Cancha inclinada
Culminó una frenética serie de inauguraciones y anuncios, tanto a nivel nacional como en las provincias, donde los oficialismos intentaron capitalizar lanzamientos de obras y entrega de beneficios para mejorar sus chances en las próximas legislativas. Rige la veda para que los funcionarios aprovechen la publicidad de actos de gobierno con fines proselitistas, aunque la normativa tiene zonas “grises” que ya comenzaron a evidenciarse, con actos de desembozado clientelismo en varios distritos.
Se destacaron dos definiciones de la Justicia. En San Luis, un juez federal prohibió al gobernador Alberto Rodríguez Saá entregar dinero en efectivo por $85 millones y le impidió pagar nuevos planes sociales y microcréditos por $1.250 millones, así como dar subsidios hasta el 15 de diciembre. A nivel nacional, la justicia federal ordenó al Gobierno suspender hasta después de las elecciones el pago de $5.000 “por única vez” a 114.000 desocupados por $650 millones.
Es que en el esquema del “plan platita”, como lo bautizó el ministro bonaerense Daniel Gollán, para mejorar la situación del oficialismo, se pasó del mejoramiento de ingresos y la publicidad de actos de gobiernos a descarados actos de demagogia electoralista y compra de votos. La situación es más evidente en distritos clave, donde el oficialismo teme perder diputados y senadores que afecten su predominio.
La fiebre por mostrar gestión llevó en Buenos Aires a publicitar la botadura de un buque de la Armada sin hélice ni motor, o a inaugurar como propia 33 kilómetros de una ruta terminada en la gestión anterior y a la cual sólo se le agregó la cartelería.
En Santiago del Estero, el gobernador Zamora anunció un aumento del sueldo básico del 57% y un bono récord de $90.000 para los estatales, cuya segunda cuota se pagará 4 días antes de votar. En San Luis, además de lo objetado por la Justicia, el Gobierno anunció un piso salarial de $70.000, incluyendo el sector privado, donde el Estado aportará la diferencia. En Chaco habrá una suba salarial del 7% sobre las paritarias a los estatales y un paquete de “reembolsos” en tarjetas alimentarias y de compras que suma $4.000 millones. En Santa Cruz, la gobernadora Alicia Kirchner propuso un aumento salarial del 7,5% para la administración central. En Chubut, el gobernador Arcioni pagó un bono de $5.000 a los estatales, activos y pasivos. Tucumán también anunció un extra de “emergencia” de $40.000 a estatales. En La Pampa, el gobierno subsidiará con entre $5.000 y $10.000 a quienes tienen deudas de servicios como luz y gas.
En Río Negro y Neuquén también hubo denuncias de ruptura de la integridad electoral. Candidatos que aparecen mágicamente junto a funcionarios nacionales, gobernadores e intendentes inaugurando obras y realizando anuncios que no son de su competencia, fueron moneda corriente. Río Negro dictó de apuro una resolución que autorizó las licencias de campaña a empleados estatales, ante la denuncia de que mientras ellos debían concurrir a trabajar había altos funcionarios que también eran candidatos y no sólo seguían en sus puestos sino que tenían amplias libertades para proselitismo. En Neuquén hubo objeciones similares.
En su clásico trabajo “Cancha inclinada”, los politólogos Luis Schuimerini y María Page mostraron cómo los oficialismos provinciales lograban imponerse gracias a la visibilidad del puesto, el control de la agenda, la posibilidad de mostrar obras, canalizar demandas y bajar recursos al territorio, además de manejar las reglas electorales. Una notable asimetría de recursos. Aunque Río Negro y Neuquén han mejorado y hoy están entre las provincias con mejor integridad electoral del país, el abuso de recursos estatales con fines electorales se mantiene. Es de esperar que en la recta final de esta campaña quienes deben hacer cumplir las reglas de juego -los organismos electorales y la Justicia-, actúen para evitar el aprovechamiento de las “zonas grises” de la legislación para coartar la igualdad de posibilidades y la libertad de elección de los ciudadanos.
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