Cordero sin paz: desalojo y más cortes

El conflicto municipal de Cordero tuvo ayer una de las jornadas más tensas, con el desalojo de las personas que impedían el acceso edificios públicos, la detención de cinco manifestantes y el posterior corte de la Ruta 151.

La intervención de la Policía se produjo a primera hora, alrededor de las 6, por orden de la Justicia, aunque el gremio ATE aseguró que no existía una decisión oficial que habilitara a realizar el procedimiento.

Reclamando la libertad de los detenidos y la apertura del diálogo con el intendente, Gustavo Pita, el sindicato apostó a afiliados y adherentes a media mañana sobre la ruta que comunica el Alto Valle con el norte de la provincia, El piquete se levantó alrededor de las 15 y se reactivará hoy a las 8.

La crisis en la localidad comenzó hace 42 días, cuando nueve empleados del municipio fueron despedidos. El gremio ATE intervino y desde entonces no se pudo llegar a un acuerdo. Los empleados reclaman ser reincorporados y además piden mejoras salariales. Para esto se han manifestado frente al municipio y cortaron el tránsito sobre la Ruta 151 en numerosas oportunidades. Incluso se trasladaron a los puentes que unen Cipolletti-Neuquén, sin haber conseguido nada.

Todo empeoró la semana pasada, cuando apedrearon la comisaría local. Las imágenes de los destrozos quedaron registradas en una filmación.

“El intendente había ido a la comisaría a denunciar a los manifestantes que no lo dejaron entrar al municipio y que lo amenazaron con recurrir a la violencia si lo hacía”, explicó el fiscal Martín Pezzetta. Esa terminó siendo la prueba para acusar a los manifestantes de otros delitos: coacción agravada, daño agravado y turbación de la posesión.

El fiscal Pezzetta promovió acción y la jueza Sonia Martín resolvió “requerir al jefe de la Regional Quinta que arbitre los medios necesarios para garantizar el libre tránsito por la vía pública (calle y acera) que circunda la municipalidad”.

Con ese contexto, minutos después de las 6 de ayer personal policial demoró a cinco manifestantes (cuatro empleados municipales y un vecino que los acompañaba). “Se debía garantizar la libre circulación y estas personas estaban obstruyéndola. Se las detuvo por desobedecer una orden policial”, indicó Pezzetta.

Cuando la noticia llegó a oídos de autoridades de ATE, no dudaron en salir a exigir su liberación. “La verdad que levantarse y encontrarse con que detuvieron a los compañeros es irracional porque el fin de semana habíamos llegado a un acuerdo con el intendente. Nos habían prometido que nos iban a dar un aumento de 700 pesos a todos”, indicó Dulio Cisneros, empleado local.

Finalmente, alrededor de las 16 todos los detenidos fueron liberados. Allí se redujo la tensión, a la espera de lo que pueda ocurrir hoy cuando se reactive el corte de ruta.

“Necesitábamos volver a trabajar. La Justicia devolvió ese derecho; lamento que haya sido así pero hoy 4000 tienen servicios otra vez”.

El intendente Gustavo Pita, luego del operativo realizado por la Policía.

“Una cosa es protestar en la vereda y muy distinto es el corte de la calle y que obstaculicen el acceso de empleados”.

El fiscal Pezzetta, quien también tuvo en cuenta los incidentes en la comisaría.

“Este hecho es gravísimo. La policía ha actuado sin que exista orden judicial y las detenciones han sido todas ilegales”.

Dora Fernández, secretaria general de la Seccional Alto Valle Norte de ATE.

Cómo sigue la

causa judicial

Cuando comenzó la protesta, a mediados de abril, el fiscal Pezzetta solicitó la indagatoria y detención de los manifestantes y el desalojo del municipio. En esa oportunidad se los acusó del delito de coacción agravada, calificación que prevé una pena de entre 5 y 10 años de prisión.

Para ese entonces, el conflicto recién comenzaba y la jueza Martín rechazó su pedido tras argumentar que las personas no habían sido identificadas y que no había prueba suficiente para acusarlos.

La magistrada resolvió tomar declaración a los policías y al intendente Pita. Esa causa sigue su curso y en las próximas semanas el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, será indagado.

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