Creció la demanda de atención psicológica a pedido de la Justicia





La justicia, cuando interviene en causas vinculadas a violencia familiar, abuso, drogadicción o hechos en los que la perturbación mental de una persona atenta contra terceros, utiliza cada vez con mayor frecuencia la derivación del o los involucrados a una psicoterapia como una instancia de solución a muchos de estos dramas.

La crisis que vive la familia, con manifestaciones de una mayor conflictividad y atravesada a su vez por situaciones sociales como la violencia en sus múltiples expresiones, es uno de los factores que produjo una intervención y especialización mayor de la justicia en este ámbito.

Internaciones, semi-internaciones, tratamiento ambulatorio, orden de exclusión del hogar o quita de los hijos a uno de sus progenitores o a los dos, son algunas medidas que adopta la justicia ante esta compleja trama en donde se entrelaza, en gran parte de los casos, la vida íntima de la familia, las perturbaciones mentales y la ley.

En ese marco, la demanda de atención psicológica por indicación judicial creció vertiginosamente en la última década.

«En el último tiempo la disposición de estos tratamientos ha venido creciendo de manera exponencial, impresionante, porque la apertura en distintas instancias ha hecho que la justicia cada vez intervenga en más casos», destacó Ricardo Risso, médico psiquiatra, legista y psicoanalista, jefe de Servicio de Internación Psiquiátrica del Hospital Borda, de Buenos Aires, y perito psiquiatra del Cuerpo Médico Forense.

Asimismo, la psicóloga Nélida Rienzo, del Servicio de Psicopatología de Hospital Piñero, de Buenos Aires, coincidió en que «la demanda judicial de tratamiento psicológico se incrementó muchísimo; antes los juzgados no mandaban a tratamiento, pero en la última década la diferencia es notoria y va en aumento».

Esta intervención de la justicia para la realización de tratamientos psicoterapéuticos comenzó hace unos 10 años, pues antes sólo se ocupaba de ordenar internaciones y controles psiquiátricos como requisito para la externación.

Así, la justicia comenzó a accionar frente a instancias legales que fueron surgiendo como la separación conyugal y luego el divorcio vincular, que sacaron a la superficie problemas de tenencias de hijos y regímenes de visita. O la ley de violencia familiar, que establece la realización de un diagnóstico psiquiátrico y psicológico y de un tratamiento.

O la ley de drogas, que sanciona al consumidor, pero le ofrece la posibilidad de una medida terapéutica como alternativa a la pena.

«Al crearse la ley de violencia familiar y dar la posibilidad en el ámbito civil de abordar este tema, que hasta entonces se trataba más en el ámbito penal, lo que se busca es una segunda oportunidad para la familia que tiene un problema.Y esta segunda oportunidad se da a través de una terapia».

Así se expresó la abogada Patricia Blanco, integrante del Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar del Ministerio de Justicia de la Nación, constituido por psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y abogados.

La especialista también coincidió en que hay un importante crecimiento de esta demanda al afirmar que «están colapsados todos los hospitales; nosotros estamos abarrotados, los juzgados están abarrotados». (Télam)

El diagnóstico previo

Los casos en que la justicia ordena una psicoterapia tienen como tema de fondo «la consideración de peligrosidad psiquiátrica de ese sujeto», precisó el legista Ricardo Risso, integrante del Cuerpo Médico Forense. En esa caracterización hay básicamente dos niveles: cuando se considera que el peligro es real o inminente, los peritos recomiendan la internación; y cuando es considerado peligro potencial se busca tratamiento ambulatorio.

«Puede tratarse -especificó- de una peligrosidad que deviene de no poseer aptitud para ejercer el rol materno, o la de un padre que continúa castigando a sus familiares, o la de la jovencita que no admite límites y tiene conductas de riesgo, o la de un «paidofílico» que persiste en sus actitudes de abuso, o de una peligrosidad más generalizada, como la del psicótico delirante y alucinado».

«El problema de la peligrosidad -continuó- es que es difícil decir que el diagnóstico psiquiátrico de peligrosidad no tenga algo de horóscopo. No es que no haya parámetros científicos para hacer una aproximación mas o menos aceptable, pero el problema es que uno siempre está opinando sobre una conducta futura eventual o probable». Pero en violencia familiar, drogadicción, delitos contra la propiedad o delitos por agresividad «sí hay reincidencia», acotó. (Télam)


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