Congreso colombiano, blanco de FARC

El Congreso colombiano vuelve a estar en la mira de las FARC. Tras padecer los rigores del secuestro, el cuerpo legislativo enfrenta ahora los ataques selectivos de esa guerrilla que, según el gobierno, intenta con ello contrarrestar su estrategia de seguridad.

En la última semana, los parlamentarios pasaron a engrosar de nuevo la lista de objetivos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marxistas), que los acusa de legislar en «favor de la guerra que lidera» el presidente Alvaro Uribe.

La nueva amenaza que se cierne sobre el Congreso -y que para la prensa bogotana revive la época de terror que vivió el país por cuenta del narcotráfico- coincide con el análisis de proyectos que el Ejecutivo cataloga de sustanciales para su lucha contra los grupos ilegales. El gobierno ha hecho especial énfasis en iniciativas como la ley de incautación de bienes, la prórroga de varias medidas de orden público, la entrega de poderes judiciales a las fuerzas militares y otras propuestas que apuntan a reforzar su plan de seguridad.

La mayoría de esos proyectos -excepto el de las facultades para el Ejército- ha contado con el respaldo de un importante número de legisladores, que esta semana se aprestan a dar trámite a las propuestas gubernamentales. Sin embargo, esa adhesión tiene hoy al Congreso en la mira de las FARC, que en el pasado también dirigió su accionar contra esa corporación secuestrando a seis de sus miembros.

El Poder Legislativo afrontó bajo el gobierno del presidente Andrés Pastrana el asesinato de un número similar de congresistas, en hechos en los que también están involucrados paramilitares de ultraderecha. El grupo rebelde fue acusado por el propio presidente Uribe de enviar el viernes una agenda bomba al senador Germán Vargas, que le causó la amputación de uno de los dedos de la mano izquierda, y de hacer detonar una bomba en el restaurante de un lujoso hotel del centro de Bogotá, donde se hospedan congresistas y dirigentes. (DPA)