Censores al acecho
Desde que al entonces presidente Néstor Kirchner se le ocurrió que sería una buena idea combatir la inflación con medidas que podrían calificarse de psicológicas, ya que según parece suponía que el aumento constante del costo de vida no se debía a factores económicos sino a las expectativas de los “formadores de precios”, de suerte que le resultaría fácil persuadirlos de que la sensación térmica no reflejaba la realidad, el gobierno se encuentra frente a un dilema muy desagradable. Por un lado, puede elegir abandonar el intento inútil de convencer a la gente de que el Indec está en lo cierto cuando dice que la tasa de inflación no supera el 20% anual como tantos aseveran sino que es inferior al 10%, lo que le sería humillante; por el otro puede aferrarse a su “verdad” cueste lo que costare e intentar silenciar a quienes se atrevan a ponerla en duda, con la presunta excepción de sindicalistas como Hugo Moyano. Por desgracia, sectores del gobierno kirchnerista han optado por la segunda alternativa, de ahí la campaña de intimidación del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra las consultoras privadas, a las que ha impuesto multas leoninas y, ahora, contra aquellos periodistas que aluden al tema. De seguir así, el funcionario infatigable no tardará en solicitar la detención por Interpol de la directora gerente del FMI, Catherine Lagarde, y un sinnúmero de economistas y comentaristas extranjeros que también han cuestionado la veracidad de las estadísticas confeccionadas por el Indec. A esta altura, incluso Moreno debería entender que, en opinión de casi todos, este capítulo del “relato” oficialista tiene más que ver con el realismo mágico literario que con la realidad económica del país, pero parece que, confiado en el apoyo de Cristina, no quiere darse por vencido. Como no pudo ser de otra manera, la iniciativa del juez Alejandro Catania, el que acaba de pedirles a distintos medios de la Capital Federal que le den los nombres, las direcciones y los números telefónicos de quienes hayan escrito sobre la inflación en los seis años últimos, ha provocado un revuelo de proporciones. Se trata de un intento evidente de amedrentar y por lo tanto de amordazar a los periodistas que se ocupan de temas económicos para que finjan tomar en serio los números proporcionados por el Indec intervenido. Aun cuando Catania no se haya propuesto hacer nada más que citarlos como testigos, la mera posibilidad de verse obligados a comparecer ante un juez y correr el riesgo de ser querellados por haber discrepado con Moreno será más que suficiente como para que algunos, tal vez muchos, periodistas, prefieran autocensurarse como tantos han hecho en el pasado. No exageran, pues, aquellos legisladores de la oposición que afirman que el requerimiento del juez les hace recordar los días de la dictadura militar, cuando para mantener intimidada a la prensa el régimen solía actuar del mismo modo, y advierten que el gobierno ya estará preparando “listas negras” de los reacios a limitarse a repetir el relato kirchnerista. Como dijo el titular del bloque radical de la Cámara baja, el jurista Ricardo Gil Lavedra, lo hecho por Catania “no tiene sostén jurídico, es una medida torpe, espantosa, producto de la mente calenturienta de este sujeto”, o sea, de Moreno, el funcionario que, a juicio de buena parte de la oposición y, si bien pocos lo dicen en público, del empresariado, ha contribuido más que cualquier otro a desprestigiar al gobierno nacional. No es ningún secreto que en el oficialismo anidan muchos individuos de mentalidad autoritaria que están más que dispuestos a hacer uso de la fuerza para silenciar a quienes piensan distinto. A menos que la presidenta Cristina los discipline, el país pronto será víctima de lo que el diputado del bloque peronista, Eduardo Amadeo, ha llamado “una escalada de represión ideológica”, de ataques contra la libertad de expresión, algunos supuestamente jurídicos, otros desembozadamente violentos. No sería la primera vez que ha ocurrido: nuestra tradición en materia de censura es larga. No sólo dictaduras militares sino también gobiernos democráticamente elegidos han empleado métodos propios de regímenes autoritarios para silenciar a quienes cuestionaban su versión particular de “la verdad argentina”. Es de esperar que el gobierno de Cristina no caiga en la misma tentación.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 945.035 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Lunes 26 de septiembre de 2011
