Culebrón

Neuquén

gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar

La prolongada crisis institucional de la cooperativa eléctrica CALF no ha tocado fondo aún. Por el contrario, se extenderá más con la judicialización planteada esta semana por los dos sectores que se disputan la conducción, ambos identificados con algún nicho de poder dentro del Movimiento Popular Neuquino. La batalla, dominada por estocadas en el consejo de administración y asambleas fallidas de delegados, no se ha traducido todavía en un problema que afecte el servicio de los 81.000 usuarios. Sin embargo, es momento de preguntarse cuánto tiempo más se podrá conducir la cooperativa en medio de un clima bélico sin afectar la distribución de energía. La puja lleva unos cuatro meses y es por el control de una institución que maneja el tercer presupuesto de la provincia. También por la influencia sobre una red de delegados barriales que se traduce en presencia estratégica en tiempos de elecciones. Después de muchos intentos en la historia de CALF, el MPN alcanzó la conducción de la cooperativa en noviembre del 2005. Lo hizo en tiempos de un sobischismo embriagado de poder y de la mano del exfiscal de Estado Marcos Silva. Silva alcanzó la presidencia, también con escándalo. Fue producto de un inesperado acuerdo dentro del consejo de administración –ese cuerpo elige a la autoridad máxima–, en una reunión en la que no faltaron denuncias de supuestas compras de voluntades y acusaciones de traición. El expresidente permaneció en el puesto sin sobresaltos durante mucho tiempo, pero su suerte cambió al finalizar el año último, cuando el MPN comenzó a disputarse la conducción de CALF. Silva finalmente fue desplazado de la presidencia en un escenario tan escandaloso como el que lo había visto llegar ocho años antes. La alianza de dos listas que se presentaron a los comicios y que eran conducidas por hombres alineados con el MPN –el exjefe de la Policía Juan Carlos Lepén y el titular del Mercado Concentrador Fernando Garayo– puso fin a la extensa gestión de Silva, un hombre que a esa altura de los acontecimientos ya sabía de la pérdida de apoyo dentro del gobierno de Jorge Sapag. Guillermo Coco, ministro de Energía, apareció en todo este proceso como un operador de la interna en CALF y promotor de lo que después se demostró sería una débil alianza entre Garayo y Lepén. El funcionario reconoció públicamente su proyecto para incidir en las elecciones internas de las cooperativas y fue muy crítico con algunas conducciones. El acuerdo entre Garayo y Lepén que sirvió para desplazar a Silva dejó al primero como conductor de CALF, aunque el comisario retirado no tardó demasiado en desplazarlo del puesto. La última asamblea de delegados de la cooperativa, el 10 de este mes, sumó otro desencuentro: se realizó en medio de un fuerte operativo policial y el resultado fue otro escándalo. Garayo, que intenta recuperar la presidencia, anunció que irá a la Justicia para convalidar lo que pasó en esa asamblea y Lepén, que resiste en su despacho, ya judicializó el enfrentamiento con una lluvia de denuncias contra las gestiones de Garayo y Silva. El intendente de Neuquén, Horacio Quiroga, intervino con el discurso de un espectador y no en calidad de un funcionario que tiene facultades clave sobre el servicio eléctrico. “En este verdadero culebrón no somos parte ni queremos serlo”, dijo sobre el esencial servicio público afectado por esta interna. Aunque no quiera, el municipio ya forma parte del culebrón porque el gobernador Jorge Sapag acaba de firmar esta semana con el ministro de Planificación, Julio de Vido, la adhesión de la provincia al congelamiento de la tarifa eléctrica para este año. El cumplimiento del compromiso que asumió Sapag no presenta inconvenientes en el caso del EPEN, pero las cooperativas que brindan el servicio en las principales ciudades de la provincia tienen que definir, junto con los municipios, si se suman a esta política. El convenio con Nación contempla un fondo de 180 millones de pesos para la ejecución de obras, pero sólo unos 68 serán destinados a las cooperativas. Frente a este nuevo escenario, voceros del municipio se manifestaron con cautela respecto de la posibilidad de congelar la tarifa en la capital. La adhesión de Neuquén al pacto implicaría un cambio en el contrato de concesión vigente con CALF y para negociarlo Quiroga deberá sentarse a discutir con alguno de los protagonistas de este “culebrón”. Es posible que algún funcionario del gobierno, como el ministro Coco, tenga capacidad para desarmar la complicada trama interna que afecta la vida de la cooperativa y que mantiene, además, muy preocupados a los 400 empleados. Al gobierno de Sapag tampoco le queda resto para actuar como espectador frente a este conflicto si pretende que prospere el pacto tarifario acordado con Nación. CALF es la nave insignia de las cooperativas eléctricas y lo que allí se defina en materia tarifaria gravitará sobre las demás, por lo que se va terminando el tiempo de mirar la novela.