Cómo rastrean en la web a los abusadores de niños

El hombre se conectó desde su PC en una ciudad de Río Negro y activó su programa de P2P para descargar las imágenes ilegales. Usa estos sistemas, para muchos obsoletos, porque quiere eludir la vigilancia: está bajando imágenes de abuso infantil. Sabe que es riesgoso, pero igual tiene cientos de videos y fotos de estas situaciones en su equipo. Es un coleccionista y, como a muchos pedófilos, lo enorgullece la cantidad y calidad de lo acumulado. Lo que no sabe es que su actividad ya fue detectada hace meses a miles de kilómetros de distancia por un software de inteligencia artificial del equipo de delitos informáticos del Homeland Security de Estados Unidos, que pronto se pondrá en contacto con sus pares de Argentina y Brasil para informarles la geolocalización de IP de todas las computadoras de la red que participa del siniestro intercambio. Durante semanas se harán discretas investigaciones en toda la Argentina, chequeando los domicilios de esas IP. El 15 de noviembre, con las primeras luces del día, un grupo uniformado con orden judicial irrumpe en su casa, incauta sus dispositivos y comienza a rastrillarlos con software de avanzada para detectar las pruebas del delito. Casi al mismo tiempo, fuerzas federales y locales de otras 14 provincias y 10 barrios de la Ciudad de Buenos Aires realizaban operativos similares que terminaron con la detección de unos 12.000 archivos y una veintena de detenidos, imputados en diferentes causas.

No fue el primero, aclara la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA. El megaoperativo bautizado “Red Federal en Alerta” fue el séptimo de este tipo en el año, lo que muestra el crecimiento acelerado que está teniendo este tipo de delitos contra niños y adolescentes. “Nosotros estamos recibiendo más de 300 alertas por día, sin descanso en sábados y domingos, con lo cual al año estaremos llegando aproximadamente a los 109.000 reportes en 2022, es una barbaridad”.

Para tener una dimensión del crecimiento, en 2016 fueron apenas 9.000, en 2017 cerca de 23 mil en 2018 casi 47 mil. La pandemia produjo una explosión de casos: sólo entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 aumentó un 522% la detección y denuncia de este tipo de material a la línea 137 del ministerio de Justicia y derechos Humanos de la Nación.

Argentina está entre los primeros 10 países del mundo en consumo y tráfico de imágenes de abuso sexual infantil.

Pero, ¿cómo se arma este tipo de operativos?

La principal dificultad es detectar los intercambios, ya que pedófilos, pederastas y sus proveedores habitualmente actúan en la “dark web” (la Internet no indexada y oculta para los buscadores) o a través de sistemas de intercambio personal como el “Peer to Peer” (P2P) en donde las computadoras funcionan como “nodos” de una red, actuando simultáneamente y alternativamente como receptores de contenidos o proveedores del material directamente entre dispositivos, ocultando identidades, ubicación y encriptando archivos.

---

Muchas veces el delito se filma en un país, las IP de los usuarios están en otro y la víctima vive en un tercer país, por lo cual es clave la cooperación internacional.

---

La clave está en nuevos sistemas de inteligencia artificial, que permiten procesar enorme cantidad de información, sólo al alcance de grandes empresas, organizaciones y agencias estatales de los países tecnológicamente más avanzados.

En el caso argentino, el punto de inicio de una investigación suele darse por dos vías, ambas desde el exterior, explica Dupuy.

“Una es a través del NCMEC, National Center for Missing Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos o Explotados) una ong estadounidense que trabaja el tema. La ley de EE.UU. obliga a las empresas de internet (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Tik-Tok) a reportarles cuando detectan a clientes subiendo imágenes, archivos o videos de abuso sexual infantil. Esta ong tiene convenios con todos los países donde la explotación sexual infantil es delito, como Argentina. Cuando detectan que la IP desde donde se habría conectado el cliente para difundir esta imagen, video o archivo es en Argentina, nos remiten el alerta a la Unidad de Delitos Informáticos de CABA, que desde 2013 es el punto de contacto con Argentina. Nosotros investigamos desde qué provincia se realizó la conexión y a través de la Red 24/7, si el delito se cometió en CABA lo investigamos nosotros, o se la remitimos a la Justicia provincial que corresponda. Hoy estamos recibiendo 300 reportes por día en el país, una barbaridad” explicó.

---

“ La otra modalidad, que originó este mega-operativo, es la cooperación de fuerzas internacionales, como el Homeland Security (departamento de seguridad interna) de EE.UU. y sus similares de Brasil y Argentina a través de una plataforma que se llama CPF, que permite determinar mediante inteligencia artificial cuándo y dónde están circulando por el ciberespacio videos o imágenes de abuso sexual infantil. Cuando integrantes desde alguna red, en este caso P2P, se están intercambiando materiales de esa naturaleza, esta plataforma permite detectar un número identificador, a través del número se vincula con la IP (Internet Protocol, único en cada dispositivo que se conecta a internet) y la IP refiere al lugar físico desde donde se están distribuyendo o almacenando los archivos. Así fue en este caso”, agrega la fiscal.

En el caso rionegrino, el rastreo indicó tres IP con localización física en General Roca, Cipolletti y Bariloche, donde la Justicia provincial recibió la información, autorizó los allanamientos y demoró a tres personas, entre ellos el conocido conductor televisivo Emiliano Gatti, hoy uno de los imputados. Pero este es sólo el comienzo de la pesquisa.

