Coparticipación: acuerdo a varias puntas

apuntes para la semana

El acuerdo celebrado en Córdoba entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y los gobernadores de todas las provincias para la devolución gradual, en cinco tramos de 3% por año, del 15% de coparticipación de impuestos nacionales que se retienen con destino a la Anses cerró una negociación que se extendió durante casi cinco meses y promete más derivaciones políticas y económicas en lo que resta de este año.

La Casa Rosada ofreció dos incentivos extras para apurar la firma de los acuerdos individuales. Por un lado, un tope del 50% por encima del cual la Nación no podrá compensar las deudas que mantengan las provincias –hasta el 2019– con el 3% de impuestos coparticipables que se devuelvan anualmente. Por otro, la opción de obtener más liquidez a través de un préstamo subsidiado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, equivalente al 6% adicional en el 2016 y del 3% para cada uno de los próximos tres años. Los intereses no se capitalizarán, serán devengados a partir de cada desembolso y se pagarán semestralmente con una tasa de 15% anual vencida para este año y el próximo y de 12% anual para el 2018 y el 2019.

En la práctica, este mecanismo automático reduce el margen de discrecionalidad del gobierno central en la transferencia de fondos a las provincias, que Cristina Kirchner había utilizado sistemáticamente para premiar a los gobernadores alineados y castigar a los más díscolos. Su impacto será diferente para cada provincia, salvo en los casos de Córdoba, Santa Fe y San Luis, que obtuvieron el fallo de la Corte Suprema de Justicia para la restitución inmediata del 15% de impuestos retenidos.

Según se desprende de un cálculo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los 3 puntos de coparticipación que en el 2016 recibirá la provincia de Río Negro equivalen a 378 millones de pesos, mientras que con los 6 del préstamo del FGS obtendrá otros 756 millones en el segundo semestre. El total suma 1.134 millones, una cifra similar a la anticipada días atrás por el gobernador Alberto Weretilneck. En el caso de Neuquén, los montos equivalen a 243 millones de pesos por coparticipación y a 486 millones con el préstamo, lo que reduce el total a 729 millones para este año.

Otra comparación que surge del mismo informe es que cada punto de coparticipación restituida representa para Río Negro el 3,1% de la recaudación anual de Ingresos Brutos y para Neuquén el 1% (proporciones que deben multiplicarse por tres para el 2016). En cambio, son similares como porcentajes de la deuda con la Nación (4,6 y 4,9%, respectivamente, por cada punto).

Pero más allá del alivio fiscal y financiero que representan para las provincias, los acuerdos entre la Nación y los gobernadores tienen varias aristas políticas que no pueden pasarse por alto.

Por lo pronto, fueron suscriptos el mismo día en que la Cámara de Diputados iniciaba la maratónica sesión que concluyó 18 horas después con la sanción de la ley de “emergencia ocupacional” (prohibición de despidos y suspensiones por 180 días y doble indemnización). Imprevistamente, el oficialismo contribuyó al quórum para que fuera tratada y aprobada sin cambios por la oposición, para evitar que volviera al Senado y precipitar así el anunciado veto de Mauricio Macri. Sin embargo, lo más sugestivo es que prácticamente ningún senador cuestionó luego el veto de la ley, pese a que a fin de abril había sido votada (por 48 a favor y 14 en contra) por todos los bloques opositores en la cámara alta.

En caso de que la oposición acuerde ahora rechazar el veto presidencial, el Congreso necesitaría el voto de los dos tercios de cada una de las cámaras. A priori, esta posibilidad parecía más factible en el Senado, donde el PJ tiene mayoría propia, que en Diputados, donde Cambiemos y el Frente Renovador suman más bancas que el Frente para la Victoria. Pero al vetar la ley, Macri dejó descolocado al bloque de Sergio Massa y su proyecto alternativo, con lo cual no sería descartable que al menos un sector del FR se incline por rechazar el decreto presidencial junto con el FpV. En esta hipótesis, para el oficialismo es crucial evitar que el PJ alcance el mismo número de votos que el mes pasado.

A partir de este dato, no pocos analistas políticos dedujeron la existencia de un acuerdo tácito entre Macri y los gobernadores. Según esta interpretación, a cambio de los fondos coparticipables y la asistencia financiera extra a las provincias a través de la Anses, el oficialismo buscaría el apoyo de senadores de la oposición para varios objetivos relativamente cercanos.

Uno de ellos sería activar la demorada aprobación de los pliegos de los juristas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Si bien a mediados de marzo ambos tuvieron dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, posteriormente la cámara alta postergó sin fecha esas designaciones en medio del revuelo político por la ley antidespidos. En el ínterin, el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá presentó además otro proyecto para elevar de 5 a 9 el número de integrantes de la CSJ y forzar una negociación.

Otro objetivo de la Casa Rosada sería asegurarse el respaldo de buena parte de los gobernadores para el proyecto de ley de blanqueo y moratoria, que prevé enviar al Congreso en los próximos meses y constituirá una pieza clave para la política económica. No sólo porque el ingreso de dólares no declarados permitiría reactivar la alicaída actividad económica sino, principalmente, porque aumentará los ingresos fiscales a través de las alícuotas diferenciales que se establezcan para regularizar la situación de los evasores impositivos.

Esos fondos engrosarán la masa de recursos coparticipables con las provincias, con lo cual es previsible el apoyo de los gobernadores y, por extensión, de buena parte de los senadores. Pero en todo caso, el proyecto puede ser el preludio de otro intenso debate en el Congreso: el oficialismo ya blanqueó su intención de recuperar el Fondo del Conurbano bonaerense, congelado desde hace años. Y allí no sólo se jugará el aumento de recursos para la provincia de Buenos Aires sino también el futuro de la elección legislativa del 2017 en el distrito con mayor número de votantes.

Según un trabajo del Iaraf, los 3 puntos de coparticipación que recibirá Río Negro equivalen a $ 378 millones. Con los 6 del préstamo del FGS, obtendrá $ 756 millones.

En el caso de Neuquén, los montos equivalen a $ 243 millones por coparticipación y a 486 millones con el préstamo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad.