Deuda: el Gobierno preparó una nueva oferta

Busca llevar el valor de los bonos a US$ 50, con mejores intereses. El Ejecutivo dice, otra vez, que es “el mayor esfuerzo”.

Mientras se profundiza el default por otro vencimiento impago, el gobierno dejó trascender en las últimas horas que definió una nueva oferta para los bonistas. Como en oportunidades previas, el Ejecutivo advirtió que la nueva oferta ya no puede ser mejorada, que se trata del mayor esfuerzo posible y no habrá más cambios.


El fin de semana, el presidente Alberto Fernández mantuvo reuniones en la Quinta de Olivos con el ministro de Economia, Martin Guzman, para terminar de definir una nueva propuesta. A mediados de mes, el Gobierno había extendido hasta el 24 de julio el plazo para que los tenedores de bonos acepten un programa para reestructurar unos 66.300 millones de dólares en títulos emitidos bajo legislación extranjera.


La última propuesta del Gobierno alcanzaba un valor presente neto de alrededor de 49,9 dólares por cada 100 nominales. Los grupos inversores esperan alcanzar un valor de 55 dólares. Según dejó trascender el Ejecutivo en medios nacionales, habría modificación en en las fechas de pago y un mayor reconocimiento en los intereses, con lo cual llevaría el valor neto a los 50 dólares. La propuesta del gobierno cuando comenzaron las negociaciones hace 6 meses planteaba un valor de aproximadamente 35 dólares.


Mientras tanto, las negociaciones por la deuda ubicaron al caso argentino en un terreno inédito en el plano de las finanzas mundiales, ya que a las discusiones para alcanzar un entendimiento económico respecto a la quita, se sumó la interpretación legal de las normas vigentes en materia de reestructuraciones a partir de exigencias presentadas por los acreedores.
El minitsro Guzmán acusó en varias oportunidades al grupo Ad Hoc, entre los que se encuentran los fondos Blacrock y Ashmore, de exigir “términos legales que son imposibles de cumplir” para la Argentina.


El planteo de ese grupo se centra en que la cláusula de mayoría -que determina el porcentaje necesario que requiere un proceso de reestructuración para ser aceptado por los bonistas- se rija en base a los términos existentes en los bonos emitidos en el canje de 2005, que tiene un umbral más alto que los fijados a partir de 2016, tras las discusiones desatadas en los años previos en contra del accionar de los fondos buitre.


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