Debate en ciernes
Cuando el gobierno anunció que su candidato para ocupar la vacante dejada en la Corte Suprema por la virtual defenestración de Julio Nazareno sería el penalista Eugenio Zaffaroni, pareció que el país entero estaba dispuesto a aplaudir la iniciativa por tratarse de un jurista innegable distinto de sus eventuales acompañantes en el tribunal. Por fin, se decía, habría un juez de idoneidad indiscutible, uno cargado de honores académicos y célebre por sus opiniones a un tiempo progresistas y políticamente independientes que sería propenso a fallar en favor de «la gente» sin preocuparse por las presiones corporativas. Sin embargo, últimamente aquel consenso inicial al parecer ecuménico ha comenzado a disiparse. Señalan los críticos que por respetables que sean los títulos que ostenta Zaffaroni, el que haya sido un partidario decidido de Néstor Kirchner hace suponer que éste, no obstante sus afirmaciones al contrario, se ha propuesto reemplazar la «mayoría automática» menemista por otra kirchnerista promoviendo a personajes que le son ideológicamente afines. Asimismo, son cada vez más los que cuestionan la eventual presencia en la Corte de un hombre tan «garantista» que a veces ha brindado la impresión de querer abolir las cárceles, además de las penas, por completo por creerlas injustamente represivas, en un momento en el que la inseguridad ciudadana figura entre los temas más apremiantes. También se han alzado voces «derechistas» que, de forma abierta o solapada, le objetan su orientación sexual tomándolo por un homosexual militante, actitud que comparten con la Iglesia Católica que, como es natural, no se sentiría demasiado cómoda con un ministro de la Corte Suprema que como juez ha pronunciado fallos que podrían interpretarse como evidencia de que a su entender la paidofilia es un asunto meramente anecdótico que debería minimizarse con tal de que las luces estén apagadas.
Puede que el debate que se haya puesto en marcha no incida en la suerte de «la propuesta de candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación» que ya ha formalizado el Poder Ejecutivo, pero convendría que resultara exhaustivo para que ni Zaffaroni ni los otros juristas recomendados por el gobierno sean elegidos por aclamación en base a nada más firme que una buena imagen mediática o el fervor de sus simpatizantes. Aquí, es habitual que la corriente en boga de turno parezca representar el pensamiento de la mayoría abrumadora de los ciudadanos hasta que, al verse sustituida por una diferente, se descubra que en realidad apenas tiene defensores. Una consecuencia de dicha tradición de consensos sucesivos imputables a la costumbre de los antes contrarios a cierta forma de pensar de llamarse a silencio por no querer desentonar, ha sido que en numerosas ocasiones hemos llevado distintas tendencias al extremo con resultados nada felices para el conjunto.
Desmantelada la «mayoría automática», la Corte ya parece relativamente equilibrada -el titular actual, Carlos Fayt, es considerado un socialista-, y aun cuando a juicio de Kirchner sean lamentables los antecedentes y las opiniones de los integrantes vinculados con el menemismo, tales «pecados» no constituirían un motivo válido para seguir procurando removerlos. Una buena Corte Suprema no es una que refleje con precisión las ideas y actitudes propias en una etapa determinada sino una que, sin alejarse excesivamente del clima de opinión coyunturalmente imperante, como sucedió hace poco debido al colapso del «modelo menemista», sepa trascender las modas pasajeras, capacidad que es de importancia especial en una sociedad tan veleidosa como la nuestra. Sucede que los tiempos de la Justicia no son los de la política, razón por la cual en los países de democracia madura es normal que la Corte Suprema se renueve de manera mucho más pausada que las legislaturas o el Poder Ejecutivo, lo que impide la formación de mayorías automáticas oficialistas como la impulsada por Carlos Menem y, en la provincia de Santa Cruz, por el ahora ex gobernador Kirchner con el propósito de ahorrarse las dificultades que les hubiera supuesto la presencia desde su punto de vista inconveniente de demasiados jueces con ideologías en su opinión anticuadas o, lo que les hubiera parecido peor, con lealtades políticas o personales que podrían significarles muchos problemas.
