Crece el debate: diputados le preguntan al TSJ por qué no se hacen juicios
Los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales quieren escuchar las explicaciones de los vocales. ¿Cuál es la pregunta que enfurece al Poder Judicial?
Los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales quieren que los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén les expliquen por qué no se hacen juicios penales, a pesar de que la cuarentena se flexibilizó en los últimos días en la provincia y varias actividades volvieron a la normalidad. La pregunta, con una alta dosis de sarcasmo que circula de boca en boca, es: «¿pueden abrir las peluquerías y no se pueden hacer juicios orales?».
La sola alusión a ese interrogante enfurece a un sector del Poder Judicial, que se deshace en explicaciones.
La decisión de citar al Tribunal fue tomada ayer, luego de la tirante reunión de la comisión en la que el fiscal general José Gerez defendió su proyecto de ley para extender por un año más la duración de la prisión preventiva.
«Una norma así, aislada, sin una declaración de emergencia judicial por lo menos, no la podemos aprobar», dijo el diputado Mariano Mansilla. «Tiene que venir la cabeza del Poder Judicial a explicarla», agregó.
No se sabe si el martes que viene se presentará el presidente, Oscar Massei, quien reasumió en el cargo tras una licencia por enfermedad, o alguno de los vocales.
El presidente de la comisión, Maximiliano Caparroz (MPN) estuvo de acuerdo. También citarán a todos los que se expresaron a favor de que los juicios orales retornen: la defensa pública, el Colegio de Abogados y la Asociación Pensamiento Penal Comahue.
Gerez se presentó puntual a la reunión de la comisión, y lo hicieron esperar más de una hora por cuestiones de agenda de los diputados (algunos asistieron, otros siguieron la sesión por Zoom). Lo acompañó parte de su artillería más pesada: el fiscal jefe de Homicidios, Agustín García; el de Delitos Sexuales, Rómulo Patti, y Gastón Rosenfeld, de Calidad Institucional.
El jefe de los fiscales de la provincia rebatió las críticas que caen sobre su iniciativa. Le dejó a García la tarea de desmenuzar los argumentos del defensor general Ricardo Cancela, y el fiscal los desmontó con la minuciosidad que utiliza en sus alegatos.
Patti tuvo un espacio al final, y recurrió a un fundamento discutible: «con el chorro no va a haber problema, no estamos pensando en ese perfil. Estamos hablando del (caso) que moviliza, no porque el otro no importe. Estamos hablando del (caso) que llega a Buenos Aires en dos o tres minutos».
El planteo de Gerez es el siguiente: los fiscales no pueden hacer juicios orales debido a la emergencia sanitaria que nadie tenía prevista. Los juicios no se hacen por una disposición del Tribunal Superior de Justicia. La prisión preventiva en la provincia no puede durar más allá del año. Si la Legislatura no dicta una ley para que ese plazo se extienda un año más, entre junio y diciembre del 2020 quedarán libres nueve individuos acusados de homicidios, femicidios y abusos sexuales que no pudieron ser llevados a juicio.
El caso emblemático
El ejemplo emblemático que eligió fue el que más sensibiliza: el femicidio de Cielo López. El juicio por jurados contra el único detenido, Alfredo Escobar, debía realizarse el 4 de mayo y se suspendió sin fecha. La preventiva del acusado vence el 18 de septiembre. Si no aparece una herramienta legal antes, debería quedar en libertad ese día.
A la mayoría de los miembros de la comisión A de la Legislatura no les cayó bien que utilizara a una víctima para acorralarlos.
Además dijeron que tenían la impresión que el Poder Judicial les estaba entregando un problema que era propio: los plazos que se vencen son una cuestión del ministerio público, no de la Legislatura.
«Nosotros también estamos preocupados por el vencimiento de las prisiones preventivas», aclaró Soledad Martínez, «pero la responsabilidad es del Poder Judicial».
¿Por qué no hay juicios?
Allí comenzó el debate sobre por qué no se hacen juicios penales.
Gerez invocó la acordada 5925, del 18 de marzo, en la que el TSJ expresamente dejó claro: «podrán realizarse todas las audiencias del fuero penal, a excepción de los juicios, mediante video conferencias».
Recordó que él integra el Tribunal, al igual que el defensor general Cancela, quien en su momento no se opuso a la suspensión de los juicios y ahora dice que sí, que se pueden hacer.
Agregó que entre marzo y mayo se suspendieron 58 juicios por esa acordada.
El diputado Sergio Fernández Novoa le preguntó si no había un plan de contingencia, y puso como ejemplo que «para que su proyecto se pueda tratar, a la Legislatura vinieron a trabajar 100 personas».
César Gass (Juntos por el Cambio) no fue menos directo: «me sorprende que uno de los poderes del Estado permanezca inactivo», afirmó. Agregó que los diputados «no queremos que haya individuos peligrosos en libertad (por vencimiento de la prisión preventiva), pero tampoco queremos que haya poderes que no estén actuando de la manera que tienen que actuar para ser eficientes y diligentes».
Los pícaros
A su turno y en una línea similar, Carlos Coggiola dijo que «si no aprobamos este proyecto, algún pícaro va a decir que hay delincuentes sueltos por culpa de la Legislatura, y esto es responsabilidad del Poder Judicial».
Martínez, del Frente de Todos, indicó que los juicios más urgentes «son con jueces técnicos, si se toman los resguardos sanitarios podrían realizarse».
Incluso hay un documento elaborado por el Colegio de Jueces del interior, que está en poder del Tribunal Superior de Justicia, con un protocolo e ideas posibles de llevar a la práctica para la reanudación de los juicios penales.
Al final de la reunión, ya cerca de las 13, la comisión resolvió invitar al Tribunal Superior de Justicia para que informe sobre la situación el martes próximo.
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