Desafíos 2020: restricción externa y estrategia productiva



Ernesto A. O’Connor*

Una vez más, la economía argentina se enfrenta a un problema estructural de muy largo plazo: la falta de generación genuina de divisas, ante una deuda pública elevada, recesión y crisis de expectativas.


La relación con el resto del mundo indica que las importaciones de bienes son imprescindibles para una economía nacional funcionando a pleno, por el alto peso de los insumos importados para la industria, y también por tecnologías importadas. A esto se suma el turismo emisivo, que supera al turismo receptivo. También, los crecientes intereses de la deuda pública emitida en moneda extranjera. El contrapeso son las exportaciones de bienes y servicios. En bienes, la dependencia del precio internacional de los commodities y de la cosecha de granos es determinante. En servicios, es importante el creciente aporte de servicios de la innovación y el conocimiento. Pero, si la economía se reactiva, el déficit comercial es inevitable, y con él, se refuerza la escasez de divisas.


Las políticas externas de los últimos años fueron desde el cepo cambiario, hasta la libre entrada de capitales financieros y el endeudamiento. Para 2020, ninguno de esos dos caminos parece posible. El ratio deuda/PIB es del orden de 90%, si bien en bonos exigibles y organismos es menor al 60%, pero establece límites y puede anticipar extremos, como puede ser una renegociación más o menos acordada de la deuda con tenedores de bonos, y, también, con el FMI. 


Históricamente, este problema central de política económica tuvo dos aproximaciones. Una de carácter más neoliberal y de integración al mundo, donde la restricción externa de divisas se solucionaría con endeudamiento y entrada de capitales financieros, más o menos golondrina, y una apuesta a atraer inversión extranjera directa a partir de señales macroeconómicas de mayor institucionalidad. Además, estímulos a la exportación, como la desregulación y la eliminación de restricciones. Una tendencia a tratar de mejorar la situación fiscal y bajar el gasto público también es parte de este enfoque, si bien históricamente no lo ha logrado. 


La agenda parece imponer un plan anti-inflacionario y desindexatorio de la economía, generar producción y trabajo, y corregir distorsiones del balance de pagos.



La otra mitad de la biblioteca económica, de carácter más estructuralista-desarrollista, pone el foco en la estructura productiva, insuficiente para generar divisas de exportación y generar empleo suficiente para mejorar la equidad. Para el estructuralismo, la intervención estatal es decisiva para mejorar el balance de pagos, porque el libre mercado y una inserción internacional desregulada tenderían a agravar la situación.

En el diagnóstico, se focaliza que varios bienes exportables son bienes-salario, es decir, integran la canasta alimentaria, como ser trigo, maíz y carnes. 
Por ello, sin regulación, un precio internacional alto se traslada al precio interno de los alimentos, baja el salario real y aumenta la pobreza. La solución propuesta es proteccionismo a la industria, y establecer retenciones a las exportaciones. Un caso extremo fue establecer una diferenciación de precios como la establecida por la Secretaría de Comercio entre 2010 y 2015, con los ROES. 


Ambas soluciones suelen funcionar durante un tiempo. La opción de apertura e integración suele terminar con crisis de deuda, y la opción de mayor proteccionismo termina limitando la oferta exportadora agroindustrial y también entra en restricción externa. Por eso, por ejemplo, se instaló el cepo cambiario hace unos años. También suelen terminar con problemas fiscales y deterioro social. 


¿Cómo seguirá la historia? Asumiendo un cierre ordenado de 2019, el gobierno entrante deberá enfrentar vencimientos de deuda en el mercado por unos USD 20.000 el año próximo, y mayores vencimientos con el FMI desde 2021. Esto en medio de una recesión de más de un año y medio, pobreza y desempleo en alza, e inflación superior al 50% anual. 
Las lecciones de la historia reciente y no tan reciente sugieren no repetir políticas. Los gobiernos son las agendas que le marca la historia. Y la agenda parecería imponer un plan anti-inflacionario y desindexatorio de la economía, generar producción y trabajo velozmente, y corregir distorsiones del balance de pagos. 


Para ello, lo primero que se debería lograr es una relación creíble sobre la capacidad de pago de la deuda, con los distintos acreedores. A la par, estabilizar la economía en su precio relativo más delicado, el tipo de cambio. Lo ideal sería un plan anti-inflacionario integral, como no hubo desde la convertibilidad o el plan austral, que regenere las expectativas. Esto implicaría una discusión sobre el tipo de cambio de equilibrio, con o sin tipos de cambio diferenciales. Un plan integral contra la inflación generaría un shock de expectativas y una reactivación del mercado interno y el empleo, tan necesarios en términos sociales. 


Luego, comenzar urgentemente por el fomento de exportaciones. En este sentido, la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior debe ser fortalecida, y se debe consolidar el BICE como un banco de fomento de exportaciones. Siempre ha faltado la firma de acuerdos de libre comercio, que permiten la apertura de mercados y la llegada de inversiones, y sería un tema a priorizar. Y si bien el saldo comercial de combustibles aún es negativo, Vaca Muerta debería revertirlo en breve. Con respecto a las exportaciones agroindustriales, se debería ser cuidadoso con el nivel de las retenciones y sus efectos sobre la oferta, para no debilitar el comercio exterior.  
En suma, sería oportuno aprender de la historia de la política económica e integrar las mejores políticas de los dos lados de nuestra biblioteca económica. 

* Dr. en Economía, Exsubsecretario de Planificación Económica Regional y Sectorial de la Nación.


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