Crearán un consejo «económico y social» tras el aislamiento en Bariloche
Lo propuso la oposición y el oficialismo acompañó. Habrá representantes de la Intendencia, del Concejo, de las cámaras empresariales, la CTA, la CGT, universidades, Invap y otros.
Bariloche cambia de fase. Foto: archivo
Con la venia del Ejecutivo, el proyecto de la oposición para constituir un consejo amplio, con empresarios, sindicatos y organizaciones de distinto tipo que acuerde políticas “para la reactivación productiva y el empleo”, avanza en el Concejo y se encamina a convertirse en ordenanza.
El llamado “Consejo Económico y Social” tendrá las funciones de “generar propuestas para mitigar el impacto del aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto para controlar la pandemia de coronavirus y “diseñar lineamientos que sirvan de insumo para un plan integral de reactivación productiva y empleo”.
Con algunos cambios, el texto obtuvo dictamen unánime en la comisión de Desarrollo Humano el último viernes y pasó a la de comisión de Gobierno, con altas chances de resultar aprobado en la próxima sesión.
La concejal del Frente de Todos y presidente de la comisión de Desarrollo Humano, Roxana Ferreyra, dijo que la mira está puesta en “la reactivación económica post pandemia”, aunque con la posibilidad de que el Consejo tenga continuidad en el tiempo, ya que la ordenanza no prevé un plazo de funcionamiento.
Dijo que la idea se inscribe “en lo que ya impulsó desde antes de la cuarentena el presidente Alberto Fernández”. Subrayó sin embargo que “el contexto tan difícil” que atraviesan la ciudad y el país demanda “hacer a un lado las posiciones partidarias, aunque sin dejar de hacer política”.
El proyecto podría haber quedado en una simple intención si el oficialismo lo daba la espalda, pero Ferreyra dijo que el bloque de Juntos “se mostró predispuesto a acompañar”, sugirió cambios y votó el dictamen.
Según indicó, la prioridad del Consejo deberá ser “la generación de empleo”, apuntalar la recuperación de la actividad turística como principal actividad de la ciudad “y también aprovechar el polo tecnológico riquísimo que tiene Bariloche y que es de primer nivel internacional”.
También desde el mismo articulado se dejó sentada la expresa voluntad de promover políticas públicas “con perspectiva de género”.
La composición
Si la ordenanza resulta aprobada, el consejo estará integrado por dos representantes del Ejecutivo municipal, uno de cada bloque del Concejo; representantes de las principales cámaras empresarias; de la CTA, la CGT, la Uthgra y el sindicato de Comercio; de las universidades, Invap, el Ejecutivo provincial, Salud Pública, el Inta, el Centro Atómico y el Conicet.
A la amplísima mesa también serán convocados “3 representantes de las organizaciones de la economía popular y 3 representantes de las comunidades originarias”. También tendrían presencias la APDH y el Consejo Municipal de la Mujer.
El listado suma más de 30 miembros y, aunque no estaban en la versión original, se agregaron también espacios para los colegios profesionales, para la iglesia católica y otros cultos que deseen participar.
Ferreyra dijo que la cantidad de consejeros no tiene por qué obstaculizar la tarea. Señaló que dependerá del reglamento interno que se asigne el mismo organismo y que, llegado el momento, está previsto “organizar el trabajo en comisiones”.
La presidencia será para un representante del Concejo Municipal. Según la concejal, hay otros foros similares que les han servido como modelo y que funcionan con regularidad, entre los que citó “los de Santa Fe y CABA”.
Dijo también que hubo una experiencia frustrada en Bariloche, cuando se creó en la crisis de 2001 un “Consejo Multisectorial”, que nunca llegó a funcionar como estaba planteado.
Ferreyra señaló que el propósito es “democratizar la toma de decisiones” y ofrecer un canal de participación para “todas las voces”. Dijo que desde el inicio de la crisis sanitaria “hubo varias organizaciones que intentaron llevar propuestas” al Comité de Emergencia que conformó el municipio (Coer), pero no fueron atendidas.
Una solución al déficit de conectividad
El Concejo también tiene en estudio una iniciativa del concejal Pablo Chamatrópulos (Podemos) para establecer un mínimo de 50 puntos wi fi gratuitos en sitios de acceso público “con objetivos educativos y laborales”.
La propuesta apunta a asegurar el acceso a internet para quienes no lo tengan en su domicilio, por cuestiones económicas o por imposibilidad técnica.
Los “puntos wi fi” funcionarían en bibliotecas populares, clubes, juntas vecinales, escuelas de oficios, centros comunitarios, plazas barriales y paseos urbanos, con una “distribución equitativa” por toda la ciudad.
Según apuntó el autor en los fundamentos, desde que se declaró la pandemia por Covid 19 “la mayoría de los niños reciben sus tareas escolares por internet y para muchos trabajadores su trabajo se realiza desde los hogares”. Esa realidad puso en evidencia los alcances de la “brecha digital” que, a su juicio, “los gobiernos locales deben atender, para no dejar a sus ciudadanos en condiciones de marginalidad”.
El proyecto también obtuvo dictamen el viernes en la comisión de Desarrollo Urbano y pasó a la de Gobierno. Pero para que avance (como ocurre con cualquier otro proyecto que tiene un costo económico) el autor debería definir de dónde saldría el recurso presupuestario para sostenerlo.
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