Cascón fue citado a indagatoria en la misma causa que José López

El exintendente deberá presentarse en Buenos Aires por el desvío de fondos del programa Sueños Compartidos. Será uno de los 42 citados junto a Julio De Vido y Hebe de Bonafini.

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En el 2011 el municipio se comprometió a facilitar documentación para concluir las obras en el barrio.(Foto: Archivo )

Cascón fue citado a indagatoria en la misma causa que José López

La causa que investiga el posible desvío de 200 millones de pesos destinados al programa de viviendas Sueños Compartidos sumó un nuevo capítulo con el llamado a indagatoria de 43 personas.

Entre los citados se encuentra el exintendente radical Marcelo Cascón, quien durante su gestión firmó un convenio con el por entonces subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala.

La semana pasada la causa dio un paso importante en la investigación que también incluye averiguaciones por la falta de licitaciones para la adjudicación de obras y los escasos controles estatales. Si bien la denuncia se radicó hace cinco años, tras las averiguaciones del juez Ricardo Oyarbide, desde el 2013 el expediente se concentró en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

En el listado difundido por la justicia, Cascón ocupa el puesto 31 y deberá presentarse en la Cámara Federal el próximo 12 de septiembre. Sin embargo, la ronda comenzará este 4 de julio con Fatala, continuando con el exsecretario de Obras Públicas José López, De Vido, Hebe de Bonafini y los hermanos Schoklender, entre otros.

El plan de mejoramiento del barrio 10 de Diciembre comenzó en el 2008 administrado por el IPPV pero, luego de algunas demoras en las obras, recién en el 2011 cayó en manos del municipio previo acercamiento de Fernando Vaca Narvaja como representante de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El convenio fue refrendado en un acto oficial con la presencia de Abel Fatala y Sergio Schoklender, con el objetivo de finalizar las obras en un plazo de 12 meses a partir de un desembolso que superaba los 50 millones de pesos.

A través de ese acuerdo el municipio se comprometió a completar y presentar la documentación para concluir el plan habitacional de 134 viviendas, mientras que la Subsecretaría asumió la responsabilidad de gestionar los fondos para solventar las obras a través del programa Sueños Compartidos.

Según la investigación del juez, a la que pudo acceder el diario Clarín, el desvío se canalizó de diferentes maneras: más de 100 millones terminaron en distintas empresas agropecuarias. Otros 22 millones fueron a parar a financieras, cooperativas o mutuales.

La hipótesis del juez es que los Schoklender utilizaron el prestigio de la Fundación, en connivencia con funcionarios públicos, del orden nacional, provincial y municipal, para obtener los fondos del Ministerio de Planificación.


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