Costanzo esperará la definición del STJ

VIEDMA (AV)- El intendente de Viedma, Gustavo Costanzo, confirmó que recurrirá a la Justicia para que defina las facultades del Ejecutivo y del Deliberante y así poder determinar quién tiene razón en la poda de las bonificaciones de los municipales.

El jefe comunal aclaró que la intención es defender el decreto 7/62 con el argumento de que es «una facultad a nuestro juicio categórica y ejercida sobre la base de una propia ordenanza del Concejo, que oportunamente la concedió al Ejecutivo y con antecedentes en el ámbito municipal en el mismo sentido, y que está siendo vulnerada por otra ordenanza que derogó el decreto».

Aseguró que defenderán «de manera irrenunciable la facultad que tenemos de haber dictado ese decreto, por lo menos hasta que un juez diga que estamos equivocados» y detalló que después «está el fondo de la cuestión», relacionado a la posibilidad de ratificar la vigencia del decreto o derogarlo «si aparecen otras alternativas en la búsqueda del equilibrio financiero del municipio». En este sentido, Costanzo sostuvo que «desde el fondo todo es discutible», al señalar que se analizan otras alternativas.

El decreto en cuestión, que en el marco de la crisis fijó una reducción en un tercio de bonificaciones que reciben 180 de los casi 500 empleados municipales, fue derogado por una ordenanza que el intendente vetó, actitud que la mayoría de los concejales rechazaron, ratificando así aquella ordenanza en la última sesión, lo que generó un conflicto de Poderes.

Esa última decisión de los concejales provocó a juicio de Costanzo «un problema serio porque no queremos quedarnos con la duda de que actuamos en contra de lo que establece la Carta Orgánica. Si la Justicia convalida la ordenanza la aceptaremos».

Costanzo consideró que la actitud asumida por la mayoría de los concejales con este decreto «sienta un precedente muy peligroso, porque el día de mañana cualquier facultad ejercida bajo la órbita que la Carta Orgánica le fija al intendente será vulnerada, cuestionada, derogada por una ordenanza municipal». En este marco explicitó que esa norma fija al Deliberante una tarea legislativa y al intendente una ejecutiva. Además añadió que la ordenanza fue vetada con argumentos jurídicos y la réplica a esos fundamentos fue una insistencia de tipo político».

El intendente puntualizó que «si la intención es que gobierne el Concejo Deliberante, entonces hay que replantearse la necesidad de elegir a un intendente y con esta filosofía es que se veta o se recurre a la Justicia tras la no aceptación del veto por parte del Concejo Deliberante. Nos preocupa la cuestión de fondo porque la municipalidad está en crisis financiera y el decreto 7/62 es una herramienta para atenuar esos efectos».