Desde que al entonces presidente Néstor Kirchner se le ocurrió que sería una buena idea combatir la inflación con medidas que podrían calificarse de psicológicas, ya que según parece suponía que el aumento constante del costo de vida no se debía a factores económicos sino a las expectativas de los “formadores de precios”, de suerte que le resultaría fácil persuadirlos de que la sensación térmica no reflejaba la realidad, el gobierno se encuentra frente a un dilema muy desagradable. Por un lado, puede elegir abandonar el intento inútil de convencer a la gente de que el Indec está en lo cierto cuando dice que la tasa de inflación no supera el 20% anual como tantos aseveran sino que es inferior al 10%, lo que le sería humillante; por el otro puede aferrarse a su “verdad” cueste lo que costare e intentar silenciar a quienes se atrevan a ponerla en duda, con la presunta excepción de sindicalistas como Hugo Moyano. Por desgracia, sectores del gobierno kirchnerista han optado por la segunda alternativa, de ahí la campaña de intimidación del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra las consultoras privadas, a las que ha impuesto multas leoninas y, ahora, contra aquellos periodistas que aluden al tema. De seguir así, el funcionario infatigable no tardará en solicitar la detención por Interpol de la directora gerente del FMI, Catherine Lagarde, y un sinnúmero de economistas y comentaristas extranjeros que también han cuestionado la veracidad de las estadísticas confeccionadas por el Indec. A esta altura, incluso Moreno debería entender que, en opinión de casi todos, este capítulo del “relato” oficialista tiene más que ver con el realismo mágico literario que con la realidad económica del país, pero parece que, confiado en el apoyo de Cristina, no quiere darse por vencido. Como no pudo ser de otra manera, la iniciativa del juez Alejandro Catania, el que acaba de pedirles a distintos medios de la Capital Federal que le den los nombres, las direcciones y los números telefónicos de quienes hayan escrito sobre la inflación en los seis años últimos, ha provocado un revuelo de proporciones. Se trata de un intento evidente de amedrentar y por lo tanto de amordazar a los periodistas que se ocupan de temas económicos para que finjan tomar en serio los números proporcionados por el Indec intervenido. Aun cuando Catania no se haya propuesto hacer nada más que citarlos como testigos, la mera posibilidad de verse obligados a comparecer ante un juez y correr el riesgo de ser querellados por haber discrepado con Moreno será más que suficiente como para que algunos, tal vez muchos, periodistas, prefieran autocensurarse como tantos han hecho en el pasado. No exageran, pues, aquellos legisladores de la oposición que afirman que el requerimiento del juez les hace recordar los días de la dictadura militar, cuando para mantener intimidada a la prensa el régimen solía actuar del mismo modo, y advierten que el gobierno ya estará preparando “listas negras” de los reacios a limitarse a repetir el relato kirchnerista. Como dijo el titular del bloque radical de la Cámara baja, el jurista Ricardo Gil Lavedra, lo hecho por Catania “no tiene sostén jurídico, es una medida torpe, espantosa, producto de la mente calenturienta de este sujeto”, o sea, de Moreno, el funcionario que, a juicio de buena parte de la oposición y, si bien pocos lo dicen en público, del empresariado, ha contribuido más que cualquier otro a desprestigiar al gobierno nacional. No es ningún secreto que en el oficialismo anidan muchos individuos de mentalidad autoritaria que están más que dispuestos a hacer uso de la fuerza para silenciar a quienes piensan distinto. A menos que la presidenta Cristina los discipline, el país pronto será víctima de lo que el diputado del bloque peronista, Eduardo Amadeo, ha llamado “una escalada de represión ideológica”, de ataques contra la libertad de expresión, algunos supuestamente jurídicos, otros desembozadamente violentos. No sería la primera vez que ha ocurrido: nuestra tradición en materia de censura es larga. No sólo dictaduras militares sino también gobiernos democráticamente elegidos han empleado métodos propios de regímenes autoritarios para silenciar a quienes cuestionaban su versión particular de “la verdad argentina”. Es de esperar que el gobierno de Cristina no caiga en la misma tentación.
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