Cómo se gestó la acción del campo

En el marco de su política anti-inflacionaria, el gobierno no quiere dejar nada librado al azar y pretende por todos los medios evitar que el costo de vida crezca por encima de los dos dígitos este año.

El caso de la carne es un tema muy preocupante para los funcionarios del Palacio de Hacienda, ya que el precio tiene una incidencia del 4,5 por ciento en el índice de inflación y además puede desencadenar aumentos en otros productos de primera necesidad.

Por eso, para incrementar la oferta de hacienda y evitar una suba en los valores de venta al público, el gobierno eligió dos caminos: implementar un cuasi control de precios en Liniers y limitar en un 30 por ciento las exportaciones.

Las restricciones en las ventas externas es lo que más inquieta a los ganaderos, ya que de esa manera no pueden sacar provecho de la suba en los valores internacionales de la carne, que en el último año estuvo cerca del 50 por ciento.

Frente a este panorama, los ganaderos optaron por restringir el envío de animales a la plaza de Liniers y prefirieron vender la hacienda en otros remates, donde en lugar del 2,60 pesos por kilo obtienen hasta 4 pesos.

En este contexto fue creciendo el malestar entre los hombres del campo y desde las entidades que integran CRA como Carbap (Buenos Aires y La Pampa), Cartez (Córdoba, San Juan y San Luis) y Carsfe (Santa Fe), se fue gestando un paro que promete profundizar las diferencias.

Anoche, la ministra de Economía, Felisa Miceli, admitió el derecho que le asiste a la dirigencia agropecuaria de convocar a un paro nacional de actividades, aunque les advirtió que «esta no es la forma de resolver los problemas». En una conferencia junto al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, Miceli aseguró que «no faltará carne en la mesa de los argentinos a precios razonables». (DyN y R.Central)