Causa APEL: Gatica no cumplió y la Justicia le dio más plazo
El extitular de APEL debía completar en noviembre con los lotes exigidos judicialmente como reparación al Estado, pero no lo hizo. La Fiscalía de Estado pidió ejecutar la pena de prisión, pero la jueza entendió que la demora no era culpa totalmente del dirigente.
El ex secretario general del gremio legislativo, Alejandro Gatica no cumplió con los plazos exigidos en el resarcimiento fijado por la condena por la defraudación en el Fondo de Viviendas. La situación derivó en un nuevo debate judicial, incluyendo justificaciones de la defensa y el pedido fiscal para que se lo detenga por su incumplimiento, aunque la Justicia concluyó con la extensión del plazo por un año para la concreción de las pautas fijadas por la condena, entre ellas, esa reparación fijada en favor del Estado rionegrino.
APEL: Gatica evita la prisión con cinco lotes
Toda la cuestión se mantiene en torno a la concreción de Gatica de la obligación asumida para restituirle a la Provincia parte del perjuicio por las irregularidades del Fondo de Viviendas, que APEL administró entre el 2010 y 2014. El desembolso en favor del Estado -según lo acordado en el juicio abreviado- debe llegar a los 15 millones de pesos aunque se cumpliría, según lo solicitado por el dirigente gremial, con la cesión de lotes, pero esa transferencia todavía no se ha completado.
El primer inconveniente se originó en la imprecisión de los plazos de la entrega de los inmuebles, a partir de la ausencia del requerimiento de la fiscalía penal y la falta de claridad en el fallo del juez Marcelo Alvarez.
Esa carencia permite innumerables interpretaciones y, en consecuencia, se registraron -hasta ahora- otras cinco audiencias donde la Justicia y las partes intentan subsanar aquel error compartido. En una de ellas, en mayo, la jueza de Ejecución Penal, Shirley González formalizó -previa negociación con los actores- un cronograma para cumplir .
La novedad radica que las entregas no se completaron en los tiempos de ese último mandato judicial.
A esta altura, el resarcimiento ya no son los iniciales cinco lotes en un barrio cerrado de Viedma sino que son seis terrenos en otro sector capitalino. El cronograma estableció que Gatica debía concretar las escrituraciones por pares. En noviembre se exigía las entregas totales, ya prometidas en agosto del 2020 en la resolución del juicio abreviado, y sostenía así la condicionalidad de su pena de tres años de prisión.
A Gatica se lo consideró autor del delito de “administración infiel y por abuso en defraudación de la administración pública en perjuicio de una administración pública”. A fines de septiembre, el defensor de Gatica, Damián Torres advirtió de nuevos problemas en el cumplimiento de los plazos por “trámites ante el Registro de la Propiedad” entonces las transferencias “no estaba culminadas por cuestiones ajenas” a su defendido.
Hasta ahora, el dirigente cumplió con la cesión de dos lotes, otros dos están para finalizar y el par restante” está actualmente en el Registro para su conclusión”.
En la misma audiencia, el representante de la Fiscalía de Estado, Federico Rosbaco pidió a la jueza revoque la “condicionalidad de la pena” de prisión por el “incumplimiento”. La fiscal Paula Rodriguez Frandsen solicitó ampliar la información y, por eso, se convocó a la escribana Ana Karina Sosa, tras lo cual, la funcionaria judicial consideró que “las irregularidades” de los plazos eran de “organismos del Estado provincial” y que el condenado tiene “voluntad de cumplir”. Frandsen consideró más “conviene el cumplimiento” de lo acordado y “no que Gatica esté en prisión” aunque, finalmente, afirmó que acompañaría lo que decida la “Fiscalía de Estado porque es la víctima” en referencia a su defensa patrimonial.
Rosbaco insistió con su detención porque “es la tercera vez” que Gatica incumple y que “no se sabe cuándo se van a zanjar las dificultades expuestas” y que “las obligaciones asumidas por el condenado son modales y a nombre propio”.
En su opinión, la jueza coincide que no “dio estricto cumpliento a los plazos estipulados” pero consideró que “dicha demora no revisten la entidad suficiente como para revocar la condicionalidad de la pena impuesta”. Agrega que el atraso en la formalización de las escrituras “no es achacable en su totalidad a Gatica”.
En su resolución, la magistrada extiende el “plazo de cumplimiento de las pautas de conducta” por un año por “incumplir las obligaciones asumidas” y, luego, dice que supedita el “pedido de revocatoria efectuado por el ministerio Público y Fiscalía de Estado al cumplimiento del trámite notarial iniciado por el condenado” en relación a los cuatro lotes pendientes.
Ya existió un cambio, pero la discusión será el año próximo
Alejandro Gatica dejó finalmente la conducción de APEL después de 37 años.
Su salida se concretó porque la Legislatura lo exoneró el mes pasado, a partir que la Justicia lo condenó en agosto del 2020 por el delito de “administración infiel y por abuso en defraudación de la administración pública”.
En su reemplazo, el adjunto Gustavo Bringas asumió la secretaría general.
La renovación cierta se planteará el año próximo -posiblemente en febrero o marzo- con la elección de la conducción del gremio legislativo, pues se advierte que Gatica intentará la continuidad y el resguardo de su gestión con una propuesta que lideraría el actual secretario de la Juventud, Matías Montecino Sale. Esta promoción queda en evidencia porque, en las paritarias, APEL participaba con Bringas y Montecino Sale.
En la compulsa, en el 2018, Gatica enfrentó a una lista opositora, encabezada por Héctor Mazzola, acompañado por Adriana Araque, Gustavo Morón, Ricardo Ocejo y Orlando Bonillo.
El año próximo, seguramente, ese sector intente nuevamente acceder a la conducción del sindicato y no se descarta otra propuesta disidente del mismo oficialismo, entre ellos, del adjunto Bringas.
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