Causa Reggioni: abren el debate pero se suspenderá el juicio

Mañana está previsto que se inicie una causa por estafa contra el exintendente orense. El defensor va a introducir una prórroga para incorporar nuevas pruebas. Iniciará en mayo.  

Mañana está previsto el inicio del juicio contra el exintedente de Fernández Oro, Juan Reggioni, quien está acusado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo las partes, fiscalía y defensoría, acordaron pedir una prorroga al inicio del debate que introducir una prueba que para la defensa es clave.

“Es importante destacar el accionar del fiscal que hace lugar algunos planteos que tengo que formulé respecto del juicio. Esta es una causa muy politizada y nosotros sostenemos que a la fiscalía la están utilizando, por eso rescato la actitud de poner el freno y producir la prueba”, expresó el defensor del exintendente Antonio Barrera Nicholson. El juicio comenzaría en la primera semana de mayo.

Según la teoría de la fiscalía, el exmandatario compró de forma irregular una vivienda del loteo social III de la Fernández Oro. También será juzgado por le delito de estafa. Además están imputados en la causa como copartícipes, su pareja Elva Maldonado y su hijo Diego Quintero.

La investigación surgió a partir de un hecho contingente. En 2017 la vivienda en cuestión se incendió y tras una informe de este medio surgió que el inquilino de la vivienda ubicada en calle Tierra del Fuego le pagaba el alquiler a Reggioni. Eso fue lo que indicó Carlos Vásquez quien reclamaba que le paguen las pérdidas que sufrió tras el incendio. Actualmente él y su familia continúan viviendo en el mismo lugar pero sin pagar el alquiler hasta tanto no se resuelve el conflicto judicial.

El municipio, tras averiguar la situación de ese terreno, denunció penalmente al intendente y fue la Fiscalía que llevó adelante le proceso para llegar al debate oral y público. Las penas para este tipo de delito son excarcelables, pero en caso de probar los delitos el exintendente no podrá volver a ejercer un cargo público, además de una sanción económica.


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