Contaminación de los ríos: el amparo cumplió tres años pero no camina

Fue presentado por concejales y vecinos de diferentes ciudades de la región, para preservar la cuenca conformada por el Limay, Neuquén y Negro. Una medida cautelar inicial ordenó presentar un plan de remediación y saneamiento, pero después la causa se paralizó porque no se define la competencia.

Tres años se cumplieron desde que se presentó el amparo que busca frenar la contaminación de la cuenca conformada por los ríos Neuquén, Limay y Negro.

Y a pesar del impulso inicial que tuvo la causa, con una medida cautelar que ordenó diseñar un plan de remediación y saneamiento, el expediente se encuentra hoy virtualmente paralizado, porque todavía no se define si se trata de un caso que puede resolver el Juzgado Federal de Roca o tiene que viajar a Buenos Aires por la competencia originaria de la Corte Suprema.

Mientras tanto, en las ciudades ubicadas aguas abajo del río Negro continúan las denuncias públicas por acciones perjudiciales para el ambiente, como la descarga de líquidos cloacales sin tratamiento o la presencia de metales en las aguas, advertida por estudios preliminares.

Esa preocupación se hizo visible durante las últimas semanas con los “abrazos” al río Negro que se realizaron en diferentes localidades, una acción que ayer se replicó en Roca, con actividades artísticas en la zona del parador de la Isla 32.

La movida organizada por la Asamblea Socioambiental incluyó una junta de firmas para un petitorio a las autoridades de todos los niveles del Estado, reclamando que la salud de los ríos sea una prioridad.

“Sabemos que los tiempos de la Justicia son lentos, pero nos parece que la situación se está extendiendo demasiado”, sostuvo Martín Pamio, uno de los firmantes del amparo ambiental presentado el 16 de septiembre del 2016 en los tribunales federales de Roca. Esa acción tuvo como firmantes a vecinos y concejales de ciudades ubicadas entre el Alto Valle y el Valle Inferior.

En ese momento el juzgado de primera instancia tenía como subrogante a la jueza de Neuquén, Carolina Pandolfi, quien declaró la admisibilidad del recurso y el 12 de octubre impuso pautas concretas a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

Aceptando la medida cautelar que pidieron los amparistas, la resolución de la magistrada estableció que en un plazo no mayor a seis meses la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas debía presentar un plan de remediación y saneamiento de la cuenca, con “un claro proyecto ejecutivo” que tenga precisadas las fechas de avance de cada etapa.

Cambio de criterio

Sin embargo, con la asunción del actual juez federal de Roca, Hugo Greca, se produjo un giro en las actuaciones, ya que el magistrado consideró que la causa estaba fuera de su competencia, por tratarse de un reclamo a un ente conformado por tres provincias (Río Negro, Neuquén y Buenos Aires) y el Estado nacional.

La decisión de primera instancia fue apelada por los amparistas, quienes argumentaron que debía intervenir el juzgado con mayor cercanía geográfica al lugar donde están ocurriendo los hechos denunciados.

Ante ese planteo, el 23 de mayo del año pasado la Cámara Federal de Roca ratificó la decisión de Greca, coincidiendo en la necesaria intervención de la Corte.

La instancia de revisión que presentaron los amparistas también fue rechazada por el tribunal, y ante eso se presentó un recurso extraordinario, para que el máximo tribunal del país determine quién tiene la competencia para intervenir.

Pero hasta la semana pasada, cuando se cumplieron los tres años desde que se presentó la acción inicial, el expediente permanecía en Roca.

Pamio explicó que presentaron un pronto despacho para agilizar el trámite, aunque fuentes judiciales hicieron saber que las demoras en el envío de la causa a Buenos Aires respondían a requisitos incumplidos por los amparistas.

Hay que tener en cuenta que la Corte intervendrá en este caso para poner punto final a las diferencias sobre el encargado de analizar el amparo.

Recién después llegará la etapa en la que se analice el fondo de la cuestión. Por lo tanto, es previsible que pasen varios años más hasta que se determine oficialmente si la cuenca está contaminada, por quién y qué acciones deben llevarse a cabo para revertir el escenario negativo.

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“La contaminación existente en el río se debe a la desidia e improvisación de los gobernantes”, afirma la nota que ya fue firmada por decenas de roquenses y que será elevada en los próximos días a las autoridades políticas y judiciales de Río Negro.

El texto también hace foco en “la falta de escrúpulos del capital con su obscena búsqueda de rentabilidad” y en “la falta de conciencia del ciudadano común” como factores determinantes para este presente con recursos naturales en riesgo.

Luego de repasar los informes de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de Prefectura Naval y de la propia Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que revelan “un altísimo grado de contaminación”, el documento concluye con el pedido a funcionarios locales, provinciales y nacionales para que tomen medidas para revertir la situación.


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