Corrupción y crisis

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Para que Italia y España logren superar la grave crisis económica y social en que están debatiéndose, tendrían que ser gobernadas por dirigentes no sólo capaces sino también respetados, pero en ambos países los integrantes más destacados de la clase política se han visto convertidos en símbolos de corrupción, mientras que sus rivales locales presuntamente más honestos son considerados pesos livianos carentes de la autoridad personal exigida por las circunstancias. En Italia, el fallo del Tribunal Supremo que confirmó una condena por fraude fiscal, en un caso que se inició en el 2007, al exprimer ministro Silvio Berlusconi ha puesto en apuros al gobierno precario del socialdemócrata Enrico Letta que para sobrevivir depende del apoyo del “cavaliere” y sus muchos partidarios. Mientras tanto, en España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha sido debilitado por las revelaciones del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, acerca de sobresueldos y otras infracciones. Si bien los montos denunciados son muy pequeños en comparación con los habituales en nuestro país y Rajoy tiene la reputación de ser una persona austera, el escándalo lo ha herido tanto que no le será del todo fácil aferrarse a su cargo. También, huelga decirlo, ha incidido de forma muy negativa en la imagen de España justo cuando necesita brindar la impresión de estar haciendo un esfuerzo enorme por solucionar sus muchos problemas sociales y económicos. El desconcierto provocado en los países mediterráneos por el desprestigio de miembros emblemáticos de la clase política nacional y la conciencia de que, a su modo, tanto Berlusconi, el que a pesar de su conducta extravagante sigue contando con el respaldo de una proporción notable de sus compatriotas, como Rajoy son figuras representativas, hará aún más problemática una eventual recuperación. Por ser tan deprimente el panorama socioeconómico, los dos países no parecen estar en condiciones de someterse a una reedición del operativo “manos limpias” que se llevó a cabo en Italia en la década de los 90 del siglo pasado, con consecuencias devastadoras para los socialistas y conservadores que se habían acostumbrado a alternarse en el poder, pero tampoco lo están para resignarse a la perpetuación de un orden que es intrínsecamente corrupto, uno basado en “códigos” políticos no escritos, reñidos con las pretensiones morales de los protagonistas mismos. La situación en que dichos países se encuentran sería menos alarmante si hubiera motivos para suponer que, por fin, están comenzando a salir del pozo en que cayeron varios años atrás cuando la convulsión financiera que se originó en Estados Unidos señaló el inicio de una nueva etapa signada, en Europa, por la austeridad, pero todo hace prever que la crisis se prolongará por mucho tiempo más. Para que Italia y España, además de Grecia y Portugal, consiguieran “competir” con los países del norte de Europa, encabezados por Alemania, tendrían que concretar una serie de reformas estructurales sumamente arduas. Según un informe que acaba de difundir el FMI, a España le convendría un “pacto social” que, entre otras cosas, supondría una reducción salarial del 10%. Lo mismo podría decirse de Italia. Si España e Italia no integraban la Eurozona, lo efectuarían de manera indolora devaluando la moneda local; puesto que no les es dado hacerlo, les sería necesario seguir resignándose a la continuación, inevitablemente conflictiva y muy ineficaz, de lo que los economistas llaman una “devaluación interna”. Aun cuando ambos países tuvieran gobiernos confiables, les aguardaría un período acaso prolongado repleto de dificultades, pero podría argüirse que, de haber contado con castas políticas mejores que las existentes, hace tiempo hubieran tomado medidas para mitigar el impacto de la crisis financiera y preparar a la población para enfrentar los desafíos planteados por la adopción de una moneda común compartida con Alemania. En todas partes, la evolución económica depende estrechamente en buena medida de la cultura política, de suerte que es natural que los países más perjudicados por los cambios de los años últimos hayan sido los de tradiciones populistas y clientelistas en que la corrupción es endémica, mientras que han sido menos afectados aquellos en que a los políticos no les está permitido violar con impunidad las reglas.