Correa edifica mordazas a la libertad de expresión
Gustavo Chopitea (*)
El autoritario presidente de Ecuador Rafael Correa, recientemente premiado por la Universidad de La Plata por su presunto “respeto” a la libertad de expresión, es en verdad uno de sus más acérrimos enemigos en América Latina. El bolivariano tiene en proceso de sanción una “ley de medios” que, como la nuestra, apunta a cercenar gravemente la libertad de expresión y a minimizar la presencia de la prensa libre. Tiene, además, otro defecto también conocido: los jueces adictos. Como si ello fuera poco, procura destruir sistemáticamente el sistema interamericano de protección regional a los derechos humanos de la OEA, edificado sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y trata de restringir drásticamente su accionar y limitar sus recursos financieros de manera de volverlo completamente ineficaz. También ha limitado la libertad de prensa en las normas electorales. Me refiero a la ley pomposamente llamada, no sin un buen grado de cinismo, “Código de la democracia”, que debiera más bien llamarse “Corsé de la democracia”. Esta norma establece que los medios de comunicación en tiempos electorales tienen la obligación de conceder el mismo tiempo y espacio a cada uno de los candidatos de los diferentes partidos. No importa si su apoyo popular es masivo o insignificante. Todo es igualitario, presuntamente. Hasta allí, quizás, nada demasiado dramático excepto la percepción del deseo irrefrenable de Correa de manipular constantemente a los medios de comunicación restringiendo su libre accionar y sus opiniones. Pero la norma electoral ecuatoriana sigue diciendo que durante las campañas electorales los medios de comunicación deben abstenerse de “hacer promoción directa o indirecta” alguna que tienda a “incidir” a favor o en contra de “determinado candidato, postulado, opciones, preferencias o tesis política”. Lo que supone que deben callarse, según debiera haberse dicho, sin vueltas. Esta lamentable prohibición procura que los medios no tengan libertad de expresión respecto de las elecciones porque los condena a ser meros espectadores, sin poder expresar en modo alguno su opinión, como si fuera condenable que la tuvieran. Luego de la sanción de la confusa norma, lo cierto es que nadie tenía bien claro qué quería decir “promoción indirecta”. Pese a que la Corte Electoral ha tratado –mal– de aclarar ese concepto, el mismo sigue cubierto por una espesa niebla, lo cual –cabe presumir– es el propósito del gobierno de Correa. Primero el tribunal dijo que “promoción indirecta” quería decir “propaganda disfrazada de información”. Poco claro. Turbio. Nuevamente, peligroso. Por esto la Corte acaba de intentar, una vez más, aclarar el concepto. Sin éxito, como veremos enseguida. Porque para la Corte Electoral “se debe evitar que las preferencias de determinados medios de comunicación por uno u otro candidato afecten la formación de la opinión pública, promoviendo o perjudicando la imagen o la tesis de los candidatos, tergiversando dichos propósitos en la presentación de información imparcial, lo cual evidentemente incidiría de manera negativa en la libre circulación de ideas y en la autonomía de preferencias políticas de los ciudadanos durante el período electoral”. Otra definición poco clara; en rigor, bien oscura. Confusa y, por ende, inservible. Cercenante, que seguramente es el propósito buscado. En síntesis, parecería que lo que se procura, con palabras poco claras –esto es, con lo que algunos llaman “ambigüedad constructiva”–, es que los medios no tengan opinión en las elecciones. Ninguna. Sacarlos del medio, en pocas palabras. Y que –peor– informen a la gente sin poder formular crítica alguna, cualquiera fuere la importancia del tema de que se trate. Para los medios, entonces, no hay libertad de “expresión” durante los períodos electorales, sólo una aparente libertad de “información” que está rodeada de un clima de intimidación tal que hasta generará, inevitablemente, una ola de censura indirecta. Lo cierto es que, al decir de Robert J. Cox, “la crítica es muy importante para los gobiernos, a los cuales les es muy difícil entender que deben escuchar a todos, que la prensa es el medio de la democracia y que aquellos diarios que sean malos la gente dejará de comprarlos”. Tan simple como eso. Pero no es que Rafael Correa no quiera entender. Es que lo que quiere es distinto: cercenar la libertad de expresión de manera de asegurarse el control de la opinión pública desterrando las críticas y, de paso, asegurándose impunidad. (*) Analista del Grupo Agenda Internacional
