Qué hacer ante los procesos inflacionarios

La historia de nuestro país nos demuestra que los procesos inflacionarios de la República Argentina precedieron los derrocamientos de los gobiernos democráticos en los años 1966, 1973 y 2001 y además, azotaron al resto de los presidentes argentinos que debieron soportar insensiblemente estos complejos procesos económicos.

Los procedimientos correctivos orientados al abordaje de la inflación -hasta la actualidad- no han brindado resultado positivo. Desde la implementación de los “Precios Máximos”, la vigencia de los “Precios Cuidados”, la adopción de precios “indicativos”, el Plan Austral, la publicación de la Canasta Familiar Controlada, etc. no obtuvieron resultado favorable, a pesar de ser pergeñados en beneficio del conjunto.

Cuando la distorsión sufrida en los precios de los productos genera un efecto de “oleaje” y se registra un aumento en los precios de los combustibles, aumentan instantáneamente los demás precios de venta de los productos comestibles y a ello, se debe adicionarle, el aumento desproporcionado del resto de los bienes.

¿Qué acción directa debe implementar el Gobierno Nacional ante este doloroso proceso inflacionario que atenta contra la vulnerabilidad del asalariado y la gobernabilidad a un país…?

Lo que debe hacerse ante esta eventualidad sería la conformación de un Consejo Nacional Económico y Social donde converjan todos los sectores representativos de la sociedad desde la iglesia, gremios, empresariado e instituciones públicas con el Gobierno, a los fines de celebrar un acuerdo nacional a largo plazo.

Sabemos que en el actual contexto de aumentos de precios, la inflación atenta directamente contra el patrimonio del asalariado y las paritarias produce un efecto de letargo doloso. O sea, primero aumentan los bienes y servicios, la renta, etc. y por último, aumentan los salarios de los trabajadores. Muchas veces, la culpa de la inflación se le endilga al Gobierno nacional cuando en realidad constituye una picardía reiterada del empresariado argentino. Con una ganancia del 20% para el fabricante, un 33,33% para el minorista, el producto salido de fábrica a consumidor final no debería excederse del 60% de ganancia, margen de utilidad suficiente para tener una rentabilidad asegurada.

*Docente. Ex Concejal de Viedma (PJ ) Fundador y 1º Presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor de Viedma.