseguró a fines de enero.

Marzo pasó. La convocatoria a audiencia pública por la nueva traza de la Ruta 22 nunca llegó. Y por los datos que surgieron durante las últimas horas, no llegará por bastante tiempo más.

El primer indicio desalentador para quienes pretenden una solución rápida y efectiva a la polémica por la elevación del camino aparece en la causa judicial que se abrió cuando el municipio de Roca presentó un amparo.

Ese expediente, que se tramita en el Juzgado Federal de Roca, tiene previstas varias declaraciones testimoniales, de vecinos y funcionarios de Roca. Y las audiencias respectivas fueron pautadas desde la próxima semana hasta mediados de mayo.

Esto quiere decir que por más velocidad que intente desarrollar el juez Hugo Greca, el ingreso a la etapa de resoluciones no será antes de los próximos dos meses.

Esa causa fue abierta porque el gobierno municipal de Roca pretende que se realice una audiencia pública, pero bajo los términos de las leyes ambientales vigentes a nivel nacional y provincial.

Vialidad Nacional busca mantener el control de ese proceso, tratando de hacer valer su reglamento interno para audiencias públicas.

Hasta el momento el juez Greca dictó una medida cautelar, prohibiendo que se avance con las obras hasta que exista una decisión firme sobre la audiencia pública. Ese fallo fue ratificado en febrero por la Cámara Federal de Roca, que rechazó la apelación del organismo nacional.

Impacto ambiental

Ahora bien, hay otro trámite en curso que impide la convocatoria a una audiencia pública en lo inmediato.

El director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política de Vialidad Nacional, Lucas Logaldo, confirmó a “Río Negro” la semana pasada que el gobierno está realizando por estos días un nuevo estudio de impacto ambiental, relacionado con el tramo de la Ruta 22 que atraviesa Roca.

Ese informe todavía no está listo y cuando sea finalizado, deberá presentarse ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia, para contar con el visto bueno definitivo sobre la incidencia del proyecto de ampliación.

La titular de ese organismo provincial, Dina Migani, también fue consultada por este diario sobre la intervención provincial en el proceso, respondiendo que desde su área no estaban al tanto sobre ningún estudio nuevo de impacto ambiental y que tampoco estaba previsto que se realizara uno a cargo del gobierno rionegrino.

Otro dato importante tiene que ver con los plazos de la convocatoria a la audiencia pública. El aviso formal en los medios debe emitirse con al menos 30 días de antelación, por lo tanto es difícil pensar en un llamado antes del primer semestre.

Esa coincidencia de plazos con el calendario electoral también inquieta a los funcionarios nacionales, que advierten la posibilidad de que el intendente, Martín Soria, reciba “de regalo” la audiencia pública y de esta manera pueda fortalecer su discurso opositor al gobierno de Cambiemos.

Los testimonios

que se recibirán

A propuesta del municipio, la Justicia Federal citó a declarar a tres funcionarios municipales y dos vecinos en el marco del amparo por la Ruta 22.

La directora de Ambiente, Laura Juárez, el titular de Defensa Civil, Manuel Carrillo y la responsable de Planeamiento Físico, Graciela Glanz, serán los primeros, con citaciones para el 11 de abril y 11 de mayo.

Por su parte, el presidente de la Asociación del Parque Industrial I, Julián Tocce, y el médico Carlos Pochat fueron citados para el 20 de junio, con fecha supletoria el 16 de mayo.

Según se desprende del escrito presentado por el municipio, la intención es que cada uno aporte su visión sobre el impacto que generaría la construcción de la autopista con murallas, sobre todo si es llevada adelante sin participación de los actores locales que convivirán a diario con la obra.