Del dicho al hecho

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Ya va siendo hora de que la dirigencia del radicalismo rionegrino se sincere y acorte la inmensa brecha que existe entre sus palabras y sus actos.

El gobierno de Miguel Saiz asumió prometiendo reforma política. Al hacerlo (bueno es decirlo) mostró algo de pudor porque, otra vez, el perverso sistema electoral incluido en la Constitución por el acuerdo de las cúpulas del radicalismo y peronismo -y «perfeccionado» en el Código Electoral y de Partidos Políticos- deformó y violentó la voluntad popular «construyendo» mayorías legislativas que no existieron en las urnas. Esto, en desmedro de la participación de las minorías, sobre todo en la representación circuital.

Pero por el momento, la reforma política sigue pareciendo reservada a los partidos políticos, ya que sólo así puede interpretarse que la mayoría de las escasas propuestas que constan en la página web «ad hoc» sea de ese tipo de organizaciones, en tanto que no se supo o no se pudo lograr la participación de ciudadanos particulares, ong's, colegios de abogados, universidades, centros académicos o cualquier otra entidad o grupo en la formulación de iniciativas sobre aspectos que -sin duda- son cuestionados por amplios sectores.

Pero más allá de los resultados a que se llegue con la prometida reforma política, resulta evidente que el espíritu de cambio no está para nada instalado aún en la práctica cotidiana de quienes ocupan lugares de responsabilidad en el gobierno en Río Negro.

Ejemplo claro de ello es que la inminente designación del nuevo procurador general del Poder Judicial ha sido un muestrario de operaciones políticas, en lugar de foro de debates sobre las aptitudes académicas, morales y de independencia del poder político de los eventuales candidatos.

Desde el principio, no habla bien del proceso de selección el hecho de que todavía -y hasta tanto una reforma política no ponga las cosas en su lugar (es de desear que alguna vez lo haga)- es el gobernador quien debe proponer al candidato a procurador, salvo que exista alguna alternativa respaldada por el 25% de los consejeros, de los cuales un tercio son legisladores del partido en el gobierno.

El gobernador Saiz había anticipado que propondría a un integrante del Poder Judicial, lo que pareció todo un gesto de respeto hacia ese poder. Pero lo que vino después contradijo tal impresión. Y los lobbys, las reuniones a puertas cerradas y los votos sin fundamentación estuvieron a la orden del día.

La «operación procurador» estuvo a cargo del presidente del bloque radical, Bautista Mendioroz, quien mantuvo reuniones con el Colegio de Abogados de Viedma, aunque no las tuvo -como hubiera sido preferible- con los fiscales o defensores de las cuatro circunscripciones judiciales, cuya opinión sobre quién será su jefe no pareció importarle a nadie.

Así las cosas, el miércoles dos serán los candidatos entre los cuales deberá optar el Consejo de la Magistratura: Liliana Piccinini y Oscar Pineda. Lo lamentable es que la designación resultará depreciada porque parte de una opción falaz, ya que la selección de los aspirantes no resultó de una adecuada ponderación de los rionegrinos más capacitados, más independientes y mejor formados para ocupar tan importante cargo. Sólo son los que han pasado los «filtros» del poder político y de la corporación de los abogados.

Respecto de Pineda, sus antecedentes son tan escasos e irrelevantes que no es posible imaginar que resulte electo. En cuanto a Piccinini, su condición de ser esposa de un funcionario y hermana de la diputada provincial por el radicalismo -también ex ministra y ex diputada nacional- no bastarían para dudar de su independencia, y por nadie es discutida su capacidad intelectual y técnica. Repasando las causas que involucraron al poder político y en las que debió expedirse desde que ingresó a la Justicia, es posible recordar que como fiscal pidió el sobreseimiento de la causa del Banco Provincia (casi la mitad de la investigación efectivamente fue clausurada por su pedido) e instaló en los tribunales de Viedma la causa para investigar la presunta vinculación del entonces gobernador Horacio Massaccesi en la conformación de una empresa «trucha» -Témpore SA- que hubiera correspondido a la jurisdicción de Roca, causa que naufragó después; como jueza Correccional, absolvió al ex titular del BPRN, Federico Polak, en la causa por el canje de bonos; como camarista, votó la absolución del el ex ministro Horacio Jouliá por la venta anticipada de regalías hidroeléctricas; y causó el malestar de sus pares al tomar estado público que habría anticipado a un periodista que la Cámara revocaría los procesamientos de Miguel Irigoyen y otros en la causa de Lotería.

Un sueldo docente irreal

Si a los docentes rionegrinos no les sobra ocasión para la alegría, el sueldo que recibieron este mes ha sido una de las satisfacciones que ya comienza a brindarles el paro por tiempo indeterminado que hoy comienzan.

El esfuerzo del gobierno por desalentar la adhesión al paro ha sido tan fenomenal, que mostró que en realidad podría haber buscado antes el modo de evitar un inicio de ciclo a los tropezones: ha metido mano a su Caja y pagó a los educadores dos cuotas de aguinaldo que les debía y dos incentivos nacionales juntos, además de anticiparles parte del reintegro de la antigüedad. Y, por si fuera poco, medio gabinete está trabajando este fin de semana para mejorar la oferta salarial, después de que una y mil veces dijeran que ya no había manera de reconocer mejor el importante trabajo de los docentes.

Mientras tanto, los alumnos de escuelas públicas de la provincia perdieron ya una semana y seguramente perderán otra, aun cuando el nuevo intento llegue a un buen final.

Claro que, en lugar de disminuir la ya bien escasa obra pública, hubiera sido preferible que el gobierno revisara la inmensa cantidad de ñoquis, contrataciones, consultorías y gastos innecesarios ya que -con toda seguridad- se va por allí dinero suficiente para reordenar la inversión en educación.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar