Cortes ajenas
Cuando de juzgar a militares acusados de haber violado los derechos humanos un cuarto de siglo atrás se trata, los habitualmente contrarios a «la globalización» suelen ser los partidarios más entusiastas de lo que es con toda seguridad una de sus consecuencias más importantes: la internacionalización de la justicia, tendencia que está desmantelando con rapidez desconcertante las fronteras legales que durante siglos han mantenido separadas las distintas jurisdicciones nacionales e incluso provinciales. Sin embargo, la voluntad evidente del presidente Néstor Kirchner de permitir que centenares de presuntos represores ilegales sean juzgados en España contradice su resistencia a que tribunales extranjeros entiendan en otros asuntos como los supuestos por la decisión de gobiernos anteriores de desconocer la deuda externa y, con ella, la vigencia de una cantidad enorme de compromisos, acuerdos y contratos. Por un lado, Kirchner admite tácitamente que la Justicia argentina no está en condiciones de juzgar a argentinos por crímenes presuntamente cometidos contra argentinos en territorio argentino, por el otro quisiera que el resto del mundo la respete cuando lo que están en juego son intereses económicos. En efecto, desde hace un par de años voceros oficiales han estado procurando justificar la incapacidad del país para cumplir con ciertas exigencias informando a sus interlocutores con oportunismo apenas disimulado que les incumbe entender que la Argentina es una democracia cabal que se caracteriza por una auténtica división de poderes, de suerte que no deberían quejarse si por motivos legislativos o judiciales resulta imposible concretar algunas medidas determinadas que otros creen imprescindibles.
Sólo existe una forma de eliminar tales anomalías. Consiste en que la Justicia argentina se encargue de completar el trabajo de juzgar a los responsables de los hechos aberrantes que se dieron en el transcurso de la «guerra sucia», alternativa que sería factible si se declararan inválidas las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final sancionadas bajo presión militar por el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín. Como afirmó el ex jefe del Ejército, el general Martín Balza, «si nosotros renunciamos a juzgarlos, otros países adquieren el derecho a decir: «Entonces los juzgamos nosotros»», solución ésta que es favorecida por quienes estarían más que dispuestos a ver subordinada la Justicia argentina a la española, belga o europea, con tal de que los perjudicados por la extraterritorialidad se limitaran a sus propios enemigos. Con todo, los precedentes así establecidos no necesariamente nos resultarían positivos desde el punto de vista de un gobierno que es tan reacio como el de Kirchner a tomar en serio obligaciones internacionales de otra índole y que por lo tanto tiene motivos para querer demorar el avance al parecer incontenible de la globalización.
La razón por la cual una cantidad notable de militares argentinos podría terminar entre rejas en España, país cuya forma de dejar atrás el franquismo incidió en la actitud asumida por Alfonsín y por su sucesor, Carlos Menem, consiste en la militancia del juez Baltasar Garzón, pero parecería que la legislación española en este ámbito no es tan clara como muchos suponen. Como han señalado algunos juristas, mucho depende del sentido de la palabra «genocidio». Aunque en los años últimos la inflación retórica ha ampliado la definición para que pueda aludir al asesinato de cualquier grupo de personas, los juristas preferirían devolverle su aceptación original. Puesto que no se pueden considerar miembros de una etnia ni confesión religiosa determinada las víctimas de la represión militar de los años del Proceso, acusar a los autores de «genocidio» será sólo un exceso propagandístico de validez legal dudosa. Asimismo, según la ley existente, un juez español no puede pedir la extradición de extranjeros que se hayan refugiado en un país que no es el suyo. Andando el tiempo, las leyes concernientes al enjuiciamiento de los culpables de crímenes de lesa humanidad se harán menos laberínticas, pero por ahora la situación internacional parece casi tan arbitraria como la imperante en países que, como el nuestro, aún no han sabido conciliar la justicia, en el sentido lato de la palabra, con el derecho.
