Contra la Justicia

Hay que suponer que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sabe los nombres y apellidos de aquellos jueces que –según denunció ante la Asamblea Legislativa– cobran por excarcelar o eximir de prisión a delincuentes que están en condiciones de abonar los montos “tabulados”, pero que por razones que no quiso aclarar prefirió no decirnos quiénes son. Como no pudo ser de otra manera, la acusación tremenda, si bien genérica, que formuló Cristina ha motivado una causa penal, impulsada por el abogado infatigable Ricardo Monner Sans, por encubrimiento, ya que es deber de todo funcionario público, incluyendo, desde luego, a la presidenta de la República, tomar las medidas apropiadas si cuenta con evidencia de que jueces determinados están lucrando en base de sus fallos. Por ser abogada ella misma, Cristina entenderá tan bien como cualquiera que es una cosa acusar a algunos jueces de “garantismo” excesivo y otra muy distinta afirmar que dejan libres a delincuentes a cambio de dinero. También hay una diferencia muy grande entre descalificar a la oposición, tratándola con desprecio, por un lado y por el otro hacer lo mismo con la Justicia en su conjunto, como si conformara lo que el diputado Néstor Kirchner llama “el Partido Judicial”. Puede que sea poco sensato de su parte ensañarse tanto con sus adversarios políticos, pero es innegable que tiene derecho a criticarlos, con razón o sin ella, por no proponer alternativas concretas. En cambio, embestir de manera indiscriminada contra la Justicia con el propósito aparente de desprestigiarla equivale a declararse por encima de la ley. Puesto que en un Estado de derecho nadie lo está, a menos que Cristina acate el fallo según el cual queda bloqueado el uso de las reservas del Banco Central para pagar deuda a los acreedores privados, podría ser denunciada por desobediencia, como le advirtió la jueza en lo Contencioso Administrativo, Claudia Rodríguez Vidal, la que por su parte insiste en que no “defaulteó” la deuda pública sino que suspendió el decreto correspondiente hasta que el Congreso lo apruebe, ya que “eso es la división de poderes”. Que la presidenta se haya sentido molesta por la intervención de la Justicia puede entenderse. Como muchos otros mandatarios a través de los años, le parece irracional que jueces puedan arreglárselas para desvirtuar medidas que en su opinión no sólo son razonables sino necesarias, pero bien que mal tiene que resignarse a que por ser la Argentina una democracia republicana no tiene más opción que respetar las reglas existentes aunque, claro está, convendría modificar algunas para que en el futuro la Justicia no funcione como “una máquina de impedir” manejada por grupos que anteponen sus propios intereses a los de la comunidad. Para la presidenta actual, ya es demasiado tarde para emprender reformas de tal tipo porque no contaría con la colaboración de aquellos legisladores de la oposición que comprenden que la modernización de nuestro código legal debería considerarse prioritaria. Sucede que hasta hace muy poco el tema no le interesó, ya que confiaba en el apoyo de mayorías en ambas cámaras del Congreso y en la buena voluntad, por decirlo de algún modo, de jueces a los que no se le ocurrió calificar de “alquilados” o “venales”. Al igual que muchos políticos opositores, los voceros de entidades como la Federación Argentina de la Magistratura están procurando tranquilizar los ánimos por temor a que la crisis provoque una nueva convulsión institucional, aunque su forma de hacerlo habrá contribuido a agravar todavía más el clima de crispación que fue provocado por la sorprendente agresividad presidencial. En una declaración reciente, la FAM manifestó “su indignación… preocupación y estupor” por lo dicho por Cristina ante la Asamblea Legislativa y, el día siguiente, en un discurso difundido por la cadena nacional, pero así y todo pidió a todos “bajar el tono” y aseguró que “no vamos a ser actores del incendio” al que “puede llevar la sinrazón”. Por desgracia, hasta ahora no se han producido señales de que el gobierno kirchnerista esté dispuesto a reconocer que, por haber cambiado la realidad política, no le cabe más alternativa que la de adaptarse a ella, de ahí la sensación creciente de que los próximos actos del drama político nacional serán aún más agitados que los anteriores.