“¿Cuántas vidas, víctimas de la inseguridad?”
Las primeras nos sorprendieron, las siguientes nos indignaron y lo peor que nos puede ocurrir es que las próximas las naturalicemos. Me refiero nada más y nada menos que a “pérdidas de vidas humanas” y, en honor al dolor de sus familiares, amerita una explicación coherente por parte del gobierno y el compromiso, en primer lugar, de esclarecer estos hechos consumados y de que los responsables tengan su justo castigo y, en segundo lugar, de arbitrar medidas para evitar que los mismos se repitan. Lo peor que nos puede ocurrir como comunidad es aceptar que estos hechos son frutos del progreso o que están dentro de los parámetros normales, que las estadísticas no denotan un crecimiento alarmante o que se trata una sensación, que se solucionan con un jefe de Policía civil, que se están evaluando nuevos paradigmas o que vamos a enfrentar la seguridad desde el aspecto de la inclusión social… Por favor, no nos engañemos más. Los nuevos paradigmas, la inclusión social y derivados son ensayos o experimentos que hoy nos están costando vidas humanas. Lo cual no quiere decir que estos experimentos en el futuro, cuando algún gobierno aplique políticas públicas responsables, den un fruto positivo y se puedan aplicar, pero hoy la realidad demanda medidas concretas. La crítica situación de inseguridad que padecemos, no sólo los rionegrinos sino todos los argentinos, amerita la implementación de una plan de emergencia en la materia no teórico sino práctico. La delincuencia, opino desde el sentido común, ha proliferado amparada por la igualdad en los derechos sociales y es aquí donde debe establecerse la primera diferencia: son merecedores de los derechos y garantías los ciudadanos que cumplen con lo que establecen las leyes. Los otros, los antisociales, los delincuentes, deben ser privados de ciertos derechos y beneficios, porque no respetan el orden social, lo lesionan, lo lastiman, entonces no pueden merecer un trato igualitario. El ejemplo más claro nos lo aporta el sistema de salud, según la gravedad de los hechos son las medidas: vacunas, remedios, inyecciones y, si la situación se agrava, intervención quirúrgica y, si existe aún más riesgo, se amputa, no para dañar el miembro afectado sino para proteger al resto del organismo. Y es lo que está demandando el cuerpo social. La falta de límites al accionar delictivo, la permisividad y los beneficios con que cuentan los delincuentes los estamos pagando con vidas de nuestras comunidades. Evidentemente el Estado ha fracasado en su política de seguridad y es nuestra responsabilidad como ciudadanos participar y colaborar acercándole ideas, iniciativas y críticas, para que pueda aplicar un programa de prevención y protección a la comunidad real y no tenga que estar todos los días tratando de justificar lo inexplicable. No esperemos a que la impotencia e indignación de los vecinos, por las víctimas, los lleven a querer hacer justicia por sus propias manos. Agustín Orlando Bonillo, DNI 11.232.289 Comisario gral. (SR) Policía de Río Negro San Antonio Oeste
Agustín Orlando Bonillo, DNI 11.232.289 Comisario gral. (SR) Policía de Río Negro San Antonio Oeste
