Contradicción oficial por la cárcel de Senillosa

NEUQUÉN (AN).- El gobierno provincial dio marcha atrás en los cuestionamientos a la construcción de la cárcel de Senillosa. Ayer difundió las conclusiones de un informe elaborado por funcionarios, diputados nacionales y técnicos, que reivindicaron la «solidez técnica de la unidad penitenciaria» frente a las críticas que habían surgido en un informe oficial previo.

En el nuevo informe, según se afirmó en el parte de prensa, también había participado el vocal del TSJ, Guillermo Labate, quien ante la consulta de «Río Negro», no sólo negó la información sino que ratificó las críticas al proyecto. «Yo dije que era desmedido. No participé en esa reunión, aunque sí tomé conocimiento después de un informe, que no comparto», aclaró el vocal.

Según el comunicado de prensa difundido ayer por la secretaría de Estado de Relaciones Institucionales y Coordinación, el 7 de julio se realizó una «reunión aclaratoria» de «los dichos periodísticos de fecha 12 de junio», cuando Labate cuestionó públicamente el proyecto por primera vez. Al día siguiente, el fiscal del TSJ, Alberto Tribug, ordenó investigar la construcción de la obra, principalmente porque el vocal se basó en un informe técnico elaborado por una comisión de expertos del ministerio de Justicia, Trabajo y Seguridad en el que, en un capítulo titulado «Problemas de proyecto que se pueden mejorar pero no salvar», consignó las fallas: que las tierras donde se asienta la cárcel están un metro y medio por debajo del nivel de un canal de riego que pasa a su lado, que el volumen de las celdas individuales es casi un metro cúbico más chico de lo que marcan las pautas internacionales, que a través de los ventiluces de los patios pasa una persona con facilidad, que en algunos sectores hay vidrios comunes y que está previsto que la armería funcione al lado del sector de ingreso de los internos, entre otros problemas.

«Lo concreto es que una obra de esa envergadura requiere al menos la preparación, capacitación y efectivización del personal necesario para ponerla en marcha. Y eso no está», rebatió Labate, que remarcó la contradicción de ambos informes oficiales: «por un lado dicen que está todo bien y por el otro, un grupo de trabajo del ministerio había dicho que no», advirtió.

La comunicación difundida ayer dio cuenta del nuevo informe, que ratificó «la solidez técnica de la unidad penitenciaria» y que «la obra responde a un lineamiento filosófico de máxima actualidad en el mundo». También se defendieron los costos -3.814 pesos por metro cuadrado y un total de 74.253.112 pesos de inversión-, se destacó que «las rejas están colocadas correctamente» y que los vidrios en espacios comunes «son de alto impacto», en respuesta a dos de los cuestionamientos por la seguridad del complejo que surgieron de el informe previo de la otra comisión oficial.