24 de Marzo/Golpe y terrorismo de Estado en Río Negro y Neuquén: una mirada regional

La idea de que la represión sistemática y la desaparición forzada de personas eran fenómenos que sólo se habían registrado en “los grandes centros urbanos” se instaló durante años como un sentido común en la región. Sin embargo, como denunciaron oportunamente los organismos de derechos humanos, la realidad era muy distinta.
En efecto, en el último tiempo los juicios de lesa humanidad y las investigaciones académicas demostraron que la sociedad norpatagónica también se vio atravesada por el terrorismo de estado.

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Los contestatarios años 70

1969 fue un año clave en la historia argentina. Las políticas autoritarias del régimen militar liderado por Onganía generaron un ciclo de protestas a lo largo y ancho del país, denominados “azos”.
En ese contexto, las provincias de Río Negro y Neuquén vivieron importantes movilizaciones en las que sectores de la ciudadanía expresaron su descontento.

Así, las puebladas de Cipolletti (1969) y Roca (1972 y 1973), las huelgas del Chocón (1969/70) y la lucha por la nacionalización de la Universidad del Comahue mostraron el accionar conjunto de obreros, estudiantes y sacerdotes, y pusieron en evidencia su capacidad organizativa.
Paralelamente, fueron surgiendo en la región las organizaciones político-militares que consideraban la lucha armada como la mejor estrategia para llegar al poder y, a partir de allí, transformar la realidad.
De esta manera, la sociedad local fue adquiriendo rasgos cada vez más conflictivos y contestatarios que constituyeron un gran desafío para la gobernabilidad local.

En un escenario de Guerra Fría y permeadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas percibieron estas acciones como “subversivas” e identificaron a algunos de sus protagonistas como amenazas pasibles de vigilancia, detención y represión.

La escalada represiva y la configuración del terrorismo de Estado subsiguientes fueron claves en el disciplinamiento de esa sociedad movilizada.

Represión en Norpatagonia

Al igual que en el resto del país, en la Norpatagonia la represión de la movilización social y política comenzó antes del 24 de marzo de 1976. Ya desde principios de 1974, en pleno tercer gobierno peronista, es posible distinguir actos intimidatorios hacia los sectores considerados “subversivos”.

En ese clima, la intervención de Remus Tetu en la Universidad Nacional del Comahue fue la política más clara para desactivarlos. Como parte de su gestión, cesanteó a 131 trabajadores docentes y no docentes, prohibió la militancia partidaria y los centros de estudiantes, y contrató a un grupo de personas -muchos de ellos vinculados a la organización parapolicial Triple A- que actuaban en la clandestinidad, encargados de “llevar orden” a los pasillos universitarios y de expandir la violencia política, realizando atentados en toda la región.

Ya en dictadura, bajo el régimen institucional de las Fuerzas Armadas, la represión cobró una intensidad, sistematicidad y extensión inusitada, que se distinguió por la desaparición forzada de personas.

Esta política tenía al menos dos objetivos.

Por un lado, eliminar a quienes consideraban “enemigos subversivos” que buscaban alterar el orden y la “civilización occidental y cristiana”. A esa altura ese ambiguo término incluía una amplia variedad de comportamientos sociales. En palabras de Videla, desde “matar militares” hasta “todo tipo de enfrentamiento social”.

Por el otro, paralizar y aterrorizar a la sociedad en general. Es decir, generar miedo y a través de él controlar y disciplinar a la población.

Como el historiador Pablo Scatizza demostró en sus investigaciones, a pesar de que los militares consideraron a nuestra región como una zona no peligrosa o fría, aplicaron el mismo dispositivo represivo que en el resto del país, aunque con distinto grado de intensidad.

Esto es, realizaron tareas de inteligencia; establecieron centros clandestinos de detención como “La escuelita”, y realizaron operativos represivos de envergadura (como las detenciones del 24 de marzo y las de junio de 1976 en Cutral Co y Neuquén).

Todo ello tuvo como resultado más de 30 personas desaparecidas y más de 120 casos denunciados ante la justicia de secuestros y torturas.

La lucha por los Derechos Humanos

Frente a esta política que producía miedo, promovía el silencio y aislaba a las víctimas y sus familias, lentamente fue surgiendo una resistencia que puso su eje en denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y reclamar por la “aparición con vida” de las personas desaparecidas.
En contraste con lo que sucedió en otras regiones, aquí los familiares de las víctimas directas (los presos políticos y las personas detenidas-desaparecidas) no estuvieron solos, contaron con la contención y el apoyo de los obispos Jaime de Nevares y Miguel Hesayne y los recursos institucionales de sus iglesias.
En el caso de Neuquén este respaldo no se limitó a la denuncia de la represión. También estuvo presente en la reorganización de la sociedad y en la recuperación de los espacios de participación que se dieron en paralelo a la pérdida de legitimidad de la dictadura.

La temprana presencia en las calles de las organizaciones de derechos humanos, con un primer “plantón” en 1980, fue secundada por la progresiva incursión en el espacio público de agrupaciones de diverso tipo (estudiantiles, sindicales, partidarias, barriales, mapuches, culturales).

Así, el silencio social fue lentamente desplazado por las denuncias de la represión y la violación a los derechos humanos junto a demandas en relación a la política económica y la “vuelta al Estado de Derecho”.

En los últimos años de la dictadura, la participación, el compromiso y la movilización en las calles de amplísimos sectores sociales fue un signo de época.

La consigna común fue la defensa de la democracia.

Frente a una política que buscaba la parálisis social por el terror y la eliminación del enemigo, estos sectores se propusieron, por el contrario, valorar los espacios de encuentro, el debate, el consenso, el respeto a las ideas distintas.

En fin, se alzaron para defender y demandar el regreso a la democracia, entendida no sólo en términos institucionales, sino como una forma de vida.

* Grupo de Estudios de la Norpatagonia sobre el Pasado Reciente (GENPAR)/Universidad Nacional del Comahue.

** Grupo de Estudios de la Norpatagonia sobre el Pasado Reciente/Universidad Nacional del Comahue- Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales/Conicet.