Ceder

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Ayer entraron en vigencia las nuevas leyes laborales en Brasil. Los acuerdos entre empresas y trabajadores tendrán a partir de ahora validez por encima de la ley, lo que promete una profunda transformación en las relaciones de trabajo en ese país, regladas en 1943. El viernes hubo una protesta de unos pocos centenares de personas en San Pablo, que incluyó un reclamo por el proyecto de reforma del sistema previsional, que parece de más difícil trámite para el gobierno de Michel Temer.

¿Busca también Mauricio Macri cambiar la relación entre capital y trabajo en la Argentina? Según la CGT, ese es el objetivo de la reforma laboral que impulsa el gobierno. Como suele recordar Macri, la búsqueda de una mayor productividad no es un concepto ajeno a Perón. Para el peronismo, en cambio, implica convalidar un nuevo paradigma.

Después de la última reunión técnica en Trabajo, el consejo directivo de la central sindical postergó una definición sobre la reforma a la espera de un encuentro con el ministro Triaca. Hasta ayer no se había fijado fecha, pero podría ser en el arranque de la semana. Los gremios han manifestado rechazo, a discreción.

La discusión técnica del lunes pasado fue “tensa” y quedó en “stand by”, según uno de los abogados de los sindicatos que participó del intercambio. Contra lo esperado por los gremios, el proyecto oficial va más allá de la propuesta de un “blanqueo laboral” y propone modificaciones en varios artículos de la Ley de Contratos de Trabajo. Algunas guardan una extraordinaria semejanza con la reforma de Temer en Brasil, como las que impulsan la creación de un “banco de horas” que reduce el pago de horas extras o la creación de la figura del “trabajador autónomo independiente”, que quedaría excluido del régimen de contratos de trabajo. Los cambios en el cálculo de las indemnizaciones y a la facultad de las empresas de modificar formas y modalidades de trabajo son los más resistidos. Los gremios advierten sobre una transformación en el concepto mismo del término “trabajo” tal como figura en la ley actual (20.744): en el proyecto pasaría a ser entendido como un “valor social compartido” generador de “derechos y deberes recíprocos”. Equivale a nivelar las asimetrías entre los dos actores –empresarios y trabajadores– que consagra el derecho laboral en la Argentina.

De haberla, cualquier salida será política. Triaca abrirá este martes junto al jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, la IV Convención Internacional contra el Trabajo Infantil organizada por la OIT en el predio de la Sociedad Rural. “Es como hacer una convención contra el narcotráfico en la casa de Pablo Escobar”, dijo un hombre del gremio por el lugar que escogió el ministerio para el encuentro. Prometen que Macri cerrará las jornadas el jueves.

Los gremios han iniciado conversaciones con los bloques de representación peronista en el Congreso, en lo que parece una primera estrategia ante el avance de la reforma. Se descuenta que no será fácil para nadie que integre ese universo levantar la mano sin un aval de la CGT. Pero hay también otros jugadores.

Los gobernadores peronistas están atando su suerte a la firma de un nuevo pacto fiscal con el gobierno con compromisos para una baja de los impuestos y el gasto público –como suele decir el ministro Dujovne, “dos objetivos que compiten entre sí”– a cambio de otros males mayores. Varios de ellos ya han dicho que acompañarán los cambios en la actualización de las jubilaciones. De allí saldrán $112.000 millones. El alimento para la nueva criatura.

Las reformas de Macri agregan tensión a las relaciones en el interior del peronismo, que atraviesa una crisis de alcance indefinido. En ese gran colectivo piensa seguramente Macri cuando dice que ha llegado la hora de ceder.

El cambio equivale a nivelar las asimetrías entre los dos actores
–empresarios y trabajadores–, lo que consagra el derecho laboral en la Argentina.