Desafíos de una reforma

gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar

El debut con polémica de la profunda reforma de la Justicia Penal que se puso en marcha en Neuquén esta semana, es propio del que rige los cambios en un ámbito donde los integrantes de un sistema de trabajo ya extinguido deben adecuarse al nuevo modelo. En ese universo convive un amplio abanico de intereses y de posicionamientos frente a la innovación. Una fuente del Poder Judicial explicó que en el mismo tren viajan los que la impulsan y apuestan al éxito del nuevo Código Procesal Penal, los que se adaptan y los que finalmente se suman porque no tienen más remedio pero en el fondo resisten la nueva forma de trabajo por motivos tan diferentes que, en algunos casos, comprende hasta razones personales. Las discusiones que genera este cambio también están cruzadas por las interpretaciones sobre la aplicación del Código según el caso a resolver, agregó la fuente. Las resoluciones que tomaron dos jueces en el estreno del Código referidas a las revocatorias de las prisiones preventivas sobre dos hechos graves –el crimen de Plottier y la brutal agresión que sufrió una mujer de 85 años en Centenario– abrieron el fuego en torno a esta forma de trabajo que coloca a los jueces en un escenario público desde la instancia inicial de la investigación. “Es la plaza llena de gente donde se deben adoptar decisiones rápidas a partir de los argumentos que aportan fiscales y defensores”, graficó la fuente. En los casos aludidos, los jueces interpretaron que los imputados de los delitos pueden permanecer en libertad hasta el día del juicio, decisiones que también se tomaban en el sistema antiguo pero sin publicidad instantánea. Para llegar a esta conclusión, los magistrados, que antes leían escritos, ahora escuchan argumentos de fiscales y defensores en esos espacios abiertos creados por la reforma. Algunos entienden, porque así lo determina el Código, que si no hay riesgo de fuga del imputado o una posible acción de entorpecimiento en la investigación, entre otras consideraciones, se puede disponer la libertad hasta el día del juicio. ¿Qué cambió entonces? La exposición pública de la decisión en la que la controversia se resuelve con la presencia de todos los involucrados en el caso, incluidos los familiares de las víctimas de delitos ocurridos pocos días antes del desarrollo de la audiencia. La resolución en torno a la prisión preventiva se transformó así en el principal tema de debate en el arranque de una reforma que es mucho más amplia y a la que habrá que darle tiempo para valorar aciertos y corregir errores. Bajo el nuevo sistema se debe revisar casi un centenar de prisiones preventivas. En la semana ya se resolvieron unas 15 y continuarán desde mañana a razón de cuatro o cinco por jornada. La reforma también tendrá un impacto económico porque el Poder Judicial necesitará más gente para sostener este sistema concebido bajo el principio de agilizar el servicio de justicia. En el presupuesto para el 2014, que aún no fue aprobado, se contempla la incorporación de 210 nuevos empleados y un crecimiento en los gastos del 30% respecto de lo pautado para el 2013. La reforma comenzó a funcionar después de un largo recorrido de debate institucional, previo a la sanción de las leyes que la materializaron, y fue producto de una decisión política de llevarla a cabo. En el 2008 se dio el puntapié inicial con la creación de una Comisión Interpoderes en el ámbito de la Legislatura para debatir cuestiones técnicas, y también para buscar consensos. Finalmente en diciembre último se aprobaron las tres leyes que conforman la arquitectura de estos cambios. Puede suceder que la reforma penal necesite de correcciones en el futuro. Es la experiencia piloto de una nueva mecánica de trabajo en el Poder Judicial que servirá para avanzar con otra reforma que se avecina, la del Código Civil, que empezará a analizarse este año con la creación de una nueva Comisión Interpoderes en la Legislatura. Hidrocarburos Neuquén comenzó a motorizar la idea, en forma dividida, de avanzar con una nueva legislación para regular el negocio de extracción no convencional de los hidrocarburos. El MPN expuso cartas diferentes que demuestran que la interna sigue abierta, en especial cuando se abordan temas que involucran al petróleo y al gas, la principal fuente de recursos de la economía local. La primera intervención la hizo el senador y dirigente del gremio de los trabajadores petroleros Guillermo Pereyra luego de una reunión con el titular de YPF, Miguel Galuccio; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Se pronunció a favor de una ley nacional de hidrocarburos consensuada entre el Estado, las empresas y el gremio. La respuesta del gobierno de Jorge Sapag llegó de la mano del ministro de Energía, Guillermo Coco, quien sostuvo que la Provincia debe generar su propio marco legal y no apostar a una ley federal. Además tomó distancia de la idea que tiene Pereyra respecto de la participación de operadoras y gremios en la discusión. “Si dejamos que las operadoras se metan, sería tierra de nadie” , dijo el ministro y agregó, respecto de la intervención gremial, que el sindicato “tiene la paritaria y los convenios de trabajo para resolver su situación”. El gobierno de Sapag ya cuenta con un borrador para avanzar con una ley de hidrocarburos provincial y, según adelantaron diputados del oficialismo, el proyecto será un tema central en la agenda legislativa del año.