---

Explicó Dupuy que, a diferencia de allanamientos en busca de armas o drogas, la evidencia de este delito no está a simple vista, se buscan teléfonos, discos rígidos, pendrives o computadoras sin saber qué contienen. Entonces, se pide una medida excepcional para aplicar una técnica que se llama “triage”, una búsqueda rápida de material en los dispositivos del sospechoso, a través de un software específico, y si se halla material ilegal o sospechoso, se pide al juez detener a la persona.

Luego, comienza un análisis profundo de los equipos incautados que pude durar semanas, donde peritos informáticos forenses recuperan todas las imágenes y videos de esos dispositivos (muchos pueden haber sido borrados o estar encriptados) y les aplican filtros para comparar las imágenes halladas con bases de datos internacionales, que tienen categorizados este tipo de contenidos. También se puede comprobar allí si el acusado sólo almacenaba información, si compartía o si producía contenidos, lo que definirá luego la acusación. “La tenencia de imágenes de abuso sexual infantil suele ser el hilo conductor que, además de ser un delito per se muy grave, es transancional: sus autores están en distintos países. Pero además puede derivar en delitos conexos: abuso sexual intrafamiliar, corrupción de menores, trata de personas o grooming”, sostiene Dupuy. Añade que “es muy difícil combatir este tipo de delitos porque permanentemente están cambiando de tecnología y muchos contenidos luego se viralizan”, agrega la funcionaria judicial.

Por este motivo, cuando se tiene seguridad del delito y sus posibles autores, se organiza un operativo internacional y simultáneo: “Si vamos a allanar, lo hacemos todos juntos para que ningún integrante de la red tenga tiempo de alertar al resto” , explica Dupuy.

También existen problemas jurisdiccionales, porque muchas veces el delito filmado se produce en un país, los datos o el IP de los usuarios están en otro y la víctima vive en un tercer país, por lo cual se deben mejorar los mecanismos de cooperación internacional.

---

Para la fiscal especializada en delitos informáticos, para mejorar el combate a este tipo de delitos “básicamente necesitamos adaptar los códigos procesales a las nuevas tecnologías. Lógicamente que todos los ministerios públicos tengan herramientas tecnológicas adecuadas para hacer frente a este flagelo. Y equipos de personas entrenadas y especializadas para investigar con eficiencia. Hoy se ha avanzado mucho, hay muchos colegas capacitados en todo el país, mismo ahí en Río Negro”, explica.

La ley 27.437 de 2018, que reformó el artículo 128 del Código Penal, fijó penas de 3 a 6 años a quien “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio cualquier representación de un menor de 18 años a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”. Castiga la simple tenencia, sin importar si tiene intenciones de compartirlo o comercializarlo. Todas las penas se agravan si la víctima es menor a 13 años.

Para la fiscal Dupuy, la reforma cubrió los vacíos legales para castigar este delito, pero “quizás se necesiten reformas procesales, para que los fiscales podamos utilizar todas las herramientas hoy disponibles. Aunque existe el principio de libertad probatoria, se debería legislar específicamente el uso de tecnología para incorporar nuevas medidas de investigación e intervención con herramientas informáticas más disruptivas, por supuesto sin avasallar el derecho a la intimidad y el principio de inocencia”, señaló la fiscal.

“Denuncialo, no borres ni compartas”: claves de cómo actuar

Este año, organizaciones de defensa de los Derechos del Niño, junto al Gobierno y del Poder Judicial iniciaron campañas para combatir la circulación de imágenes de abuso sexual infantil y el Grooming en Internet.
La campaña advierte que estos delitos existieron siempre, pero que la pandemia agravó su extensión y alcance, ya se acentuaron factores de riesgo, como el aislamiento, acceso a dispositivos y el menor contacto asiduo con organismos de detección como la escuela y los centros de salud.
Advierten que en los últimos años a la violencia en entornos digitales aumentó un 148,2%, la utilización de niños en pornografía aumentó 522,5% y el Grooming 124%, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020 en comparación con el período anterior.
De acuerdo con un estudio de Interpol y ECPAT sobre el análisis de una selección aleatoria de vídeos e imágenes, se identificó que:
• Cuanto más joven era la víctima, más grave era el abuso.
• El 84 % de las imágenes relevadas contenía actividad sexual explícita.
• Más del 60% de las víctimas no identificadas eran bebés y/o niños pequeños.
• El 65 % de las víctimas no identificadas eran niñas.
• En las imágenes de abusos graves era más probable ver a niños que a niñas.
• El 92 % de los agresores visibles eran hombres.

---

Por ello, piden que ante la aparición de imágenes de abuso infantil en redes sociales o grupos de Whatsapp o Telegram no se comparta el contenido por aberrante que sea, porque casi el 75% de las personas que compartió este tipo de archivos fue para “mostrar indignación” o un mal sentido del humor. Tampoco borrarlos ni intentar contactar o exponer públicamente al agresor porque dificulta su investigación. Sí recomiendan contactarse con los canales habilitados por la red 24/7 (todos los días, a toda hora) a la línea gratuita 137 de Ayuda y atención a víctimas de violencia familiar y sexual, o mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000. También al portal IWF en Argentina o las fiscalías de turno en cada ciudad.