Dina Huapi se declaró en emergencia económica
La intendenta Mónica Balseiro podrá realizar contrataciones y compras directas en el contexto de la pandemia del coronavirus.
La denuncia del Tribunal de Contralor generó un enfrentamiento con la intendenta de Dina Huapi y los concejales. (Foto Archivo)
La municipalidad de Dina Huapi siguió los pasos de sus vecinos de Bariloche y declaró, por 90 días, la emergencia económica, social y de servicios ante la pandemia del coronavirus.
La medida fue promovida por la intendenta Mónica Balseiro y aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante que realizó una sesión especial ayer.
El Ejecutivo será la autoridad de aplicación de la norma, que además, crea una Comisión de Seguimiento, con el objetivo de informar de todas las acciones que se lleven adelante en el marco de la atención de la emergencia, así como proponer diversas acciones no vinculantes tendientes a optimizar las medidas adoptadas, informó el Concejo Deliberante.
La comisión de seguimiento estará integrada por un representante de cada poder, uno del Ejecutivo, uno del Deliberante y uno del Tribunal de Contralor.
Según la ordenanza aprobada, el Departamento Ejecutivo, además de hacer públicas sus resoluciones en la página web oficial, informará a la comisión en una reunión semanal, presencial o por medios digitales, mientras dure la emergencia, las diferentes medidas y acciones dispuestas.
La ordenanza aprobada, faculta al Ejecutivo a implementar medidas rápidas, eficaces y urgentes para garantizar la atención social y de servicios adecuada, en el marco de la emergencia.
También lo autoriza a suscribir los convenios necesarios con organismos o instituciones públicas o privadas, en el marco de la respuesta integral de la emergencia.
Los concejales aprobaron también que se autorice al Ejecutivo, a realizar una readecuación en los plazos, vencimientos y mecanismos de pago en relación a las obligaciones derivadas de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria vigentes, en forma exclusiva y en favor de aquellos rubros y actividades que se vieran afectados por la aplicación de medidas restrictivas para la producción de bienes, prestación de servicios o la atención al público, siempre y cuando los beneficiarios de estos mecanismos mantengan la dotación de trabajadores igual o mayor a la que tenían al 18 de marzo de 2020 inclusive.
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