Conspiración judicial

No se equivocó por completo el pronto a ser ex juez federal Carlos Liporaci cuando se afirmaba «víctima de una conspiración desestabilizante de las instituciones de la República» impulsada por sectores que «pretenden la convulsión del país», pero ocurre que dicha «conspiración» no fue puesta en marcha el año pasado en ocasión del escándalo más reciente protagonizado por el Senado de la Nación, sino hace mucho tiempo cuando los dirigentes políticos más influyentes decidieron privilegiar a mediocridades presuntamente leales, en desmedro de personas mejor preparadas tanto profesional como moralmente para desempeñarse como jueces. Una consecuencia previsible de la actitud irresponsable de aquellos políticos fue la llegada a puestos clave de muchos individuos que en una república más sana que la nuestra nunca hubieran tenido la menor posibilidad de ingresar en la magistratura. En este sentido, por lo menos, Liporaci tiene derecho a considerarse víctima de una «campaña» o «maniobra» política, si bien es poco probable que logre entender que se cometió una grave injusticia nombrándolo juez y que la decisión unánime del Consejo de la Magistratura de acusarlo de «mal desempeño en sus funciones, inconducta e inmoralidad» constituyó un intento tardío de reparar los perjuicios ocasionados por el haberle permitido desempeñar una función que exige cualidades que jamás ha poseído.

Liporaci, un «juez de la servilleta» -o sea, uno que debe su eminencia exclusivamente a su presunta voluntad de ayudar a sus amigos políticos- debe su celebridad actual a la «mala suerte» de haber sido el elegido para encargarse de la investigación de uno de los asuntos más bochornosos de los últimos tiempos, ya antes de cobrar entidad el caso de las coimas en el Senado nacional era un personaje sospechoso de favorecer sistemáticamente a figuras dudosas vinculadas con el menemismo, entre ellos Alberto Samid, el empresario de la carne que ha sido acusado de evadir impuestos por la friolera de 60 millones de pesos, el tristemente célebre banquero Raúl Moneta y el ex ministro del Interior, José Luis Manzano. Sin embargo, está al borde de la destitución no por los fallos difícilmente explicables que les permitieron vivir en libertad, sino por el aumento vertiginoso de su patrimonio personal y por el habérselas arreglado para que a los quince años a su hija le fuera regalada una pensión graciable de 500 pesos mensuales otorgada por un diputado peronista. Con un poco de ingenio, siempre es posible confeccionar una explicación supuestamente jurídica de cualquier fallo, por aberrante que sea a ojos de los demás, pero no lo es justificar la compra de una mansión que cuesta más de un millón de pesos sobre la base de un sueldo de aproximadamente 5.000 pesos mensuales. En cuanto a la pensión graciable conseguida por su hija, se trata de una canallada vergonzosa que ninguna persona decente podría tolerar.

Desafortunadamente, Liporaci dista de ser un integrante atípico de la magistratura local. A través de los años, han prosperado las carreras de una cantidad inverosímil de esperpentos, para emplear la palabra usada a comienzos de la gestión del presidente Carlos Menem por el entonces ministro de Justicia, Carlos Arslanian. El país ya ha tenido que pagar un precio muy elevado por la resistencia de la clase política a preocuparse por la idoneidad de los candidatos y continuará abonándolo en cuotas durante mucho tiempo porque, por razones evidentes, depurar la Justicia marginando a los indignos no es nada fácil. Asimismo, a pesar de todo lo ocurrido en los años últimos, no hay demasiados motivos para creer que en adelante todos los responsables de nominar a los jueces estarán dispuestos a pensar menos en los méritos políticos de sus correligionarios o compañeros, que en otros factores más pertinentes. Puede que el Consejo de la Magistratura sirva para impedir que en el futuro cuestiones tan importantes como la supuesta por la presunta compraventa de leyes en el Senado sean confiadas a individuos como Liporaci, pero sorprendería que consiguiera dar lugar a la mejora cualitativa que están reclamando tantos ciudadanos, entre ellos muchos jueces que se sienten asqueados por la conducta despreciable de sus colegas más famosos.