Conmociones

En una misma semana, el Poder Ejecutivo rionegrino ha vivido tres conmociones políticas importantes: – Descubrió que un funcionario pagaba sueldos al menos a tres directoras inexistentes, bajo las narices del ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, y revelando una precariedad notable en el sistema. – El cómputo provisorio de una reñida elección desplaza de UPCN a Juan Carlos Scalesi, quien desde 1987 participa de la conducción del gremio estatal en Río Negro con un estilo funcional a los gobiernos, incluido el presente. La impugnación de tres mesas y el postergado escrutinio final dejó en suspenso la proclamación y la presunción de fraude. – El juez penal Favio Igoldi procesó a ocho funcionarios, exdirectivos de Horizonte y empleados de la aseguradora. No son buenas noticias para un gobierno que ya venía con el paso cambiado después de que, la semana anterior, Anses objetara otra doble percepción del ministro de Seguridad, Oscar Albrieu, y Miguel Pichetto confirmara que será candidato a gobernador aun cuando eso implique enfrentar al actual mandatario del Frente para la Victoria, Alberto Weretilneck. Para evaluar los procesamientos dictados por el juez Igoldi conviene repasar cómo surgió esta causa, la más claramente política de las que se tenga memoria. – El 1 de marzo, el intendente Martín Soria cuestionó la “parálisis” del gobierno provincial. – Por escrito, el gobernador Weretilneck atribuyó esa crítica “a las negativas al intento de negociados y prácticas corruptas” en “el tema petrolero, en materia de juego y en la obra pública”. – La fiscal instó acción penal y el juez pidió precisiones al mandatario. – Weretilneck cambió su acusación: aludió a una presunta presión de Martín Soria sobre el modo de cálculo del seguro de vida de su padre y a un pedido para favorecer que una refinería se instalara en Roca. – El juez se ocupó del seguro: allanó Horizonte y la Casa de Gobierno y llamó a indagatoria a doce funcionarios, directivos de Horizonte y empleados. – El miércoles procesó a ocho, sobreseyó a dos y dictó falta de mérito a otros dos. El rol del juez es ahora el eje de la controversia. El magistrado, que asumió en septiembre del 2013, alimentó en ocho meses un récord estadístico: procesó a 58 funcionarios y empleados públicos, en un largo listado que incluyó al exjuez del Superior Tribunal de Justicia Víctor Sodero Nievas, al exgobernador Miguel Saiz, a los exministros Daniel Sartor y Juan Accatino, al exjefe de Policía Víctor Cufré, al exdirectivo de Vialidad Carlos Sansuerro y a 30 policías. En el mismo tiempo acumuló en su contra cuatro pedidos de juicio político, todavía en trámite. ¿Es un héroe anticorrupción o un confuso buceador en aguas turbias? Resulta difícil responder la cuestión. Por lo pronto, la resolución por la cual procesó a ocho funcionarios, exdirectivos de Horizonte y empleados no pasará a la historia como un fallo solvente. Especialistas de toda la provincia se apuran en señalarle múltiples fallas. Igoldi ve delito en que se hayan pagado los seguros del IAPS y de Horizonte luego de que –a su juicio– la muerte del exgobernador Carlos Soria se comunicara fuera de tiempo, lo que originaría caducidad del derecho a percibir toda suma. Varios aspectos resultan llamativos en la resolución del magistrado: – En caso de seguros corporativos, la póliza tiende a cubrir la responsabilidad del empleador. Por eso, se entiende que el seguro de vida obligatorio rige desde la vigencia del contrato laboral y desde el llenado de la ficha por parte del contratante, en este caso, el Estado. El juez afirma que la solicitud consolida el seguro, no objeta la ficha ni la firma del fallecido exgobernador ni la determinación de sus hijos como beneficiarios. – Pero sí considera grave que se comunicara “tarde” el magnicidio, que tuvo inmediata difusión nacional, sugiriendo que la aseguradora debió violar el principio de buena fe que rige el pago de los seguros haciéndose la distraída. – El juez iguala en el procesamiento a personas de muy distinta condición: el vicepresidente de Horizonte cuando se otorgó el beneficio, la empleada administrativa que cumplió una orden y el presidente de la aseguradora que asumió meses después y sólo autorizó el pago de la cuota 3 en un expediente finalizado y que nadie había objetado hasta ese momento. – Procesa al abogado del IAPS pero libera al asesor legal de Horizonte, con una pobre fundamentación del distingo entre ambos. – Procesa a una de las gerentas de Horizonte pero dispone la falta de mérito de otra, cuando ambas firmaron órdenes de pago. – Invoca defender el patrimonio de Horizonte –una sociedad anónima– pero imputa a sus responsables y empleados delitos propios del derecho administrativo, que sólo pueden tener como sujeto pasivo el patrimonio estatal. Sin embargo, no dedica ni un párrafo de su resolución para justificar tal conducta. – Sobresee a dos empleados de Horizonte pero procesa a otra. – Siendo un juez penal, resuelve sobre cuestiones propias del derecho civil y comercial y del derecho administrativo, sin pedir una pericia a un especialista en seguros ni solicitar a la superintendencia de la actividad un informe sobre el tema. – Cita doctrina de derecho societario para imputar delitos contra la cosa pública. – Menciona que el propio Weretilneck avaló el pago del seguro pero no explica por qué no lo cita ni lo imputa. Conocida la resolución, el gobierno la calificó de “arbitraria” y ratificó en sus cargos a los funcionarios alcanzados por la medida. Varios de ellos, en tanto, anunciaron que apelarán la resolución. Sandro Chaina dijo que el juez “se comió un amague de la política”. La legisladora Ana Piccinini, que “no cree” que los hijos de Soria no tuvieran injerencia en el trámite del seguro. Y Martín Soria alegó que “el juez me da la razón: Weretilneck miente”. Para la ciudadanía, que poco conoce de procedimientos de seguro o resoluciones judiciales, la confusión podría significar una contribución al descreimiento en las instituciones del Estado. Por eso, será importante ver qué actitud adopta la Cámara del Crimen de Viedma que –hasta el momento– anuló el procesamiento de Igoldi a Sodero Nievas pero ratificó los que afectaron a Accatino, Cufré y los exfuncionarios Daniel Tait, Dante Sartor, Marcela Rossio y Ricardo Prati. Eso, en principio, impide que quienes señalen fallas en esta causa pretendan invalidar todo lo actuado por el magistrado. Como fuere, el invierno arde en la política rionegrina. El viernes, la presencia en Viedma del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, sirvió para reunir al PJ en la sede partidaria. Y, también, para evidenciar la incomodidad entre el gobernador, Pichetto y la militancia del principal partido del Frente para la Victoria. La tensión –cada vez más manifiesta– se centrará ahora para Pichetto en impulsar las PASO, que para Weretilneck son una piedra en el zapato.

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

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