Datos personales: una ley “con problemas estructurales” que necesita actualización
El abogado integrante de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) señala que la principal herramienta de protección, la ley 25.326, fue sancionada hace más de 20 años, antes de la explosión de las redes sociales, plataformas de tecnología y la economía digital.
El abogado Eduardo Ferreyra, integrante de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y especializado en temas de libertad de expresión y protección de datos personales, señala que la principal herramienta de protección de la privacidad y de los datos personales, la ley 25.326, necesita una urgente actualización, ya que fue sancionada hace más de 20 años, en el año 2000, antes de la explosión de las redes sociales, plataformas de tecnología y la economía digital.
Ferreyra señaló que “en su momento fue una buena ley, pero tiene algunos problemas, dos de ellos estructurales. El primero es que da demasiadas facultades al Estado, establece una importante protección frente a los privados pero demasiadas excepciones respecto a los datos que puede recabar el Estado. El segundo punto es la autoridad de aplicación, la Agencia de Acceso a la Información Pública, que se encarga de recibir e investigar las denuncias, pero no tiene los recursos financieros ni el recurso humano suficiente” para realizar su labor, señaló.
A esto se sumó un tercer problema: la desactualización de muchas de sus disposiciones. “La ley fue pensada y sancionada antes de la explosión de las tecnologías digitales y sobre todo de las plataformas educativas, de comercio, redes sociales, de salud. Hay mucha mayor interacción de las personas con Internet y la exposición de datos personales es mucho mayor”, sostuvo Ferreyra. Agregó que otros países han adecuado sus legislaciones con protecciones más robustas de la privacidad tanto ante las empresas como el Estado “y eso nuestra ley actual no lo refleja”, agrega el abogado.
Otro tema ha sido la designación de los funcionarios encargados de llevar adelante las políticas. ADC cuestionó en su momento que el ente permaneció durante más de un año sin un titular a cargo y la reciente designación de Beatriz de Anchorena por parte del gobierno de Alberto Fernández recibió objeciones. “Más allá de otras cualidades, de sus antecedentes no se desprende experiencia específica en el tema de protección de datos personales. Esta es una rama del derecho muy específica, requiere un conocimiento muy profundo del impacto de las nuevas tecnologías sobre la privacidad y datos personales. Y de sus antecedentes no se reflejaba una idoneidad técnica para el cargo en este campo”, aseguró Ferreyra.
¿Quién “gobierna” nuestros datos privados?
ADC también realizó presentaciones sobre la estrategia de pedir el DNI para la realización del censo. “Si uno quiere realizar el censo de forma digital primero tiene que generar una clave alfanumérica de 6 dígitos, que para obtenerla nos requiere el número de DNI y la fecha de nacimiento. El Indec dice que no tiene relación con la información que luego será completada y que los datos están debidamente resguardados, pero no explicitó las medidas de seguridad adoptadas y tenemos antecedentes de mala protección, vulneración y filtración de datos personales de los argentinos, con experiencias recientes como las del Renaper y otras anteriores con vulneraciones bases de datos del Estado. Por eso hicimos un pedido de acceso a la información pública para que detallen cuáles son esas medidas de seguridad. De acuerdo a la respuesta sabremos si se garantiza o no la protección de datos”, agregó el abogado. “Hay una razonable sospecha de que quizás la situación no sea la ideal y más si no se brinda la información de cómo se protege la información. El estado debe demostrar sus afirmaciones”.
Finalmente, destacó que es necesaria una mayor educación y toma de conciencia del público y usuario en materia digital, de preocuparse por tomar las medidas de seguridad y denunciar las violaciones a la privacidad de su información personal. Ello incluye aspectos como evaluar las condiciones de privacidad de los servicios y aplicaciones “por engorrosas que sean” y exigir siempre el consentimiento informado y seguridad antes de brindar datos.
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