Desamparo

DE DOMINGO A DOMINGO

La proximidad de las elecciones provinciales en Río Negro coincide con sucesos que ponen en cuestión la capacidad de quienes tienen a su cargo la administración del Estado.

Las causas en las que se investiga la presunta corrupción sexual de niñas puestas bajo la tutela del Estado en Viedma son los más graves por su dimensión humana. Pero no los únicos.

En los últimos años, innumerables incumplimientos estatales en servicios públicos esenciales han derivado en acciones judiciales. Amparos o mandamus que, aun sin la celeridad deseable, han buscado reparar el daño que, por acción u omisión, generaron organismos públicos a ciudadanos.

Presos sometidos a condiciones de alojamiento infrahumanas; alumnos sin clases por fallas edilicias; pacientes esperando prótesis, operaciones o medicamentos; usuarios de cursos de agua contaminados por desagües cloacales; familias afectadas por la falta de agua potable en varias localidades; profesionales hospitalarios preocupados por la falta de recursos o de condiciones óptimas para trabajar en Roca, Regina y otros hospitales; médicos privados que reclaman a la obra social estatal la actualización en los pagos; víctimas de abusos policiales…

Los nombrados son sólo algunos ejemplos de cómo la judicialización se ha naturalizado como el método para remediar la ineficacia, la morosidad o la incapacidad de una estructura estatal que a gritos pide un cambio de paradigma.

El avance de la tecnología y las comunicaciones contribuye en el mundo entero a simplificar procedimientos y a mejorar la capacidad de respuesta a necesidades complejas. Incluso permite bajar los costos de la prestación y el control en servicios públicos.

Muy poco de esto se ve en Río Negro.

Después de la decadencia de las administraciones radicales -desgastadas por su endogamia política y la consecuente falta de renovación de cuadros- el gobierno de Alberto Weretilneck prometió mucho y cumplió demasiado poco.

Ni siquiera el millonario sobrepago autorizado por ley el año pasado a las empresas constructoras contribuyó a hacer más eficiente la gestión de obras públicas. Ni el millonario desembolso de las petroleras ha mejorado la calidad de los servicios ni la celeridad de los trabajos.

Es que no se trata de dinero. Se trata de gestión. De conocimiento, planificación, organización y control de calidad.

Desarrollo Social es el peor ejemplo de cómo se abandonó el modelo profesional de gestión que intentó el exministro Jorge Vallaza, reemplazándolo por otro funcional a la demagogia asistencialista y al punterismo político.

A nadie puede asombrar, entonces, dentro o fuera del gobierno, que varias niñas bajo la tutela del Estado hayan sido víctimas de abusos sexuales. ¿Hizo el Ministerio de Desarrollo Social todo lo que estuvo a su alcance para protegerlas? Más allá de cómo se resuelvan las causas penales en trámite, éste es el debate político impostergable que debe darse hoy en Río Negro.

Esta semana, en la Procuración del Poder Judicial esa discusión pendiente derivó en un cruce de acusaciones entre el ministro Ricardo Arroyo y legisladores.

Para el primero, algunas leyes lo atan de pies y manos porque ponen límites a pagos directos o prevén mecanismos engorrosos de control. Los parlamentarios respondieron que nunca pidió que las modificaran, que la cartera a su cargo subejecutó partidas que tenía a su alcance y, además, la oposición aclaró que el oficialismo se niega a tratar la iniciativa que permitiría profesionalizar a los operadores del área.

Lejos de esos niveles políticos, a la altura de la cruda realidad, se encuentran los 200 niños y adolescentes en estado de desprotección y en «lista de espera» para recibir tutela del Estado.

Son víctimas de violencia emocional, maltrato, abandono, falta de cuidados, riesgo social, negligencia o abusos, que escuelas, comisarías, organizaciones sociales o juzgados de Paz han pedido que sean asistidas por la Provincia. Al no tener respuesta, la defensora de Menores de Roca presentó por ellas un amparo, resuelto hace pocos días por el juez del STJ Sergio Barotto. El magistrado ordenó al ministerio que conduce Arroyo que se ocupe inmediatamente de esos 212 niños y los que se hubieran sumado posteriormente.

Los profesionales y delegados de los Caina de Roca y Viedma -entre otros- fueron los primeros en advertir la gravedad de la situación.

Durante años han reclamado más recursos pero, sobre todo, una acción más responsable hacia los niños y niñas bajo tutela del Estado. El gremio ATE los acompañó en el planteo de poner fin a la precarización del empleo en esa tan delicada área.

Pero sus reclamos no lograron conmover la coraza de una burocracia tan hiperpoblada como inepta.

¿Puede sorprenderse alguien de lo sucedido? Seguramente no el ministro Arroyo, quien -arrinconado ya por los planteos y conflictos- el 18 de febrero de 2014 anunció que se daba a sí mismo un plazo de seis meses para ordenar los programas del ministerio o renunciaba. «No estaría a la altura de las circunstancias» -dijo- si no lo lograra. Sin palabras.

La política a Tribunales

Las instituciones políticas también se judicializan en Río Negro.

El vacío normativo para definir candidaturas -luego de que Weretilneck lograra por mayoría que la Legislatura suspendiera la realización de las PASO- está generando problemas, sobre todo en los municipios.

Catriel y Sierra Grande -es de suponer que pronto también Allen- litigaron en relación con candidaturas, fecha de elecciones o realización de internas.

Antes, otro conflicto de poderes, en Viedma, fue por la creación legislativa de una unidad para asignar viviendas.

En Catriel, dos cuestiones se plantearon en la Justicia: la falta de internas en el Movic y la fecha de elecciones, vinculada a quién tiene potestad para fijarla.

En Allen, los desacuerdos por la fecha del comicio -y quién lo convoca- han quitado cualquier otra cuestión del debate público.

A nivel provincial hay ya tres fórmulas consolidadas: la del Frente para la Victoria impulsa a Miguel Pichetto y a Ana Piccinini, la de Juntos Somos Río Negro propone a Weretilneck y a Pedro Pesatti y el Frente Progresista lleva a Magdalena Odarda y a Bautista Mendioroz. Falta saber quién surgirá de la interna del radicalismo, partido que -no obstante- repartirá sin duda sus votos entre los que acompañen al gobernador y quienes opten por la lista 3 o por el Frente Progresista, siguiendo a Mendioroz.

Falta poco más de dos meses para elegir el gobernador que asumirá en diciembre. Pero, por ahora, la discusión acerca de políticas que mejoren la calidad de vida de los rionegrinos está siendo reemplazada por una insólita puja de anuncios e inauguraciones con fondos nacionales o provinciales, condimentada por acusaciones sobre los hechos graves que conmueven a la comunidad o por estériles polémicas sobre aspectos irrelevantes.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar